El proyecto se pagó completo pero no contempló todas las obras contratadas. Y para rematar, las que se ejecutaron presentan deterioro prematuro y deficiencias constructivas.
RICARDO AREIZA
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La remodelación del parque principal de Guadalupe (Huila) se pagó en su totalidad, sin haberse terminado. Aunque fue inaugurada con bombos y platillos, no todo lo contratado, quedó plasmado en las obras que la administración local recibió y pagó por ellas.
La obra fue contratada por la alcaldesa María del Socorro Díaz Motta en el último año de su mandato.
Un año después de haberse liquidado, una denuncia ciudadana, puso al descubierto las irregularidades.
La Contraloría Colegiada del Huila confirmó el deterioro prematuro y deficiencia constructivas. También faltantes de obras y sobrecostos.
La investigación originó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal para determinar la pérdida de los recursos públicos y los presuntos responsables.
La apertura fue notificada mediante Auto 289 firmado por el gerente departamental, Camilo Ernesto Chacón y los directivos colegiados Yaneth Rocío Urrea Murcia y Wilson Díaz Sterling.
El contrato
El Contrato de Obra No. 192 fue adjudicado el 28 de diciembre de 2018 (día de los Santos Inocentes) al Consorcio Parque Guadalupe. Pero sol se ejecutó en la siguiente vigencia.
El consorcio Parque Guadalupe estuvo integrado por el Fondo de Inversiones Industriales (Fidecom), representado por Tatiana Pérez Guzmán; John Edinson Jordan Tejada, de Bogotá, Oscar Andrés Gonzáles Losada, de Neiva.
Como supervisora fue designada la jefe de Planeación Yency Karina Flórez Gutiérrez.
El contrato tuvo un valor inicial de 1.026 millones de pesos con un plazo de ejecución de cuatro meses.
A los pocos días, como siempre ocurre en la contratación estatal, el contrato fue adicionado en 37.94 millones de pesos para un total de 1.064 millones, con el argumento de una mayor cantidad de obra.
Sin embargo, el contrato se firmó al finalizar el mandato de la alcaldesa María del Socorrro Díaz Motta, se ejecutó a la carrera, se liquidó y se canceló en su totalidad, pero no se entregaron todas las obras que fueron contratadas. Y las pocas que se ejecutaron, según lo anticipó la Contraloría, se realizaron con sobrecostos y con grandes deficiencias.
Lo contratado
El proyecto era esencialmente el mejoramiento del parque principal ubicado frente a la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
La obra incluía restauración de atrio, suministro e instalación de cerámica para piso, obras de urbanismo, instalación de bancas y matera en concreto. También empradización y zona verde, suministro y siembra de plantas de ornamentación, suministro e instalación de árboles, altura mínima 1,50 metros; siembra con abono orgánico y mantenimiento durante dos meses.
La auditoría constató que no todo lo que se contrató, y lo que se construyó registraba deficiencias, lo que en su análisis preliminar, puede constituir un daño al patrimonio público.
Detrimento
El daño patrimonial causado al estado se origina por sobrecostos, deficiencia en construcción y calidad en las obras, faltantes en cantidades de obra, ítem no ejecutado, derivado de las deficiencias de seguimiento y control por parte de la supervisión e interventoría en el contrato No.192 de 2018, y del contratista al no ejecutar las obras conforme a lo contratado y pagado, generando un detrimento al patrimonio del estado en 51, 30 millones de pesos.
Graves falencias
Atendiendo una denuncia ciudadana, una comisión de auditores inspeccionó las obras en marzo de 2020 confirmando las irregularidades, Entre otras, los auditores encontraron graves falencias en el proceso de ejecución.
El ingeniero civil Jesús Emilio Erazo, quien dirigió el equipo, confirmó faltantes de obras, sobrecosto, deterioro y deficiencia constructivas.
El informe técnico final evidenció la existencia de un daño patrimonial causado al estado se origina por sobrecostos por valor de 23, 07 millones de pesos; deficiencia en construcción y calidad en las obras por valor de 8, 42 millones de pesos.
Adicionalmente, contempla faltantes en cantidades de obra, ítems no ejecutados por valor de 19,81 millones de pesos, derivado de las deficiencias de seguimiento y control por parte de la supervisión e interventoría.
Faltantes
“El reporte técnico estableció que el contratista no ejecutó las obras conforme a lo contratado y pagado, generando un detrimento al patrimonio público, inicialmente cuantificado en 51,30 millones de pesos”, precisó.
El contrato se liquidó el 13 diciembre de 2019 dos semanas antes de terminar el mandato de la alcaldesa. Ese mismo día se cancelaron los saldos a pesar de no estar terminadas todas las obras.
“El informe técnico demuestra las irregularidades en la ejecución del contrato de obra No 192 de 2018, especialmente por sobrecosto, deficiencia en la construcción, y de calidad de la obra, ítem no ejecutado, faltantes de obra, que demuestra el incumplimiento de las obligaciones contractuales, establecidas en la cláusula sexta del mencionado contrato, por parte del contratista (Consorcio Parque Guadalupe), al no ejecutar conforme a lo contratado, configurando un daño patrimonial”, concluyó la Gerencia Colegiada del Huila.
Al proceso fueron vinculados el interventor de la obra y la supervisora del contrato, quienes, según el ente fiscalizador, no realizaron su labor de vigilancia y control.
Sin control
Las irregularidades encontradas por la comisión auditora, revela la omisión de la vigilancia técnica de la ejecución del contrato. Por lo tanto incumplieron la función del seguimiento técnico, que comprende la verificación de las cantidades, especificaciones y calidades de la obra ejecutada, conforme a los términos del contrato. El incumplimiento del interventor y supervisor, conllevó a la generación de un detrimento patrimonial.
“En este orden de ideas, se demuestra el incumplimiento del seguimiento administrativo, y financiero, al no verificar la ejecución de los ítems antes de efectuar los desembolso, lo que conllevó al incumplimiento de las funciones encomendadas al interventor y a la supervisora”, anotó el organismo fiscalizador.
Por este hecho también comparecerán la ex secretaria de Planeación, Yency Karina Flórez Gutiérrez, el interventor Carlos Quiza y la aseguradora Solidaria de Colombia que expidió la póliza de cumplimiento.
Los contratistas y el interventor, podrán presentar sus descargos para desvirtuar los hallazgos.