Cecilia López Montaño
Al paso que va el gobierno del presidente Duque va a quedar en la historia con el mayor número de escándalos de corrupción de sus más cercanos asesores. Ahora resulta que el asesor de la jefe de Gabinete el honorable señor Andrés Mayorquín fue “retirado del cargo” porque nada menos que su esposa, Karen Liseth Vaquiro Cuéllar, se convirtió en mega contratista del Estado. Pero eso sí el comunicado de Palacio agrega””ni la jefe de Gabinete, María Paula Correa, ni funcionarios de Presidencia tenían conocimiento de los contratos con entidades públicas que tenía la esposa del señor Mayorquín.” Lo más ofensivo de estas respuestas del gobierno es que nos creen idiotas a todos los colombianos y los únicos perfeccionistas y brillantes son ellos que además están dejando marcas históricas.
Lo que platea este comunicado no es ni mucho menos una disculpa aceptable porque por lo menos eso demuestra absoluta incompetencia o mala fe, si no las dos, de María Paula Correar y de todos los directivos de las entidades públicas que realizaron estos contratos, entre ellos el DPS y el Icetex. ¿María Paula Correa, la funcionaria más importante de Palacio después del presidente Duque va a ser la nueva Karen Abudinen? En sus narices pasa de todo y ella es inocente porque no se entera. Es tan culpable como el señor Mayorquín y así la debe juzgar este país, harto de tanta corrupción.
Como para completar la historia, Karen Liseth es una aventajada exalumna de la Universidad Serio Arboleda que le sumará este caso a su inmenso desprestigio. No ya solo como formadora de profesionales de dudoso nivel sino nada menos por los valores éticos de sus exalumnos. Cómo así que esta señora se dedica a realizar contratos con instituciones de este gobierno en los temas para los cuales el mismo gobierno le paga a su esposo: comete doble pecado, sin duda. Ella debería ocupar el mismo lugar que la presidenta de la Cámara de Representantes porque tienen los mismos principios éticos que les permiten hacer las maravillas por las cuales hoy el país las conoce.
Que le quede claro al gobierno: no es suficiente, escúchenlo bien, no es suficiente que se le acaba el puesto al señor Mayorquín porque se trata de 1200 millones de pesos que se han embolsillado ese señor y su señora. Eso que han hecho es abusar de privilegios gracias a la ineptitud o mejor complicidad del gobierno, así que son tan culpables los funcionarios de las entidades que asignaron estos contratos como el exasesor y su esposa. ¿Será que esto quedará impune? Es inadmisible que el gobierno tenga una actitud tan olímpica frente a la irresponsabilidad de unos y abierta corrupción de otros. El país no se merece esto y su nivel de tolerancia se le está agotando.
Y finalmente es hora de que la Universidad Sergio Arboleda revise sus clases de ética, si es que las tiene, porque muchos de sus exalumnos, ahora altos funcionarios del Estado han dado muestra de que de eso no saben. Por el contrario, demasiados han resultado muy hábiles para burlase de esos principios básicos que deben regir el comportamiento de los funcionarios públicos. Vale la pena repetir: la Universidad Sergio Arboleda debe empezar a preocuparse y ¿será que como el gobierno, no ve la corrupción?