La pieza de arte prehispánico fue tirada al río Suaza, en Acevedo; ahora la Gobernación del Huila, Alcaldía e ICANH tienen menos de una semana para reubicarla en un lugar seguro.
El Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, le dio un plazo máximo de cinco días a la Gobernación del Huila, Alcaldía de Acevedo e Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), para que reubiquen en un lugar seguro donde se garantice la conservación y cuidado de un petroglifo que fue removido y tirado a un afluente.
La enorme roca que presenta grabados prehispánicos, permanecía en el puente Pilatos, en inmediaciones de las veredas San Antonio y Llanitos, de Acevedo, pero en la primera semana de octubre un ciudadano decidió removerla y arrojarla al lecho del río Suaza.
El Tribunal decretó la medida cautelar de urgencia y ordenó que la pieza tallada sea retirada del cauce, tras analizar una acción popular interpuesta por Adadier Perdomo Urquina, un ciudadano de Acevedo. El hecho es categorizado como delito pues todo vestigio arqueológico sin ser aún registrado como tal lo ampara la ley.
Perdomo Urquina invocó los derechos de la protección y defensa del patrimonio público, cultural y arqueológico de la Nación, afectados por omisión directa del Estado representado en sus autoridades.
En la demanda se detalla que, según cálculos, el petroglifo pesa aproximadamente 6 toneladas y debió haber sido transportado con maquinaria pesada y removida unos 50 metros. Por ende, también se presume que causaron daños a su pictografía y a sus tallados artísticos históricos.
“Se trata de un atentado contra un bien que hace parte del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación”, dijo el demandante.
También señaló la urgencia que tiene la reubicación. Si se deja en el lecho, el petroglifo “se destruye y se pierde definitivamente por una creciente intempestiva del río, por lo que se hace necesario que las instituciones públicas actúen en procura de la protección de esta pieza de invaluable valor histórico, arqueológico que se remota antes de la colonia y la conquista”.
Principio de precaución
El Tribunal dejó en claro que, si bien en este momento procesal no se cuenta con elementos probatorios que determinen que el petroglifo es o no realmente un bien material de protección constitucional por su naturaleza cultural, pues esta competencia está en cabeza del ICANH, se optó por aplicar al principio de precaución.
Este principio tiene como característica habilitar la toma de decisiones en un escenario de incertidumbre ocasionada por la complejidad propia de la acción que se desarrolla en ámbitos técnicos o científicos. El mecanismo busca impedir la parálisis de las autoridades frente a la ausencia de certezas respecto de las eventuales consecuencias negativas de una actividad.
También recordó que el patrimonio cultural de la Nación está constituido “por todos aquellos bienes materiales e inmateriales que expresan la nacionalidad colombiana y los bienes materiales muebles e inmuebles con especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como, entre otros, el arquitectónico, arqueológico o antropológico”.
Y resaltó que “los bienes del patrimonio arqueológico pertenecen a la Nación y son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
Por eso para el Tribunal, “se observa con claridad en los preceptos constitucionales analizados, que existe un deber del Estado colombiano de promover y proteger las riquezas culturales de la Nación”.
¿Por qué se removió?
La roca ha sido removida varias veces. Cuenta Alexander Silva, ciudadano de Acevedo, que hace años estaba en inmediaciones a un estadero y fue corrida algunos metros con una retroexcavadora, para ese entonces quedó algo volteada a como estaba y sufrió algunas lesiones.
Ahora el dueño del estadero optó por edificar más en la zona, por lo que la roca nuevamente sería un impedimento para su cometido, así que optó por arrojarla al río. Ayer se conoció que, luego de la orden del Tribunal, la Alcaldía está tramitando la reubicación.
La zona aledaña es rica en este tipo de vestigios, que tampoco son bien valorados por las familias y autoridades locales.