El Huila acaba de ingresar al triste escalafón de regiones colombianas con más líderes sociales asesinados durante lo que va de 2020. De acuerdo con un informe presentado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en lo corrido de este año han sido asesinados 166 líderes sociales en el país, ocho de ellos en el Huila, con lo que el departamento ocupa el octavo lugar del ranking de los departamentos más afectados.
Seis de esos ocho asesinatos contra líderes sociales ocurrieron en el municipio de Algeciras, donde los dirigentes comunales fueron el ‘blanco’ de grupos ilegalmente armados. Los dos casos restantes se reportaron en Baraya y Campoalegre.
El panorama no puede ser más preocupante. El informe también detalla que, desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la entonces guerrilla de las Farc en 2016 hasta el 15 de julio del año en curso, han sido asesinados 971 líderes y defensores de derechos humanos en Colombia; sólo en Huila se registraron 20 crímenes para el período en mención.
Con esa radiografía, vale la pena traer a colación las palabras del defensor nacional del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en una entrevista con LA NACIÓN el domingo pasado, cuando se le preguntó por la ‘racha’ de asesinatos que sacude a Algeciras: “Allá tiene que ir el Estado en todas sus facetas. No es una responsabilidad exclusiva de la fuerza pública. Tiene que ir el Estado con oportunidades sociales y económicas a decirles a los violentos que ellos no son la autoridad. A sacarle de las manos a los jóvenes que quieren reclutar valiéndose de la falta de oportunidades. A Algeciras tenemos que llegar con una oferta robusta de justicia para que las comunidades puedan denunciar, con la certeza de ser escuchados para emprender acciones para el esclarecimiento de todos estos actos arbitrarios de violencia. El imperio de la ley es la única receta para combatir el imperio del delito”.
El defensor del Pueblo lo ha dicho todo. ¿Quién en el Huila dará el primer paso?