Aunque se demostró que se apropió ilícitamente de recursos públicos, Hugo Mario Zuluaga Urrea, se salvó de una condena que parecía inminente.
El Tribunal Superior de Neiva lo absolvió, por una indebida calificación jurídica de la Fiscalía, que le impedirá al menos por ahora, una pena de prisión por quedarse con dineros del Estado.
El director de esa corporación, creada en el 2008 por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) y el politécnico colombiano ‘Jaime Isaza’, suscribió dos contratos con la Alcaldía de La Plata, adjudicados sin licitación pública, pero no cumplió. El servidor público en una hábil maniobra, reclamó anticipadamente la totalidad de los dineros, firmó las actas de iniciación y las suspendió dos días después.
Zuluaga Urrea está comprometido en hechos similares ocurridos en varios municipios como Aipe, Villavieja, Pitalito, Garzón, Palermo, Campoalegre y Tello, entre otros. La Contraloría estima que la fundación ha recibido contratos por más de 30.00 millones en el Huila, todos incumplidos.
La construcción del megacolegio en Santa Rita (Aipe) es uno de los más bochornosos escándalos que sigue sin resolverse.
Las obras quedaron paralizadas pero los dineros no aparecen. En la mayoría de los casos la fundación contrataba directamente y luego subcontrataba con terceros. La mayoría de las obras, por lo menos en el Huila, resultaron elefantes blancos.
Contrato leonino
El 22 diciembre de 2010, el alcalde de la época Adolfo León Ubajoa suscribió un convenio interadministrativo con la Fundación para el Bienestar Global, representado por Hugo Mario Zuluaga Urrea para el desarrollo de la primera fase del acueducto regional Villa Losada, El Roble, San Miguel, Villa Mercedes, Alto Aurora, Los Pinos, Birmania y Los Cauchos. El contrato también contemplaba la primera fase de las obras de recuperación paisajística del río La Plata.
Las obras tenían un valor de $852,56 millones y debían ejecutarse en un plazo de seis meses.
Lo curioso: el 24 de diciembre, mientras su comunidad se preparaba para la Navidad el alcalde y el contratista firmaron un insólito otrosí modificando la forma de pago pactada. Cinco días después (el 29 de diciembre) se dispuso el desembolso total a título de anticipo que se hizo efectivo el 4 de marzo de 2011. El contratista no cumplió.
El 17 de junio, dos semanas antes de vencerse el plazo para la ejecución de las obras, el contratista convino la devolución del 50% de los recursos, argumentando que la ola invernal dificultó la ejecución de las obras. La cuestionada transacción se materializó el 30 de agosto de 2011.
Ante el incumplimiento, el 14 de julio de 2012 la nueva alcaldesa Gloria Fanny Caupaz liquidó unilateralmente el contrato leonino, determinando que los trabajos parcialmente ejecutados ascendían a $105,42 millones, resultando un faltante de $320,85 millones que no fueron devueltos por el contratista.
El funcionario argumentó que las obras no se pudieron ejecutar por la ola invernal, la falta de propiedad de los predios por parte del municipio y la ausencia de estudios hidrológicos para la intervención del río La Plata.
El contratista alegó que la no ejecución de la obra no significa que se haya robado la plata. Pero las autoridades penales y fiscales piensan lo contrario.
Lo claro es que el contratista no ejecutó la totalidad de las obras contratadas ni devolvió los dineros que no se ejecutaron. La Contraloría calificó el detrimento y falló con responsabilidad fiscal.
Como el camaleón
Como ocurrió con otros contratos en el Huila, Zuluaga Urrea, cambió el nombre y domicilio de la fundación, sin que hubiera notificado a las autoridades de esa decisión.
La organización nació en el 2008 como Fundación del Buen Gobierno, patrocinada por la Contraloría de Antioquia. El 15 de febrero de 2010, cambió de razón social (Fundación para el Bienestar Global) conservando la naturaleza jurídica. Desde el 22 de diciembre de 2011 se denomina Fundacubo y así siguió contratando.
Hábil maniobra
El acueducto regional tenía un costo de 275,56 millones. En este último no hubo acta de iniciación y solo se limitó al traslado de material de playa. El segundo 577 millones. La cláusula sexta del contrato interadministrativo contemplaba el pago del 50% as título de anticipo, la cancelación del 40% restante en actas parciales y el 10% al suscribirse el acta de recibo final.
Sin embargo, sin ninguna justificación se modificó pactándose la transferencia del 100% de su valor, una vez presentara el cronograma de actividades y se suscribiera el acta de inicio.
Lo raro: el acta de inicio de la recuperación ambiental y paisajística del río La Plata fue firmada el 29 de diciembre de 2010 y dos días después se suspendió (31 de diciembre) alegando la imposibilidad de ejecutarla por la ola invernal.
Lo mismo ocurrió con el acta de reinicio firmada el 15 de junio de 2011 y dos días después el 17 de junio del mismo año fue suspendida por no haberse terminado la compra de predios ni tener los estudios hidrológicos.
Desembolsos
Los dineros fueron desembolsados y girados a una cuenta de ahorros del Banco de Bogotá manejada por Zuluaga Urrea, el 29 de diciembre y se hicieron efectivos el 4 de marzo de 2011, como está debidamente certificado.
Ante el incumplimiento del contrato, Zuluaga convino con el alcalde la devolución del 50% de los dineros. En efecto, el 30 de agosto de 2011 el contratista giró a una cuenta de la Alcaldía en el Banco Davivienda la suma de $429.465.984, como consta en un comprobante de notas bancarias. El resto, $426.280.000 quedaron en el bolsillo del contratista.
La abogada Ana María Castañeda, asesora jurídica de la Alcaldía de La Plata, develó la irregularidad y confirmó que el contrato fue incumplido por la fundación, lo que generó la caducidad unilateral (30 de marzo de 2012)
“Solo construyó un muro en la obra de recuperación paisajística del río La Plata y no devolvió el excedente”, aseguró.
El contratista desapareció. Los correos fueron devueltos por que la dirección registrada no correspondía. Tampoco contestaba los correos electrónicos ni los celulares que registró.
La alcaldesa Gloria Fanny Caupaz denunció el caso ante la contraloría. “A pesar de haberse suscrito el acta de inicio el 29 de diciembre de 2010, la obra de recuperación paisajística, al 27 de febrero de 2012 no se ha ejecutado por diversas razones al punto de permanecer suspendida durante toda la vigencia del contrato”, explicó la funcionaria.
A la fiscalía
Ante el Juzgado 25 Penal Municipal de Medellín la Fiscalía le imputó inadecuadamente cargos al contratista Zuluaga Urrea por el delito de abuso de confianza calificado y agravado. El imputado no aceptó los cargos. No obstante, el despacho judicial le dictó medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario.
Lo probado
Un estudio comparativo realizado por la Secretaría de Obras Públicas determinó que la fundación paisa se quedó con los recursos y lo ejecutado no corresponde a lo contratado.
Un diagrama comparativo entre la actividad contratada, su costo y su ejecución, determinó que el valor de lo ejecutado alcanza sólo $105,42 millones, equivalente al 12,36%.
Las obras del acueducto regional nunca arrancaron. “No encontramos obra física que diera evidencia sobre el cumplimiento de este proyecto”, reportó el ingeniero Alfredo Muñoz Vargas.
El informe técnico y financiero constituye muestra fehaciente de la ejecución parcial de una de las obras contratadas con el señor Hugo Mario Zuluaga.
Según los magistrados de la Sala Penal “es claro que Hugo Mario Zuluaga Urrea era responsable y garante del buen manejo e inversión de los dineros que se le entregaron, razón por la cual debió devolverlos al Municipio de La Plata una vez advirtió que no podía ejecutar la obra, o en su defecto, requerirlos del subcontratista en el evento de habérselos entregado, lo cual no hizo”.
“Si el acueducto veredal no se realizó y el señor Hugo Mario Zuluaga ejecutó parcialmente la obra de recuperación ambiental y paisajística del río La Plata, invirtiendo $105.424.410, sin que se hubiere reintegrado a la administración municipal el excedente de $320.855.410, todo indica que aquel se apropió de los dineros en favor suyo y del tercero que adujo haber subcontratado para la ejecución del negocio jurídico”, concluyó el magistrado ponente Héctor Hugo Torres.
“Es claro- dijo- que Hugo Mario Zuluaga se apropió de dineros del Estado, cuyo destino estaba comprometido en la construcción” de esas obras.
Errónea imputación
La Fiscalía le imputó el delito de abuso de confianza calificado y agravado. Esta conducta se activa bajo el supuesto de que un particular se apropie de bienes del Estado en provecho suyo o de un tercero.
Para los magistrados, “la conducta de Hugo Mario Zuluaga Urrea no se enmarca en el tipo penal objeto de acusación, pues aquel se apropió de dineros del Estado en calidad de servidor público y no de particular, razón por la cual su comportamiento trascendió la descripción típica, encuadrándose en la de peculado por apropiación.
En realidad, Zuluaga Urrea, actuó en este y en decenas de contratos adjudicados en el Huila y otras regiones del país, como representante legal de una fundación gubernamental, constituida en Medellín. La entidad pese a la mutación y cambio de nombres sigue contratando irregularmente, amparada en contratos interadministrativos.
Sin embargo, pese a la comprobada apropiación ilícita de recursos públicos, Zuluaga Urrea quedará libre.
Nuevo escenario
El 30 octubre 2015 el Juzgado Segundo Promiscuo La Plata, absolvió inesperadamente a Hugo Mario Zuluaga Urrea, por el delito de abuso de confianza calificado y agravado, equivocadamente imputado por la Fiscalía. El caso, oportunamente impugnado acaba de ser confirmado.
Como el delito de abuso de confianza es un delito común que si bien tiene similitud fáctica con el peculado por apropiación, no puede atribuírsele a un servidor público porque para él existe el tipo penal autónomo, especial y preferente contra la administración pública.
“A este último título de imputación se adecúa el comportamiento de Hugo Mario Zuluaga Urrea y no al atribuido por la Fiscalía”, concluyeron los magistrados.
Por esa razón no podían en esta instancia corregir el monumental yerro jurídico y proferir sentencia condenatoria por peculado por apropiación, como era lo procedente.
Cambiar la calificación implicaría hacer más gravosa la condena para el encartado pues tendría que soportar penas entre 96 y 270 meses de prisión.
“Así las cosas, no existe alternativa diferente a la de absolver al señor Hugo Mario Zuluaga Urrea del delito de abuso de confianza calificado y agravado por el que fue acusado, ya que, se reitera, la Sala no puede corregir los yerros en los que incurrió la fiscalía al calificar equivocadamente la conducta desplegada por el procesado, debiendo confirmarse la sentencia”.
No obstante, llamó la atención de los fiscales que intervinieron en la primera instancia, para que ejerzan su función con el cuidado inherente al trascendental rol que les ha sido confiado. “Lo ocurrido en el presente caso coloca en evidencia las graves consecuencias que pueden derivarse de los errores en la selección, interpretación y aplicación de los tipos penales”, subrayaron los magistrados.
La salvación será el recurso de casación, que las partes, deberán interponer ante la Corte Suprema de Justicia, para evitar que este asalto al patrimonio público, quede en la impunidad como ha ocurrido en otros negocios poco claros, ejecutados por el mismo personaje y por la misma fundación, que cambia de nombre con alguna regularidad.
Diseño del proyecto de recuperación ambiental del río La Plata.