Las tiendas Justo & Bueno comenzaron a abrir nuevamente sus puertas luego de que el juez encargado del caso suspendiera el viernes la liquidación judicial que había sido ordenada el pasado jueves. Un grupo de acreedores anunció que aportará nuevo capital para el salvamento de la empresa.
Rafael Rodríguez C.
“Hoy es ser más con menos, ser apasionados, y atrevernos hacer las cosas de una forma diferente dentro de un marco legalmente constituido…Nuestros afiliados no solo son un número son realmente el corazón y el alma de nuestra asociación…”.
Esta fue la invitación ayer del sindicato Sintramer de las tiendas Justo & Bueno a los empleados para que abrieran las puertas de las 1.118 tiendas habilitadas en el país, luego de una semana en la que la Superintendencia de Sociedades había ordenado su liquidación y 24 horas después suspendió la decisión al asomarse una ‘luz al final del túnel’ para salvar la empresa.
“Incentivamos a nuestros compañeros a levantar la mano cuando tenga problemas, a compartir sus pensamientos y a evolucionar de forma constante para ser más eficientes y eficaces. No importa si eres un simple empleado o directivo todos tenemos una voz, una opinión y una historia que contar dentro de nuestra organización”, señaló Sintramer.
Y es que el plan de salvamento de la empresa llegó cuando ya todo parecía estar perdido, cuando el superintendente de Sociedades, Santiago Londoño, había ordenado la liquidación judicial de la empresa el pasado jueves en desarrollo de la audiencia y había designado como liquidador a Darío Laguado Monslave.
Sin embargo por petición de un grupo de más de 400 acreedores, el juez dio un plazo de 30 días para que se presentara un plan de salvamento concreto que será evaluado.
El juez resolvió favorablemente la solicitud al dar aplicación al artículo 6° del Decreto 560 de 2020, en punto al uso de la herramienta de salvamento de empresas en estado de liquidación inminente.
La petición del grupo de acreedores consiste en aportar nuevo capital para este propósito de salvamento de la empresa.
Sin embargo advirtió que se suspenden los efectos de la liquidación judicial, salvo el nombramiento del liquidador, la cesación de funciones de órganos sociales, la separación de los administradores, y el decreto de medidas cautelares, hasta tanto se resuelva la aprobación o no de tal operación.
“Contratos de trabajo continúan”
El agente liquidador en un comunicado a los trabajadores, señaló que les serán restituidos los locales a los arrendadores que no deseen participar en el plan de salvamento de la compañía que se definirá antes del 12 de junio, devolución que se hará de forma organizada y sin que haya necesidad de adoptar vías de hecho, es decir, bloquear las entradas de las tiendas ni ponerles cadenas a las puertas. “Algunos arrendadores están interesados en la restitución inmediata de los inmuebles…”.
No obstante hizo un llamado a los arrendadores para que participen en el salvamento de las tiendas. “Mercadería SAS en liquidación judicial y Sintramer convocan a los arrendadores para que se animen a participar en el proceso de salvamento y reconoce que sin su ayuda o sin la de los proveedores y nuevos accionistas la reapertura de la compañía será imposible”.
Agregó además en el comunicado que los arrendadores que deseen participar del salvamento de la empresa les notifiquen. “Solicitamos que cada arrendador nos permita saber si está interesado o no en participar en los esfuerzos y sacrificios encaminados a la apertura de los locales…”.
El agente liquidador Laguado Monsalve le comunicó a los trabajadores que sus contratos laborales continúan vigentes, pero no de los administradores de la compañía que fueron removidos por orden del juez del caso. “Los contratos de trabajo continúan vigentes, salvo los de los antiguos administradores”.
Sostuvo que serán prioritarios los aportes al sistema de seguridad social. “Se hará lo necesario para atender prioritariamente las obligaciones de carácter previsional”.
Indicó además que en la medida de lo posible y de recursos se atenderán los descuentos que “ha hecho a los trabajadores para pagar libranzas y embargos”.
Incumplimiento grave
El superintendente Santiago Londoño el pasado jueves reanudó la audiencia pública de la sociedad Mercadería S.A.S. (Justo & Bueno), durante la cual el juez enfatizó que es de su potestad obtener la información que requiera para adoptar las medidas pertinentes, dirigir y lograr que se cumpla el fin del proceso de reorganización, en especial, la preservación de empresas viables.
El juez cuestionó el logro de esta finalidad ante el incumplimiento grave de los gastos de administración que, a 30 de abril de 2022, ascendían a más de 135 mil millones de pesos, la operación de solo 603 tiendas de las 1.118 habilitadas y la crítica disminución de ingresos, situación que, afecta la operación de la compañía, genera duda sobre la posibilidad de atender las obligaciones corrientes, así como el debido cumplimiento de las acreencias del proceso, hechos que hace manifiesto la desprotección de los trabajadores y otros actores en su mínimo vital.
El representante legal y el apoderado de la sociedad concursada, indagados sobre el avance en el pago de gastos de administración y la eventual negociación anunciada, corroboraron lo informado al juez en el memorial de 10 de mayo de 2022, respecto del no ingreso de recursos, ni el pago de gastos de administración.
El juez, verificado que no fue aportada información alguna sobre un plan de inversión o de un mecanismo para superar la situación de crisis actual, hecho que amenaza extenderse en el tiempo y se refleja en los memoriales de queja por no pago suscritos por 474 arrendatarios, 18 proveedores, 112 trabajadores, 25 empresas de servicios públicos, además de 35 acciones de tutela que pretenden la protección de estos derechos, evidenció que el proceso de reorganización no está cumpliendo su fin y que no se está ejecutando la operación de la compañía.
No obstante, desde el 18 de enero de 2022 con el inicio proceso de reorganización, se buscaron oportunidades para crear soluciones al incumplimiento de la sociedad, y propugnar por la protección del empleo y la empresa, no se logró respuesta positiva.
Consideró el juez, que estos hechos hacen más gravosa la situación para los acreedores, y le obliga a intermediar en procura de buscar el menor daño, así como la salvaguarda de todos los sujetos, en especial los de mayor protección constitucional.
La difícil situación de la empresa redundó en pruebas suficientes para decretar la terminación del proceso de reorganización y ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial de los bienes de la sociedad, designando como liquidador a Darío Laguado Monslave.