Hace mucho rato que este país está en mora de afrontar con toda seriedad la gravísima problemática social, económica y jurídica que provoca el consumo irresponsable de alcohol, cuyo tratamiento dista mucho de ser apenas comparable con lo que nos ha costado la guerra contra el narcotráfico, pasando por alto que uno y otras – alcohol y drogas alucinógenas – generan similares efectos dañinos.
Ahora estamos inmersos en una larguísima discusión de qué hacer con los “borrachos” que deciden no entregar las llaves y conducir a velocidades supersónicas, luego de casos mediáticos como el del joven ingeniero que, al mando de un lujoso auto, mata a dos muchachas y deja con paraplejía a un taxista en Bogotá. Y la Juez que decide no mandarlo a la cárcel por considerar que no es un peligro para la sociedad mientras llega la hora del juicio.
El alcohol es considerado uno de los mayores asesinos del planeta, a la vez que generador – cómo no – de un gigantesco negocio que incluso, en el caso colombiano, sigue siendo monopolio del Estado en el caso del aguardiente, a su vez que producto importante de los impuestos.
Baste decir que han sido reiteradas las ocasiones en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a los gobiernos aplicar más medidas para reducir el impacto del consumo excesivo de alcohol, que causa cada año 2,5 millones de muertes y es el tercer factor de enfermedad y discapacidad en el mundo. De acuerdo con la OMS, en el continente americano el consumo promedio anual por persona de alcohol es de 8,5 litros por persona, superior en más de 2 litros al promedio mundial.
El 4 por ciento de todas las muertes en el mundo son atribuibles al alcohol, lo que significa más fallecimientos que por el sida, la violencia o la tuberculosis. Y si faltan argumentos, la mayoría de las muertes relacionadas con el alcohol están causadas por heridas -por ejemplo por accidentes de tránsito- y enfermedades cardiovasculares, cáncer o cirrosis hepática, entre otras.
Pero conlleva sobre todo consecuencias sociales negativas, como la violencia, el abandono o negligencia hacia los hijos y la abstención laboral. Y por supuesto el enorme peligro social, así la Juez diga lo contrario. Una persona que maneja un carro bajo los efectos de los tragos, se convirtie en un potencial asesino de inocentes.
Pero ante todo esto, solo surgen anuncios de mayores penas de cárcel o la insólita propuesta del Gobierno Nacional de pretender impartir extinción de dominio a los vehículos de conductores borrachos. Es decir, como lo señaló la misma Ministra de Justicia, que se trata es de “tocarles el bolsillo” a los conductores ebrios. ¿Y las medidas de salud y el desestímulo de su consumo – por vía de mayores impuestos por ejemplo y de serias campañas – y la prevención y el mensaje a los niños de los peligros del trago? Eso como que puede seguir esperando.
“Una persona que maneja un carro bajo los efectos de los tragos, se convirtie en un potencial asesino de inocentes”.
Editorialito
La sorpresiva decisión del Gobierno Nacional vender su participación en Isagen, sin duda, es un campanazo de alerta sobre la enajenación de otras entidades del sector eléctrico. Y en este campo, vuelve a ponerse en alerta roja la venta de otras electrificadoras, entre ellas la del Huila.
Y nadie dice nada.
