RICARDO AREIZA
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La cuestionada adjudicación del juego de apuestas permanentes (chance), ocurrida en el 2008, se sorteará ahora en los estrados judiciales. Sólo que la balota en manos de la Fiscalía se barajará hasta el próximo año cuando deberá comenzar el juicio oral contra los tres implicados, entre ellos el entonces gerente de la Lotería del Huila, el jefe jurídico y el representante legal de la empresa Apuestas Nacionales.
El proceso penal a punto de cumplir tres años quedó nuevamente en suspenso. El aplazamiento fue solicitado por el fiscal Héctor Enrique Ordóñez Serrano, quien asumió el sonado caso. El funcionario, adscrito a la Unidad Nacional Anticorrupción, reemplazó a Elizabeth Quiroga Ariza quien instruyó el proceso iniciado en marzo de 2015.
El aplazamiento fue solicitado ayer en una segunda fase de la audiencia preparatoria ante la imposibilidad para estudiar en detalle el abundante material descubierto por las partes que se debatirán en el juicio oral.
Los abogados de la defensa presentaron 328 elementos probatorios, contenidas en cinco carpetas con unos dos mil folios. Además, anunciaron la presencia de 26 testigos y abundante evidencia física para enfrentar la dura acusación sustentada por la anterior fiscal el 23 de agosto de 2016. Un año después el proceso, presentado por la Fiscalía como uno de los casos emblemáticos de corrupción en el Huila, quedará por ahora en la fase preparatoria.
El juez Tercero Penal del Circuito, Jorge Enrique Luna Corrales, con funciones de conocimiento, acogió la solicitud y fijó para el 25 de mayo del próximo año la continuación de la audiencia preparatoria.
Adicionalmente, fijó para el 20 de junio de 2018 la fecha definitiva e inaplazable para iniciar el juicio oral por las supuestas irregularidades, que se presentaron durante la accidentada licitación del juego de apuestas permanentes (chance).
La investigación se inició por dos denuncias penales que formularon en su momento el gobernador de la época Luis Jorge Pajarito Sánchez y el contralor Constantino Trujillo.
Polémica adjudicación
La adjudicación concluyó en medio de un accidentado proceso licitatorio, a pesar de haber sido declarado desierto por inconsistencias técnicas, jurídicas, financieras y contables encontradas en las propuestas presentadas por los tres proponentes.
Según la Fiscalía, durante el proceso licitatorio se evidenció “un claro direccionamiento y desviación de poder para beneficiar al contratista.
“En forma atípica se habilitaron dos proponentes, se inhabilitó la participación de uno de los proponentes (por no haber presentado recurso de reposición), se calificaron estas dos propuestas, se eligió una propuesta ganadora y se adjudicó el contrato a la empresa Apuestas Nacionales de Colombia”, precisó el ente acusador.
“El resultado del proceso licitatorio, no obedeció a un análisis juicioso y ponderado, sino al deliberado y planeado propósito de favorecer a un particular, plasmado en un acto administrativo”, reiteró la operadora judicial.
El contrato por cinco años comenzó a ejecutarse a partir del primero de octubre de 2008. Tres meses después, la firma concesionaria terminó vendiéndole la participación accionaria a la firma Su Chance, su principal competidor, actual operador de la concesión, bajo un nuevo contrato.
La acusación
La fiscal Elizabeth Quiroga argumentó que el contrato fue firmado cuatro días antes de haber sido adjudicado y se legalizó luego en total secreto.
La tesis está contenida en el escrito de acusación que soportará el juicio oral reprogramado para el año entrante, en plenas fiestas sampedrinas.
El contratista, según la Fiscalía, obtuvo previamente elaborado y firmado el contrato 068-2008, sea que haya sido firmado en Bogotá o en Neiva.
“El 22 de agosto de 2008 a las 11:007 a.m. la empresa Seguros del Estado expidió la póliza de cumplimiento del contrato sin que se hubiera celebrado la audiencia pública de adjudicación y sin que se hubiera enterado o notificado ninguno de los demás proponentes. Solo fueron notificados cuatro días después, consignó la fiscal.
En tiempo récord, según el pliego acusatorio, la empresa de Loterías revocó la resolución que declaró desierta la licitación, expidió la resolución de adjudicación, se firmó el contrato y dejó constancia de la notificación personal realizada en Neiva, cuando estaban todos en Bogotá.
“A los dos proponentes restantes, uno inhabilitado y otro descalificado, Chambacú Ltda y Suchance, en un hecho abiertamente ilegal por parte de la Lotería, se les comunicó vía correo electrónico, solo hasta el 26 de agosto de 2008, el contenido de la Resolución No. 181 del 22 de agosto de 2008”.
Los actos administrativos-añadió-fueron suscritos de manera cohonestada con el contratista, quien finalmente se hizo adjudicatario del contrato de concesión, soslayando las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como los principios de selección objetiva, publicad y transparencia. En estas condiciones, los servidores públicos, “desviaron el marco legal y actuaron gobernador por propósitos personales en ventaja de la empresa Apuestas Nacionales”, precisó la Fiscalía.
La adjudicación se hizo a pesar que la empresa no acreditó la experiencia específica, no tenía experiencia jurídica entre 20011-2002 ya que sólo se constituyó en el 2003 y no tenía la capacidad financiera, requisitos obligatorios previstos en el pliego de condiciones.
La imputación
Con esta argumentación la Fiscalía les imputó a los dos servidores públicos en calidad de coautores los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción, cometidos en concurso heterogéneo. Al antiguo concesionario les imputó los mismos delitos pero en calidad de coautor interviniente.
La Fiscalía anunció que las imputaciones se demostrarán en el juicio oral con 43 testimonios de actores y autoridades que conocieron la polémica adjudicación, 103 pruebas documentales y otros 33 elementos materiales probatorios que suman más de tres mil folios.
Los implicados han sostenido que los actos administrativos fueron expedidos en el marco de sus competencias y aspiran a desvirtuar en el juicio las imputaciones formuladas por la Fiscalía.
