Un fiscal: ¡eso es todo!. Por José Gregorio Hernández Galindo

Certidumbres e inquietudes En el momento de escribir estas líneas no se conoce todavía si la Corte Suprema de Justicia ha escogido Fiscal General de la Nación, ni cuál de los tres importantes juristas que componen la terna enviada por el Presidente de la República ejercerá la función. Sea cual fuere el resultado del proceso, lo cierto es que todo el país espera ver superada la difícil etapa que en los últimos años ha atravesado la dirección del organismo por motivos que todos conocemos y que no es necesario recordar ahora. Se debe mirar hacia adelante, depositando la confianza ciudadana en el adecuado funcionamiento de las instituciones y en el acierto de los señores magistrados al elegir. Pero, precisamente porque aún no hay nombre específico del nuevo Fiscal, creemos oportuno formular en abstracto el concepto que tenemos acerca de las condiciones que debe reunir, no tanto para ser elegido o elegida  –ya que los tres postulados tienen, hasta donde sabemos, los antecedentes y elementos mínimos exigidos por la Constitución-, sino para prestar satisfactoriamente el delicado servicio público que se le habrá de confiar. Lo que necesitamos, ante todo, es un Fiscal independiente. Un funcionario probo y recto, formado en el Derecho, que se dedique al ejercicio de las funciones constitucionales de perseguir el delito, investigar aquellos hechos que puedan revestir las características de delictivos, ejercer la acción penal, observar a plenitud las reglas propias de los distintos procesos, respetar y hacer que se respeten por sus subalternos las garantías constitucionales de los procesados, de las víctimas y de la sociedad;  acusar a quienes lo merezcan, abstenerse de hacerlo cuando no encuentre sustento para el llamamiento a juicio, participar en el diseño de la política criminal del Estado y en general desempeñar las delicadas atribuciones que le son propias…, todo sin compromiso previo con nadie, ni con nada distinto de la justicia, la Constitución y la ley. Lo que la colectividad espera del nuevo Fiscal  es primordialmente su independencia, pues ella traerá consigo la indispensable  imparcialidad, la objetividad y el justo criterio acerca del camino que debe tomar cada uno de los procesos que conduzca el organismo. El Fiscal General es la cabeza de la institución, y por encima de esa cabeza no hay ni puede haber otra. El Fiscal no es delegado, ni vocero, ni representante del Presidente de la República aunque lo haya ternado, ni de los magistrados que votaron por él;  ni queda endeudado con  el postulante, ni con los electores. Es necesario eliminar el extendido y dañino concepto según el cual quien postula o quien elige –que constitucionalmente apenas cumple una función dentro de la organización estatal- le hace un favor al postulado o elegido. Tampoco es aceptable el criterio que ha presidido postulaciones en el pasado reciente, de conformidad con el cual el Gobierno debe tener en la Fiscalía a un amigo suyo. Eso no es ni debe ser así. Tampoco a un enemigo. Basta con un Fiscal autónomo, seguro y serio. Esa, por sí misma, es una garantía para todos, y lo debe ser también para el Ejecutivo. Obviamente, el Fiscal tampoco es representante de ningún partido político, ni de dirigente o ex  presidente alguno, ni de una corriente política, de ninguna Universidad; de ninguna región en particular; de ninguna religión; de los hombres ni de las mujeres, ni de los homosexuales. Es sencillamente el Fiscal General de la Nación, una altísima instancia que debe ganarse el respeto de todos gracias a su solvencia moral, a sus conocimientos y a sus decisiones oportunas e imparciales. En fin. Necesitamos un Fiscal. ! Eso es todo !