LA NACIÓN, Neiva El Tribunal Superior de Neiva respaldó el paro de la Rama Judicial que lleva 23 días en todo el país. Entre tanto, el Ministerio de Trabajo radicó la demanda de ilegalidad del cese de actividades ante la Procuraduría General de la Nación. Los magistrados del tribunal en sesión ordinaria del primero de noviembre, aprobaron el respaldo de la corporación al cese de labores de los funcionarios judiciales que exigen la nivelación salarial al Gobierno Nacional. Los magistrados manifestaron que la Rama Judicial ha sido discriminada de las asignaciones presupuestales, que le permita disponer de los recursos necesarios para su óptimo funcionamiento y “la retribución justa a quienes han dedicado su vida al apostolado de la administración de justicia”, señaló en un comunicado de prensa la presidente del tribunal, la magistrada Enasheilla Polanía Sánchez. Agregó que la prolongación del cese de actividades va en “desmedro” del derecho de los ciudadanos, al acceso a una “pronta y eficaz administración de justicia”. El presidente de Asonal Neiva, Orlando Osso, quien viajó a la ciudad de Bogotá, manifestó que la orden del sindicato central es mantener el cese de actividades. Agregó que se creó una comisión de exploración que se reunirá hoy con el Gobierno Nacional para las negociaciones. Entre tanto el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, anunció que fue radicada la demanda de ilegalidad del paro judicial ante la Procuraduría Delegada para Asuntos Judiciales, en la ciudad de Cartagena. “Se envió copia a la Procuraduría General de la Nación”. Manifestó el funcionario que desde que inició el paro, el Gobierno Nacional ha demostrado plena disposición para escuchar a los trabajadores de la Rama Judicial. “Sin embargo, ante las generosas ofertas del Gobierno Nacional no ha sido posible llegar a un acuerdo”. La demanda del Gobierno a través del Ministerio de Trabajo se suma a la radicada por la contralora Sandra Morelli, ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla. La funcionaria manifestó que solicitó la ilegalidad del cese de actividades de la Rama Judicial en representación de la comunidad y “la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o de las entidades que manejan fondos o bienes de la Nación”.