El ex secretario de Hacienda y cuatro de los cinco implicados en el fraude financiero exploran un preacuerdo para evitar el juicio y atenuar la pena. Sin embargo, el principal escollo será la devolución de los dineros y la reparación a las víctimas.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
El ex secretario de Hacienda de Baraya, John Edison Torrejano, el ‘cerebro’ de una millonaria defraudación financiera a la entidad territorial anunció un eventual preacuerdo con la Fiscalía, para atenuar la pena en caso de una segura condena y evitar el juicio.
La propuesta fue presentada conjuntamente con los abogados de los otros cuatro particulares que participaron en la confabulación.
La iniciativa fue anunciada ayer formalmente durante la primera audiencia preparatoria, la antesala del juicio oral contra los implicados.
Aunque la negociación está “bien avanzada”, según la bancada de la defensa, no se ha protocolizado por la indemnización a las víctimas, la primera condición para una eventual negociación.
Torrejano y los otros cuatro particulares, capturados el 22 de octubre de 2019, fueron acusados el 18 de diciembre de 2019 por la fiscal Amanda Isabel Vitoviz. La funcionaria les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, acceso abusivo a un sistema informático y hurto por medios informáticos y semejantes.
Testigos claves
El fiscal Mario Afanador Armenta descubrió ayer 137 elementos materiales probatorios y evidencia física legalmente recaudada y 24 testimonios.
El primero en ser escuchado como testigos será el alcalde de la época, Luis Enrique Cardoso Tovar, sus secretarios de Hacienda Carmenza Vanegas Pacheco y Víctor Leonel Gómez Tovar. También presentará como testigo al contador público y Felipe Charry Quintana.
Además, concurrirá como testigo de la Fiscalía Pirian González Ramírez, subgerente de Proyectos HAS SQL, operadores del software contable, entre otras.
Otras cartas
En los diez meses que estuvo al frente de las finanzas públicas, Torrejano realizó 74 transacciones fraudulentas y se apropió por lo menos de 945 millones de pesos.
Las cifras de la defraudación, rigurosamente documentadas por la Fiscalía fueron las primeras cartas que descubrió ayer el fiscal Afanador.
Con un equipo multidisciplinario, la Fiscalía soportó todas las operaciones realizadas en las instituciones financieras; desenredó la telaraña contable y las maniobras utilizadas para la desviación de los dineros públicos
El ex secretario de Hacienda, “aprovechó la cercanía y el poder que ejercía en la Alcaldía de Baraya para organizar y promover una empresa criminal dedicada a desfalcar al ente territorial”, insistió la Fiscalía al solicitar las pruebas que soportarán la solicitud de condena.
Pese a la habilidad del ex Secretario de Hacienda, para operar el sistema y manipular la información contable, el fraude se descubrió y la red se desplomó.
“El fraude, conforme a las pruebas legalmente obtenidas ascendió a la suma de $944.866.440, en un acuerdo de voluntades de los cinco acusados para cometer delitos contra la administración pública o que afectaron el patrimonio del Estado durante las vigencias 2017 y 2018”, insistió Afanador al justificar la conducencia y pertinencia de las pruebas que exhibirá en el juicio.
Torrejano y los particulares que participaron en la confabulación fueron acusados el 18 de diciembre de 2019 por la fiscal Amanda Isabel Vitoviz.
La funcionaria les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, acceso abusivo a un sistema informático y hurto por medios informáticos y semejantes.
No actuó solo
“La Fiscalía demostrará que Torrejano no actuó solo. Lo hizo con personas de su círculo personal, confabulados en una empresa para defraudar al municipio, con la supuesta complicidad de otras personas claramente identificadas como está documentado en el trabajo de campo realizado por los investigadores, sus cuentas de ahorro, su trayectoria, entre otras pruebas que deben incorporarse”, precisó.
“Torrejano Sandoval, aprovechando el cargo que desempeñaba como Secretario de Hacienda, organizó y promovió un grupo que se concertó durante para cometer delitos encaminados a la apropiación de dineros públicos pertenecientes al Municipio de Baraya”, afirmó.
La telaraña
Torrejano, según la Fiscalía accedió al aplicativo en forma irregular en por lo menos 60 oportunidades, durante las cuales elaboró y modificó egresos, pagos varios, comprobantes de contabilidad, notas bancarias, entre otros documentos.
“El funcionario, utilizando los aludidos dispositivos de seguridad, efectuó en lo que hasta ahora se ha logrado identificar, y en transcurso de los años 2017 y 2018, 74 transacciones fraudulentas”.
Los movimientos financieros, plenamente documentados y verificados por la Fiscalía afectaron las cuenta del BBVA y Banco de Bogotá donde se manejan las rentas propias del municipio de Baraya, como los recaudos de sobretasa a la gasolina, impuesto predial, impuesto de Industria y Comercio, otros impuestos derivados de la contratación y además los recursos de libre destinación del Sistema General de Participaciones. También otra cuenta del mismo banco donde se manejan los recursos de cultura derivados de la estampilla Procultura. Las instituciones financieras aportaron los soportes. También se incorporaron todos los registros contables obtenidos por técnicos del CTI en las dependencias de la Alcaldía de Baraya.
Otros implicados
Los beneficiarios, con pleno conocimiento que ninguno tenía vínculo laboral ni contractual, ni de ninguna otra índole con la administración municipal, se desplazaron y efectuaron los retiros casi que de inmediato de la totalidad de las millonarias sumas de dinero, cada vez que Torrejano Sandoval les realizaba las transferencias electrónica que resultaron exitosas.
El principal beneficiario fue el comerciante Luis Miguel Charry, recibió 34 giros ilícitos en tres cuentas abiertas solo con este propósito. En total recibió 568,37 millones de pesos.
“El 92% de los recursos que ingresaron a su cuenta de ahorros del banco BBVA en el transcurso del año 2018 correspondieron a los dineros desviados de las cuentas oficiales del Municipio de Baraya”, precisó la Fiscalía.
“Todas las sumas transferidas fueron retiradas casi que de forma inmediata por ventanilla y en efectivo en cada uno de los respectivos bancos, materializándose así lo concertado en la organización criminal”, confirmó el ente acusador.
Conductor fallecido
El otro beneficiado fue Jorge Edgardo Soache, el conductor de Torrejano, quien recibió 241,81 millones de pesos y retiró el dinero en 14 operaciones ilícitas.
El funcionario falleció el 29 de julio pasado en una clínica de Neiva luego de permanecer dos meses en una unidad de cuidados intensivos afectado por el covid-19.
El fiscal Afanador Armenta confirmó que el miércoles pasado solicitó la preclusión por fallecimiento.
Soache por instrucciones de Torrejano abrió una cuenta de ahorros en Bancolombia el 29 de enero de 2018 con el exclusivo propósito de desviar dineros públicos. La totalidad del dinero que manejó en esa cuenta correspondieron a los dineros del Municipio de Baraya transferidos ilícitamente por Torrejano”, explicó la fiscal Vitoviz, quien adelantó la investigación preliminar.
Además, Jhon Edison Castro, primo de Torrejano, en seis operaciones, recibió 53,43 millones de pesos, que retiró por ventanilla y en efectivo, una vez le confirmaron las transferencias.
Por último Edison Izquierdo, recibió desde el 23 de febrero de 2017, cuatro giros irregulares por 50 millones de pesos.
Autogiros
La Fiscalía confirmó otro hecho desconocido. El propio Torrejano, se transfirió dinero perteneciente al municipio de Baraya que no necesariamente correspondía al pago de su salario como Secretario de Hacienda.
“Estos pagos llegaron a su cuenta del Banco Agrario de Colombia sin que existieran soportes de los mismos o autorizaciones al respecto, de los cuales realizó el correspondiente retiro”, reveló la fiscal.
Entre abril y noviembre de 2017 se auto giró sin soportes, la suma de 26,54 millones de pesos.
Según el contador Felipe Charry, esa cuenta por cobrar (a nombre de Torrejano) ascendía al 30 de agosto de 2018 a la suma de 32,99 millones de pesos, correspondientes a transacciones, giros y transferencias que realizó sin ningún soporte.
El ex funcionario, precisó la Fiscalía, accedió al sistema informático por fuera de lo acordado, en horario no laboral en su mayoría de los casos. Además, efectuó registros en el aplicativo contable HAS SQL que atentaron contra la integridad de los datos de este aplicativo, utilizado por la Alcaldía de Baraya y Secretaría de Hacienda, como uno de los procesos contables para los correspondientes registros de las distintas transacciones financieras y contables del municipio.
“Contrario a las funciones, con su usuario asignado, elaboró y modificó registros contables, con lo cual quiso dar apariencia de legalidad a las aludidas transferencias electrónicas ilícitas”. Todos los soportes fueron incorporados en el material probatorio descubierto por el fiscal Afanador.
Manipulación
“Torrejano Sandoval aprovechando sus privilegios de usuario, por fuera de lo acordado, no solo elaboró comprobantes, sino que realizó múltiples modificaciones a los comprobantes creados por otros usuarios principalmente por Carmenza Vanegas Pacheco y Rosiris Figueroa, quienes denunciaron la irregularidad”, precisó el funcionario acusador.
Los cambios consistieron en los nombres de los terceros que figuraban en los comprobantes, las cuentas afectadas y los valores girados. También modificó fechas de vencimiento de los documentos dando como resultado los comprobantes con la información adecuada para encubrir los dineros que se le giraban a particulares sin ninguna relación con la Alcaldía de Baraya como quedó registrados en la evidencia física recaudada.
El preacuerdo
El fiscal Mario Afanador confirmó las conversaciones que se han venido adelantando para un eventual preacuerdo que impida la realización del juicio.
El Código de Procedimiento Penal establece que el fiscal y los acusados con la intervención de sus defensores podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en el que los imputados se declararán culpables de los delitos imputados, o de uno relacionado de pena menor para atenuar una causal de agravación punitiva o variar la imputación para disminuir la pena.
De aprobarse los preacuerdos el juez de conocimiento procederá a convocar la respectiva audiencia para dictar la sentencia anticipada. Sin embargo, aunque está avanzada
De lograrse la negociación, los procesados deberán renunciar al derecho que les asiste de refutar la acusación, admitirán su responsabilidad para no irse a juicio y de esta manera ‘modular’ la sentencia que le corresponde.
La sola aceptación de los cargos imputados comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible.
Sin embargo, a pesar de los avances anunciados y confirmados por la Fiscalía, la traba está en la indemnización. Los implicados tendrán que devolver los recursos.
Según el fiscal Afanador, en estas conversaciones propias de los preacuerdos será obligatoria la reparación integral a las víctimas. En este caso, para su procedencia los imputados deben devolver por lo menos el 50% de los dineros y garantizar el pago del saldo restante. En este caso los imputados deben devolver globalmente 473 millones de pesos. La cifra varía con relación a la participación de cada imputado.
“Mientras no haya esta devolución efectiva, mientras no se demuestre el reintegro de los dineros, es decir que hicieron efectiva la indemnización no habrá preacuerdo”, advirtió el fiscal Afanador Armenta.
Los abogados insistieron en la suspensión de la audiencia preparatoria, para facilitar la consecución de los dineros que tendrán que reintegrar.
Los preacuerdos pueden generar una reparación efectiva de los perjuicios causados, pero debe ajustarse a los parámetros establecidos.
“Mientras no esté firmado el preacuerdo, lo demás es solo una expectativa. Cada día tiene su afán, cuando se produzca el acuerdo examinaremos su procedencia”, afirmó el juez Primero Penal Especializado. El funcionario se opuso a suspender por ahora las diligencias programadas en la audiencia preparatoria.
Además, la reparación integral no basta con la devolución de los dineros, y abarca otros aspectos económicos, sociales, morales y de reconocimiento de verdad, lo que conlleva a la generación de justicia.
Las víctimas, en este caso la administración municipal, pueden recurrir a un incidente de reparación integral para garantizar la recuperación de los dineros ilegalmente sustraídos.
El Juez Primero Penal del Circuito Especializado denegó las solicitudes de la defensa para suspender las audiencias programadas mientras se perfecciona el preacuerdo.
“Cuando se firme, lo analizaremos, mientras tanto la audiencia preparatoria no será suspendida”, concluyó. Y de una, fijó la continuación en dos semanas.
