En Campoalegre, contrataron la rehabilitación de un distrito de mediana escala y construyeron otra obra. A pesar de las cuantiosas inversiones, hoy sigue paralizado. Los contratistas registran varias sanciones por incumplimiento y la empresa española encargada de la interventoría salió del país por escándalos de corrupción.
RICARDO AREIZA
Unidadinvestigativa@lanacion.com.co
La rehabilitación del minidistrito de riego Usoiguá, en Llano Grande, principal enclave arrocero en el norte del Huila terminó en un descomunal descalabro.
“El proyecto para recuperar la infraestructura de riego, en el municipio de Campoalegre, principal centro de producción del cereal, se convirtió en otro elefante blanco, alimentado por la corrupción y la negligencia estatal.
“A pesar de las inversiones que se han ejecutado en los doce últimos años, seguimos llevando a cuestas este tormento,” denunció el dirigente arrocero Fulvio Ernesto Javela.
Aunque parezca increíble, el proyecto terminado no era el mismo que contrataron. Además, la obra aparece oficialmente entregada, los contratistas recibieron toda la plata, el distrito no funciona, y con documentación falsa, el contrato fue liquidado.
Y para más sorpresas: los contratistas, reportaron varias sanciones por incumplimientos y el principal accionista del consorcio interventor, resultó la multinacional española Typsa que salió del país, por numerosos escándalos de corrupción.
“La obra resultó ineficiente y no cumplió con la función para la que fue construida”, concluyó la ingeniera Diana Patricia Vergara González.
Según la Contraloría General de la República, el contratista no ejecutó la obra de acuerdo con los diseños entregados por la Agencia Nacional de Desarrollo Rural (antes Incoder). Además, realizó cambios en los diseños avalados por la interventoría, pero sin tener expresa autorización de la entidad contratante.
La Procuraduría le imputó cargos a ex funcionarios del Incoder por haber, supuestamente, inclinado la balanza para favorecer a los contratistas.
Grave deterioro
El distrito de riego fue construido en el año 1959. El sistema operaba por gravedad en canal abierto, en un área de 1.061 hectáreas. Con el paso de los años, la obra comenzó a registrar problemas de sedimentación por las frecuentes crecientes súbitas del río Neiva.
El viejo desarenador comenzó a registrar un desgaste. La conducción principal en canal abierto, con pocos tramos revestidos, reportaba problemas por la inestabilidad del terreno y por las permanentes fugas de agua que presentaba debido a los agrietamientos a lo largo de la conducción. La rehabilitación se convirtió en una prioridad.
“En el 2007 con recursos del AIS (Agro Ingreso Seguro) el Ministerio de Agricultura contrató la obra de rehablitación pero no funcionó”, recordó Fulvio Ernesto Javela Pérez, secretario de la Asociación de Usuarios del Distrito (Usoiguá). La inversión inicial ascendió a 1.500 millones de pesos, provenientes del Incentivo de Capitalización Rural, aportados por Finagro.
Siete años después, ante el ruidoso descalabro, los campesinos volvieron a postularse a una nueva convocatoria abierta por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), ya liquidado. El proyecto clasificó y fue priorizado.
“La intención era mitigar las consecuencias de manejo de lodos y arenas, mediante la construcción de un desarenador en el tomo de agua de río Neiva para evitar la saturación de sedimentos, a lo largo de los 35 kilómetros del canal”, acotó el líder campesino. Sin embargo, para mal de la comunidad, el proyecto también fracasó.
El entuerto
El nuevo contrato nació ‘tuerto’. La obra fue adjudicada el primero de diciembre de 2015 por el Incoder al consorcio Tierras del Huila 2015 (Contrato de Obra No.1191 de 2015). Seis días después el Incoder fue liquidado (Decreto 2365 de 2015). Aun así, el contrato fue firmado el 18 de diciembre de 2015 por un valor de 1.408 millones de pesos.
La interventoría fue contratada con el consorcio Ingeotyp, del que hacía parte la multinacional española Typsa, que abandonó el país por varios escándalos de corrupción, entre ellos el desfalco en la remodelación de los escenarios deportivos de Ibagué en 2015 para los Juegos Nacionales.
Según lo convenido, las obras debían iniciar el 28 de diciembre de 2015, por coincidencia, ‘Día de los Santos Inocentes’.
Ese mismo día, haciendo honor a la fiesta religiosa, motivo de bromas, los contratistas solicitaron una prórroga por 90 días. Al día siguiente la obra quedó suspendida por un mes. Los plazos se fueron ampliando en varias oportunidades hasta completar un año. Durante este tiempo se pactaron varias adiciones.
Inocentada
En diciembre de 2016 entregaron la obra, pero no como había sido contratada, pero además, inservible.
“La obra fue terminada el 13 de febrero de 2016 (un año, un mes y 13 días después de lo contratado) nunca ha sido entregada por la Agencia de Desarrollo Rural; nunca ha sido recibida por los campesinos y nunca ha funcionado”, confirmó el presidente de la Asociación de Usuarios José Nicacio Cuéllar. Sorpresivamente, como lo sospechaban, resultó otra ‘inocentada’.
“Durante la ejecución de las obras el contratista consorcio Tierra Huila 2015, y el interventor Ingeotyp 23 modificaron los diseños sin la aprobación del Incoder ni de la Agencia de Desarrollo Rural, entidad que reemplazó al Incoder”, precisó el dirigente campesino.
“En los comités técnicos realizados con los contratistas se les insistió en que la obra que estaban construyendo no correspondía a las dimensiones de lo que se había contratado, deficiencias en partes de la construcción y que las pendientes del desarenador deberían ser mínimo de un 25% para asegurar la evacuación de los lodos y arenas”, explicó el ingeniero industrial Javela Pérez.
El diseño del desarenador presentaba una cota de salida de 2,35 metros por debajo de la línea de agua de río Neiva. Esta falla fue reportada oportunamente al Incoder (en liquidación) pero de nada sirvió.
Los diseños originales contemplaban la construcción de un desarenador de alta velocidad de sedimentación, mediante la utilización de celdas y una compuerta de evacuación.
Al hacer el replanteo unilateral e inconsulto se presentaron diferencias entre las cotas del proyecto y las cotas del terreno.
“Al final, el desarenador construido es distinto al contratado. No tenía celdas y constaba de tres compuertas de evacuación.
Peor que antes
Según los contratistas, esa “era la mejor opción ya que garantizaba el funcionamiento del desarenador en sus condiciones críticas. Además, permitía la mejor manera de evacuación de lodos”. Pero no fue así.
El distrito de riego quedó peor después de la millonaria inversión que le inyectaron para recuperar su deteriorada infraestructura.
Según el interventor, “los diseños habían sido realizados por los mejores ingenieros civiles e hidráulicos y garantizaban una evacuación permanente del 99.9% de arenas y lodos”. Pero no ocurrió así.
La Contraloría General de la República confirmó las denuncias de los agricultores. Las variaciones en los parámetros de diseño terminaron afectando el funcionamiento del desarenador.
Sin consultarlo, el contratista disminuyó en al menos siete de doce criterios de los parámetros de referencia inicial que se había previsto en los anexos técnicos de los documentos contractuales.
“El contratista no ejecutó la obra según los diseños entregados por la entidad contratante; además, realizó cambios al diseño con el aval de la interventoría que hicieron que la obra fuera ineficiente y que no cumpliera con la función para la que fue construida”, reseñó un informe técnico consultado por LA NACIÓN.
“Adicionalmente, dijo, la interventoría no cumplió con su función de velar porque las obras se ejecutaran con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas”. Tampoco promovió las acciones de responsabilidad contra los contratistas por los incumplimientos.
Una pesadilla
“El desarenador quedó mal, no funciona, se llena de arenas y lodos en menos de una semana. Evacuar manualmente las arenas y lodos de las albercas tarda una semana con seis trabajadores ayudados con una motobomba, carretillas y palas”, explicó Javela Pérez. “Esa labor de limpieza cuesta cerca de 45 millones de pesos que deben sufragar los usuarios del distrito. La operación genera enormes sobrecostos y lo ha hace insostenible, es una pesadilla”, explicó.
El dirigente arrocero aseguró que la colmatación recurrente alcanza semanalmente volúmenes de 572 cubos de arenas y lodos, que se depositan en terrenos aledaños originando otro factor de afectación ambiental. Por eso la autoridad ambiental ha iniciado varios procesos sancionatorios.
“El contratista y el interventor manifiestan que Usoiguá no opera bien la obra y recomendaron para la operación de limpieza que los campesinos adquieran una draga y una buena motobomba. Esa fue la solución” explicó el presidente José Nicanor Cuéllar.
“Estos hechos, constituye un posible detrimento al patrimonio por el valor pagado por un desarenador que nunca se ejecutó como fue contratado”, concluyó el organismo de control.
Nos engañaron
“La Agencia de Desarrollo Rural nos manifestó que el contrato no ha sido liquidado porque la obra no ha sido recibida funcionando. Además que no se había pagado la totalidad de los dineros porque la obra no ha sido entregada”, afirmó Javela.
“Sin embargo, lo hicieron. La Contraloría nos dijo que esa obra no la podían recibir así. A nosotros nos engañaron porque nos dijeron que no podían liquidar el contrato por todos esos problemas, pero liquidaron el contrato y pagaron todo, nos mamaron gallo”, confirmó Javela.
Curiosamente, la empresa Ingeotyp 23, encargada de la interventoría certificó el 16 de mayo de 2017 que, “las obras fueron recibidas a satisfacción y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y la calidad requerida para el buen funcionamiento de las mismas”. La versión fue desmentida por los usuarios del distrito.
Los cambios nunca fueron socializados con la Asociación de Usuarios. Según los contratistas la comunidad aprobó las modificaciones de obra que corresponden a la bocatoma, el canal bypass (canal de desvío), el desarenador y la prolongación del túnel con sus respectivos presupuestos.
Según la agremiación, el acta suscrita por el representante legal es falsa. “Como ésta firma no corresponde y el documento nunca lo conocieron los campesinos se realizó la correspondiente denuncia por falsedad ante la Fiscalía”, explicó la junta directiva.
“Por hacer relevantes las deficiencias de la obra y realizar las denuncias fue amenazado un integrante de la Junta Directiva de Usoigua, hecho que también se denunció ante la Fiscalía”, reportó la agremiación.
“En estas condiciones, se pudo evidenciar que el desarenador no cumplió con las especificaciones establecidas en el anexo técnico de remoción permanente y evacuación de partículas sedimentadas al río Neiva”, concluyó la Contraloría.
¿Quién responde?
En principio, la Contraloría vinculó a los contratistas y al interventor, como probables responsables.
Actualmente responden por los daños patrimoniales, German Villanueva Calderón, en calidad de representante legal del consorcio Tierras Huila 2015 encargado de la remodelación del distrito de riego.
También fue vinculada su empresa German Villanueva Construcciones y la firma Construcción Innovación y Desarrollo Tecnológico, integrante del consorcio.
La multinacional española Typsa fue vinculada en calidad de integrante del consorcio Ingeotyp 23, con participación del 60% en calidad de interventor de la obra. Como representante legal figura Luis Rodrigo Uribe Arbeláez.
Además, responderá la empresa Geotecnia y Cimientos Ingeocim (integrante del consorcio Ingeotyp), representada por Camilo Adolfo Naged Rodríguez.
Como terceros civilmente responsables fueron vinculadas las aseguradoras La Confinaza y Liberty.
Villanueva registra varios procesos por incumplimiento. Entre otros registra declaratoria de incumplimiento con el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri) segun Resolución No. 105 (9 de mayo de 2018) y otra con la Secretaria Distrital de Integración Social, (Resolución No.1526 (14 de septiembre de 2017).
Nueva imputación
Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación le formuló cargos al entonces secretario General del Incoder en liquidación, Mauro Rodrigo Palta Cerón (2015), actualmente funcionario en la Agencia Nacional de Contratación Pública ‘Colombia Compra Eficiente’.
Palta Cerón fue el encargado de la liquidación del Incoder y por lo tanto, le correspondió el proceso de legalización del contrato para la rehabilitación del distrito de riego. Igualmente fueron imputados disciplinariamente Nicolás Lozano Manrique, Julio Ernesto Lozano Bernal y Andrés Osorio Gutiérrez, evaluadores técnicos del proceso licitatorio, quienes al parecer, habilitaron a uno de los proponentes que no cumplía con las condiciones específicas señaladas en el pliego definitivo.
Al ex secretario General, le imputaron cargos por la adjudicación de la licitación al Consorcio Tierras Huila 2015, sin cumplir el requisito habilitante consistente en acreditar experiencia que incluyera el suministro y colocación de mínimo 300 metros cúbicos de concreto ciclópeo de 4.000 PSI, en cualquiera de los contratos aportados.
“La posible irregularidad se calificó provisionalmente como falta disciplinaria gravísima cometida con culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”, confirmó el organismo de control.