Desafortunadamente, una vez más se terminó la tregua pactada entre el Gobierno y el ELN, como ha ocurrido en los últimos 40 años, sin resultados tangibles para el Gobierno y para el pueblo colombiano, que sigue sufriendo los efectos del conflicto. Después de adelantar conversaciones desde 2022, que buscan el fin del conflicto y la desmovilización definitiva de este grupo guerrillero y otros actores armados, los hechos actuales de violencia nos demuestran que nos encontramos en medio de una fallida política llamada “Paz Total”.
Es evidente que quien sí aprovechó estos diálogos, como lo ha hecho en otras ocasiones, fue el ELN, que se fortaleció militarmente y avanzó en el control del territorio, en su mayoría previamente controlado por las Farc. Zonas claramente involucradas en economías ilícitas altamente rentables, como el cultivo de la hoja de coca y la minería ilegal. El recrudecimiento de la violencia, los asesinatos, los atentados contra la fuerza pública y la población civil demuestran la falta de voluntad del ELN para avanzar en una verdadera negociación.
La historia del Catatumbo, que es la misma en el Chocó, Cauca y Arauca especialmente, se repite una vez más: una zona dedicada a actividades ilícitas, en donde la puja por el control del territorio de grupos armados desencadena una escalada de violencia y miles de desplazados que huyen por temor a perder sus vidas en medio del conflicto. Es una muestra de lo difícil que resulta alcanzar la paz y transformar una región que vive sumida en la pobreza y es dependiente de actividades ilícitas profundamente arraigadas, asediada por el control de grupos ilegales.
La búsqueda de la paz mediante una negociación debe ser siempre una puerta abierta para aquellos que tengan la voluntad de alcanzarla. La guerra resulta ser mucho más costosa que cualquier salida negociada. Vendrán nuevos procesos con estos grupos, pero hay suficiente experiencia para aprender de los errores cometidos. El Estado no puede doblegarse ante los actos violentos, ni abandonar su mandato más importante: garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos. No se trata de debilitar a la fuerza pública; el camino a seguir no es ese, sobre todo cuando la moral está más baja que nunca. Su fortalecimiento y acompañamiento son fundamentales para enfrentar a los violentos, algo que en adelante no debemos olvidar.
