Desde los tiempos de López Pumarejo y su ley 200 del 1936, no había visto un gobierno tan decidido a devolverle la tierra a los campesinos afectados por la violencia de Colombia, un país con las más altas tasas de concentración de la riqueza, y en particular de este medio de producción. En el día de ayer presenciamos en el Departamento de Córdova la primera adjudicación de tierras, de las varias que se tienen programadas por parte del Presidente Juan Manuel Santos. También conocimos cifras escalofriantes según las cuales, por medio de la violencia y de actos delictivos que involucra a notarios y otros “servidores”, inescrupulosos lograron apropiarse de más de setecientas mil hectáreas, muchas de ellas arrebatadas a los más humildes. En el gobierno de Uribe Vélez la ley de víctimas y restitución de tierras no tuvo ninguna posibilidad, pero la persistencia de los parlamentarios Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, a quienes se les sumaron Hernán Andrade y Luis Carlos Avellaneda, hizo que la iniciativa legal más trascedente de los últimos tiempos no feneciera en el Congreso y encontrara en el Gobierno del Presidente Santos la voluntad política que necesitaba desde el Ejecutivo. Y destaco el respaldo presidencial por cuanto fue objeto de múltiples presiones por parte de los áulicos de Uribe Vélez y del propio ex presidente, quienes no se cansaban de señalar “la inconveniencia de la ley” e intentaron boicotear el feliz transito de la iniciativa en las Cámaras Legislativas. Se ha conocido también de la existencia de dos manos negras, una de izquierda y otra de derecha, que están empeñadas en que la ejecución de la ley de victimas fracase. A ello se suma el despiste de muchos opinadores, escépticos de profesión, que en vez de respaldar y rodear la restitución como acto de equidad social, se dedican a pronosticar su prematuro fracaso y a cazar gazapos en su articulado. Podrán decir que estoy exagerando la nota, pero soy de los que creo que el Presidente Santos con la restitución de tierras y la indemnización de victimas de la violencia, se hizo a su tiquete a la historia, lo cual no quiere decir que ya lo tenga garantizado, pues ello depende de su persistencia y capacidad para hacer realidad a ley y tomar los correctivos cuando se evidencien las dificultades. Nota: el occidente del Huila se regresó dos siglos en el tiempo, por cuenta de la ineptitud gubernamental. Los tienen aislados y haciendo travesías en canoa. Y a Emgesa, hay que exigirle el cumplimiento de sus compromisos sociales y ambientales para la construcción de El Quimbo.