Piero Emmanuel Silva Arce
El nuevo gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez, tendrá el reto de tramitar satisfactoriamente las expectativas de la ciudadanía que lo eligió. Al mismo tiempo, debe mantener un equilibrio con ese otro país (casi la mitad que votó en su contra) que no está de acuerdo con un cambio profundo. Esa tensión es latente y de su manejo depende el éxito de la primera administración de izquierda en una sociedad acostumbrada a la inmovilidad promovida por las derechas violentas y reaccionarias que cegaron varias veces la posibilidad de establecer un poder de corte alternativo.
Para transitar por el cambio se deben tocar intereses que llevan afincándose durante décadas. Son sectores económicos influyentes acostumbrados a las gabelas y a los favorecimientos del poder político; han caminado a sus anchas sin que les importe mucho la pobreza y la guerra con las que conviven plácidamente. En el ideal, las reformas fundamentales también deben incluir una concertación con estos grupos de la élite; no obstante, existen al menos dos riesgos: primero, quedar atrapado en un camino sin salida y evaporar la posibilidad de cambio por la que se inclinó la mayoría ciudadana y, segundo, provocar una reacción violenta de una oligarquía que sabe de armas y de retaliaciones en caso de seguir a toda costa con el mandato popular. Frente a esto es necesario decir que se cuenta con vientos a favor: el mundo comienza a avanzar de forma decisiva hacia la transición energética, es algo inevitable si se quiere conservar la vida en el planeta y los Estados se toman cada vez más enserio la crisis climática; en América Latina el Pacto Histórico cuenta con un respaldo importante, mandatarios de países como Argentina, Chile y México han seguido las elecciones en Colombia y han recibido con satisfacción el giro político de un país considerado como el fortín militar de los Estados Unidos; en el nivel nacional algunas fuerzas políticas de derecha han dado señales claras de ser parte del acuerdo nacional promovido por el nuevo gobierno para llevar a cabo las reformas estructurales en pro de la justicia social y la dignidad.
Podemos estar ante un gobierno de transición que siente las bases de una sociedad más justa y pacífica. Esto también depende de la participación ciudadana en los escenarios públicos, poniendo en escena las ideas. El país acaba de dar un paso grande y reclama que los lazos rotos por la marginalidad vuelvan a tejerse a través de la educación, de la cultura, de la productividad del campo y de la igualdad.