El Tribunal Administrativo del Huila admitió una acción popular contra la Presidencia, los ministerios de Defensa e Interior, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que protejan a la población que se encuentra ante un riesgo inminente.
Redacción Web/LN
Debido a la crítica situación de seguridad que afronta el departamento del Huila, la Fundación para el Estado de Derecho (Fede) interpuso una acción popular contra la Presidencia de la República, los ministerios de Defensa e Interior, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que protejan a la población que se encuentra ante un riesgo inminente.
De acuerdo con la fundación, esta acción popular busca “la protección a los derechos e intereses colectivos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público de los habitantes de este departamento. Estos derechos están siendo sistemáticamente vulnerados”.
“Celebramos la admisión y esperamos que se tomen las medidas correspondientes. Desde la la Fundación para el Estado de Derecho (Fede) buscamos evitar que, mientras el Estado colombiano propicia diálogos de paz con diferentes grupos armados, se siga permitiendo que estos expandan su control sobre el territorio, cometiendo abusos y violaciones a los derechos colectivos”, aseguró Luis Guillermo Vélez, presidente de la junta directiva de la Fundación para el Estado de Derecho y exgobernador (e) del Huila.
