Por: Germán Alfonso López Daza
Un nuevo debate jurídico ha surgido con la primera acción de tutela interpuesta por un ciudadano de Cali, quien judicialmente exigió que se le amparara su derecho a la salud y se ordenara la consecución y suministro de las vacunas contra el Covid-19 para él y su grupo familiar. El juez de conocimiento negó el amparo pues consideró que tutelar este derecho vulneraría el derecho a la igualdad del resto de la población.
Este caso generó controversia, pues de una parte el Gobierno nacional se ha mostrado preocupado por una “tutelatón” para acceder a la vacuna contra el coronavirus, lo que podría ocasionar injerencia de los jueces en los planes del Gobierno.
De otro lado, los jueces han elevado su voz de rechazo por la indebida intromisión del ejecutivo en asuntos judiciales, ya que se estaría coartando el derecho que tiene todo ciudadano de acudir a una tutela cuando considere que se le están vulnerando sus derechos fundamentales.
Lo primero que se debe recordar es que las acciones de tutela en el campo del derecho a la salud son las de mayor ocurrencia, debido a problemas estructurales en el diseño del sistema y a los abusos de los operadores.
Sobre este delicado tema se debe advertir que la tutela no debe ser utilizada para “colarse” o saltarse en la fila del plan de vacunación establecido por el Gobierno. Igual que en otros casos similares, es posible que los jueces no tengan la formación o elementos suficiente como para modificar el plan elaborado por epidemiólogos.
Sin embargo, en algún momento la tutela puede jugar un rol esencial y pertinente para proteger derechos en casos particulares relacionados con la vacunación, cuando por ejemplo se excluyan poblaciones marginadas o exista arbitrariedad.
Si el plan de vacunación respeta los parámetros constitucionales y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, el Gobierno no debe mostrar preocupación. Cuestión diferente sería que en el proceso de aplicación de la vacuna surjan problemáticas que atenten contra esta categoría de derechos que justifique la intervención judicial. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).