La Nación
Torpedo jurídico no tumbó terna para Contralor 2 28 marzo, 2024
INVESTIGACIÓN

Torpedo jurídico no tumbó terna para Contralor

Las supuestas anomalías en el proceso solo se quedaron en el campo de las suposiciones, argumentó el juez para denegar la tutela.  La convocatoria fue acorde con el marco legal, afirmó. La elección se hará en marzo.

RICARDO AREIZA

Unidadinvestigativa@lanacion.com.co

El torpedo jurídico lanzado el año pasado para repetir el concurso para Contralor del Huila no dio en el blanco.
Si bien el proyectil no alcanzó el objetivo, tampoco sirvió para reactivar el proceso y permitir, automáticamente, la elección del sucesor de Amaury Luis Flórez, cuyo periodo atípico terminó el 31 de diciembre.

La acción de tutela colocada por el abogado Abelardo Poveda Perdomo, quien aspiraba al cargo, sucumbió en el debate.

El juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, William Manuel Salazar Rodríguez, consideró que la tutela no era el camino idóneo para atacar las anomalías y enderezar el rumbo.

En su criterio, quienes no superen las pruebas exigidas, no podrán llegar a la etapa final del proceso de selección, y, menos aún pretender que bajo el amparo de este mecanismo constitucional, se rehagan actuaciones o se repiten etapas de la convocatoria pública (repetición de las pruebas) sin tener ningún fundamento fáctico ni jurídico, para poder acceder. Hacerlo -dijo- iría en contra del debido proceso y del derecho a la igualdad de los concursantes que han superado, en este caso las pruebas de conocimientos y de competencias laborales. “Sin razón se verían afectados al tener que repetir una prueba que ya superaron”.

“En nuestro caso, está demostrado que el accionante participó en la convocatoria pública y los resultados obtenidos en las pruebas precitadas no lo ubican dentro de los tres candidatos con el mayor puntaje y ser postulados para el cargo de Contralor del Huila, únicos concursantes que por mérito, alguno de ellos será el elegido”.

 Los torpedos

Poveda Perdomo, el primero que se inscribió al concurso, denunció presuntas irregularidades en el desarrollo del concurso y graves omisiones, que en su sentir, vulneraron el debido proceso de los 69 aspirantes que finalmente se presentaron a la convocatoria.

De entrada Poveda Perdomo reclamó la anulación del proceso de elección del Contralor del Huila a partir de la prueba de conocimiento, donde se habrían presentado las irregularidades.

Además, demandó que la Asamblea Departamental ajuste el cronograma a partir de la evaluación de la prueba de conocimiento, permitiendo que la Universidad del Valle, encargada del proceso, pudiera organizar de nuevo, un cuestionario ajustado a la nueva reglamentación.

La tutela fue apoyada por la ex contralora de Neiva, Elín Marcela Narváez; el contralor provincial, Wilson Díaz Sterling y la ex juez administrativa, Lina Marcela Cleves.

“El efecto de ese actuar irregular, trae aparejada la presunta conculcación o quebrantamiento de garantías y derechos, especialmente el derecho fundamental al debido proceso, además de la inobservancia de los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad al ingreso, publicidad y transparencia”, argumentó en la tutela presentada el 29 de diciembre pasado.

El proceso fue interrumpido  ese mismo día por el presidente de la corporación, Camilo Ospina, mientras se resolvieran las reclamaciones de los concursantes.

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Las pruebas cumplieron con los parámetros legales.

Solo suposiciones

El juez por su parte, desestimó los soportes presentados, advirtiendo que no señalan ninguna acción concreta que pudiese determinar con grado de certeza que los formularios hubiesen sido manipulados de alguna manera para tergiversar sus resultados o modificarlos de manera fraudulenta para beneficiar a alguno o algunos de los concursantes.

Las afirmaciones del accionante y sus coadyuvantes, se enmarcan en el campo de las suposiciones de algo que ellos creen que pasó o de algo que se pudo haber presentado, de manera que no existe alguna prueba que demuestre que alguno o algunos de los formularios de las pruebas de conocimientos hubiese sido manipulado, porque de hacerse tal afirmación con algún grado de certeza, se estaría incursionando en el campo penal”, anotó el  juez Salazar Rodríguez.

Tal controversia, en su criterio,  debe adelantarse ante la autoridad delegada por el legislador para ese tipo de controversia, donde al esclarecerse, se establecerían las responsabilidades penales, administrativas o disciplinarias,

Cadena de custodia

Tampoco es posible que para este tipo de convocatoria (concurso de meritocracia), se aplique una cadena de custodia en los términos del Código de Procedimiento Penal porque de entrada se estaría pensando que durante el proceso de traslado de los formularios de la Univalle a la institución educativa donde se realizó la prueba se cometieron conductas punibles.

La norma establece que la cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por orden de autoridad competente.

“Frente a esta hipótesis se tendría que capturar al presunto o presuntos responsables en situación de flagrancia y ahí sí recoger los elementos materiales de prueba y las evidencias, las cuales si deben someterse a este tipo de cadena de custodia”, apuntó el juez de la tutela.

“En nuestro caso –dijo-  resulta inaplicable este tipo de cadena de custodia, primero porque aún no estamos frente a la comisión de un delito, y segundo, porque no existe norma especial o expresa que señale que frente a este tipo de convocatorias públicas para proveer los cargos de contralores departamentales, se debe seguir un procedimiento específico, que de no acatarse igual podría eventualmente incursionar en los campos penal, administrativo o disciplinarios de los responsables”.

“Si bien es cierto, la cadena de custodia dispuesta por la Universidad del Valle, no se hizo en los términos del art. 254 de la Ley 906/04, pues ni la ley que rige este tipo de concursos lo exige, ni las partes en el contrato interadministrativo lo pactaron, también lo es, que diseñó su cadena de custodia, donde se puede ver la existencia de medidas de protección de los documentos”.

“Así las cosas, de las pruebas aportadas al expediente, no emerge con claridad que por el hecho de no contar un sistema o cadena de custodia similar al utilizado en el proceso penal, se vislumbre que las entidades accionadas hayan quebrantado el debido proceso, al haber presuntamente permitido la manipulación de los formularios de la prueba de conocimientos de manera indebida para alterarlos, modificarlos o cambiarlos con el propósito de beneficiar a alguno o algunos de los concursantes”, concluyó.

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Improcedente

Por considerar que por ser actos en trámite la tutela no es el camino idóneo para dirimir la controversia.

“No es procedente acudir a la acción de tutela para suspender y menos aún para anular un proceso adelantado conforme a las reglas previamente establecidas en las Resoluciones 089 y 090 de 2021, salvo que se demuestre que se está frente a un perjuicio irremediable, lo cual debe estar plenamente demostrado por quien lo alegue, lo que no ha ocurrido en nuestro caso”, subrayó el funcionario judicial.

Estimó que todas las actuaciones surtidas por la Asamblea para seleccionar al contralor departamental del Huila, están debidamente fundamentadas en concepto jurídico del Consejo de Estado, por lo tanto, no se vislumbran irregularidades sustanciales que afecten derechos fundamentales de los concursantes.

Además, concluyó que los concursantes de manera voluntaria aceptaron las reglas de la convocatoria, y han ejercido plenamente su derecho de defensa y contradicción, haciendo uso de las reclamaciones, “de manera que no es posible endilgar vulneración de ningún derecho fundamental a las accionadas”.

En veremos

Aunque la tutela se hundió, la elección no se hará por ahora. Según el presidente de la corporación Alexis Vargas Bedoya, tendrá que esperarse la ejecutoria, es decir, esperar, la segunda instancia, en caso de impugnarse.

“Pero además, la elección tendrá que hacerse en las sesiones ordinaria que comenzarán el primero de marzo. Mientras tanto deberá quedar esclarecidas las denuncias sobre supuestas inhabilidades de los ternados”, precisó.

Aunque es prioritario, no hay interinidad en la Contraloría.

Mientras se elige al sucesor, asumió en provisionalidad Gloria Elena Ramírez Meñaca, quien ejercía como Jefe de Talento Humano de la entidad.

 El debate jurídico

La abogada de Univalle Yurani Marcela Martínez aseguró que contrario a lo afirmado por los demandantes, si hubo protección del material.

Dos funcionarios de la Universidad del Valle Sede Yumbo, transportaron vía aérea en una maleta sellada. “La maleta fue abierta (no aperturada) en el sitio de aplicación de la prueba”, afirmó. Un video sirvió como prueba. Además, insistió en que las reclamaciones presentadas por los concursantes sobre el resultado de las pruebas de conocimiento fueron respondidas

Díaz Sterling, quién coadyuvó la tutela, cuestionó la falta de garantías y seguridad cuando profesores del Valle terminaron con excelentes resultados en la prueba de conocimiento y pero además parte de la terna.

“Más evidente se hizo o surgieron más dudas sobre las garantías dadas por la Universidad del Valle cuando en la terna resulta elegido el docente Alexander Salguero Rojas, de la misma universidad del Valle, situación que genera vacilaciones en la prueba de conocimiento sobre la reserva, protección, vulneración, modificación y garantía de las pruebas realizadas”, acotó Díaz Sterling, contralor provincial de Neiva, quien también se presentó a la convocatoria.

El ex procurador Andrés Felipe Vanegas Mosquera, uno de los ternados, defendió los resultados. En primer lugar confirmó que sí hubo cadena de custodia.

“Dicho material venía empacado en sobres manilas que hasta antes de su diligenciamiento, estuvo en custodia de la Institución de Educación Superior contratada para el desarrollo de la Convocatoria y bajo la vigilancia de funcionarios de la Procuraduría Regional del Huila.

“No existe disposición alguna que exija de manera detallada, precisa y clara, dicte cual es la cadena de custodia a seguirse dentro de las convocatorias públicas de elección de contralores territoriales.

“En consecuencia, aquello que el accionante muestra como deficiencias en la cadena de custodia del cuadernillo y la hoja de respuestas, atiende al querer de este más no a la omisión de un protocolo debidamente fijado en la ley o reglamentos de la materia”, precisó.

La ex contralora de Neiva, Elin Marcela Narváez, en su calidad de concursante, refrendó las observaciones de la tutela y criticó el manejo dado al concurso.

“La Universidad del Valle y la Asamblea del Huila –Mesa Directiva-, han manejado a su antojo el cronograma de la convocatoria no existiendo el mínimo respeto a los principios vacilares de derechos fundamentales de los participantes, pues nos hemos sometido al arbitrario manejo de los tiempos y respuestas insulsas, sin sustento técnico y jurídico”, afirmó.

“La universidad así sin más, ni más determinó que era la respuesta correcta, lo que no es consecuente con un proceso serio, respetuoso de las garantías fundamentales”, subrayó.