Jorge Fernando Perdomo
Con licencia para dejar morir. Ese es el terrible dilema al cual se enfrentan los médicos, a medida que nos acercamos al pico de la pandemia y el número de pacientes supera la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, para poder ser conectados a un respirador artificial.
La Academia Nacional de Medicina ha reiterado la necesidad de adoptar unos parámetros éticos, para que los médicos en ejercicio de su autonomía, puedan decidir a qué paciente se conecta y cual no, o más grave, cuando un paciente se desconecta para permitir que otro con mayor expectativa de vida, reciba los cuidados que le puedan dar una opción de supervivencia ante este terrible virus, donde todos, sin consideración etaria, social, raza, religión somos igualmente vulnerables.
La edad que está identificada como unos de los rangos de mayor riesgo, seguirá siendo un factor preponderante en el protocolo que contempla que los pacientes jóvenes, con mayor posibilidad de vivir, serían privilegiados por encima de los adultos mayores.
Con total crudeza y franqueza, así lo expresó la directora del Instituto Nacional de Salud: “Voy a decir una cosa que suena terrible, pero es cierto y lo dice incluso ya la Academia Nacional de Medicina en su documento de ética: en el momento en que haya escasez de unidades de cuidados intensivos y haya competencia por las UCI, tienen mayor probabilidad de ser elegido o privilegiado la persona menor”.
No obstante los intentos de aclaración del director de dicha academia, que la edad, por si sola, no era parámetro determinante, debiendo conjugarse morbilidades preexistentes como diabetes, hipertensión, obesidad, que generan riesgo adicional, lo único cierto es que los pacientes jóvenes con mayor posibilidad de vivir serán privilegiados por encima de los adultos mayores.
Entonces cabe una reflexión. Si el virus no discrimina ningún rango etario, qué hacer con la irresponsabilidad de la juventud, quienes no son consientes que al padecer la enfermedad, pueden infectar a otras personas y conducirlas a su muerte.
Lo que sí está claro, es que en la escogencia de beneficiarios para acceder a una UCI, que puede significar una oportunidad para vivir, el «valor social del paciente» no debe ser un criterio ético y su valoración puede constituir un juicio de valor arbitrario, contrario a los criterios médicos que deberán primar en la solución de este terrible dilema.
¿Cuáles con los principios éticos en relación con la escasa asignación de recursos?