Conceptos divididos se siguen presentando entre el gobierno departamental y la Asamblea del Huila Conceptos divididos se siguen presentando entre el gobierno departamental y la Asamblea del Huila por la concesión del Aguardiente Doble Anís. “La Industria Licorera del Huila daba ganancias de 3.000 millones de pesos anuales cuando se cerró”, denunció la duma. LA NACIÓN.NEIVA Se cumplió ayer un extenso debate en la Asamblea del Huila donde se giró en torno a dos temas: la legalidad o no de las últimas contrataciones por parte de la actual administración departamental de la producción del Aguardiente Doble Anís a la Industria Licorera de Antioquia y la posibilidad de reabrir la Industria Licorera del Huila. Inicialmente tras largas intervenciones se demostró que el gobierno departamental sí tiene que pedir permiso a la Asamblea para contratar la maquila del aguardiente y otras actuaciones a este nivel, pero la administración departamental sustentó un argumento jurídico que lo ampara en las acciones que ha desarrollado a la fecha. Sobre la reapertura de la Licorera del Huila, se presentaron argumentos sobre el beneficio que le generaría al Departamento en materia rentística, las modalidades posibles para su reapertura, pero igualmente el gobierno departamental descartó abrirla nuevamente. En el carrusel de intervenciones estuvieron los diputados Orlando Ibagón del Partido Liberal, Sergio Younes del Partido de La U, el asesor de contratación Jorge Pino Ricci, entre muchos otros, contratado por la Gobernación y funcionarios del gobierno departamental. El primero en abrir el debate fue el diputado Ibagón, quien tras una puntual exposición, entre otros asuntos, denunció que: “La Asamblea Departamental sí tiene la competencia de autorizar la contratación del tema de licores y le corresponde dentro de sus atribuciones constituciones autorizar al gobernador del Departamento para celebrar contratos, contrario a lo manifestado por funcionarios de la administración”. En segundo lugar destacó Ibagón que: “Por ser el contrato del monopolio de los licores, indivisible, la contratación efectuada con la Fábrica de Licores de Antioquia ha sido ilegal, puesto que dicha entidad no tiene personería jurídica, siendo esta una división de la administración departamental, que tan únicamente está autorizada para producir el aguardiente, mas no para efectuar la actividad de distribución y venta, por lo que se estaría violando, trasgrediendo el ritual de contratación, convirtiéndose esta operación en una tercerización”. A su turno, funcionarios aplaudieron el debate citado por la duma para continuar alimentando el proceso del nuevo contrato para la producción y comercialización del aguardiente, que se está trabajando con todos los sustentos jurídicos y legales, según aseguraron. Explicaron que una norma vigente actualmente les ampara en las acciones que han emprendido en materia de esta contratación de licores. De otro lado el presidente de la Asamblea, Sergio Younes, en una exposición bastante técnica y documentada denunció que cuando la Licorera del Huila fue cerrada estaba dando ganancias anuales por el orden de los 3.000 millones de pesos y que en su momento diferentes dirigentes expusieron de diversas maneras la defensa puntual para que no fuera cerrada. Aseguró en su informe Younes que el pasivo pensional de la empresa no superaba el 22 por ciento de la misma. “El argumento usado en antaño para suprimir, liquidar y cerrar la Industria Licorera del Huila, para conocimiento de todos, era que dicha empresa estaba generando pérdidas, que no era viable económicamente, que la venta estaba a la merma y que por eso era indispensable su entrega en concesión. Ahora, después de tantos años vendemos menos, la cantidad que se produce es menor y proporcionalmente el precio que percibimos por cada unidad es menor; luego, el instrumento que se usó y el que actualmente se usa no sirve a los fines del monopolio. Hay discusiones que no se deben eludir y otras que no es permitido evadirlas”, reiteró Younes. En ese mismo sentido, el Diputado expuso cuatro alternativas para el manejo de la concesión de licores: “Aprovecho para formular cuatro alternativas: la Asociación Público-Privada, la Sociedad de Economía Mixta, la concesión vía licitación pública que garantice con reglas serias y rígidas la libre concurrencia y la selección objetiva y, por supuesto, la última alternativa que es la que defiendo yo, la apertura de una empresa industrial y comercial que reasuma la ejecución y el aprovechamiento directo de nuestra renta de licores de manera eficiente y eficaz como en el pasado lo hizo la Industria Licorera del Huila”. La respuesta Por su parte, el gobierno departamental descartó nuevamente la posibilidad de reabrir la Licorera del Huila, liquidada hace más de una década, soportado en estudios y razones técnicas, administrativas y financieras. Así lo manifestó ayer el Gobierno en el debate de control político sobre el monopolio de licores, cuyo cuestionario planteaba en uno de los interrogantes la viabilidad de volver a poner al servicio la factoría, que desapareció por razones económicas y de conveniencia para el Departamento. “No es viable la reapertura de la fábrica por exigencias administrativas, técnicas, financieras y sociales”, dijo Carlos Eduardo Trujillo, secretario de Hacienda, tras destacar que el costo beneficio de hacerlo resulta “injustificado además de inconveniente”. El funcionario, acompañado del jefe de la Oficina Jurídica del Departamento, José Nelson Polanía, y el asesor externo, abogado Jorge Pino Ricci, experto nacional en materia de contratación, destacó los efectos nocivos de la carga laboral, prestacional y de la compra o rehabilitación de la maquinaria para las finanzas del Departamento, según los estudios analizados. “Sería volver al pasado”, señaló, tras agregar que el objetivo primordial de la gobernadora Cielo González Villa es generar los mejores ingresos por cuenta del monopolio de licores “para fortalecer las rentas con destino a la salud”.