Un centro de urgencias vitales, sin agua ni alcantarillado, y sin energía terminó convertido en otro monumento a la ineficiencia. La pérdida de los recursos originó tres investigaciones.
RICARDO AREIZA
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El enmontado hospital de Villavieja no logró salir del estado de coma en que lo dejaron los contratistas y los funcionarios que lo gestionaron. Después de siete años, la obra quedó en estado vegetativo, en medio de la maleza, condenado a petrificarse como otro fósil centenario en el enigmático desierto La Tatacoa.
Aunque en el acta de liquidación, firmada sin reparos, los contratistas aseguraron que la obra fue terminada en su totalidad, otra es la realidad que sigue latente, en medio de las severas limitaciones para la prestación de los servicios de salud en un sitio paradigmático, convertido en uno de los más apetecidos destinos turísticos.
El hospital del Perpetuo Socorro, insólitamente construido sobre los cimientos de un colegio local, nunca pudo funcionar, sencillamente porque los responsables de su diseño y ejecución, no previeron que quedó desconectado del acueducto y para rematar no tenía las instalaciones y acometidas eléctricas, vitales para un centro de urgencias de primer nivel.
El insólito caso fue priorizado por la Fiscalía General de la Nación y fue asignado a la Unidad Nacional Anticorrupción para determinar las responsabilidades por la pérdida de los recursos públicos. Por estos mismos hechos, el Departamento Nacional de Planeación, lo reportó como un proyecto fallido, símbolo del despilfarro de las regalías petroleras.
La contraloría Departamental realizó las primeras investigaciones y luego, la Contraloría General de la República, por competencia, asumió el proceso y adelanta el proceso de responsabilidad fiscal.
El contralor departamental Amaury Flórez anunció para los próximos días una auditoría exprés en el centro asistencial para examinar las condiciones en que viene operando.
El proyecto
El proyecto fue formulado en el año 2011, su ejecución comenzó en el año 2012 y la terminación de la obra estaba prevista para mediados de 2013. La meta era terminarlo en cuatro meses. Siete años después, el centro hospitalario es hoy monumento petrificado por la ineficiencia, en contraposición a lo formulado en el proyecto y a las condiciones de infraestructura donde actualmente opera el hospital local.
La primera fase comprendía la construcción del área de urgencias y una zona de residuos hospitalarios. La estructura en concreto, mampostería, cubierta y acabados fue terminada. Pero nunca se pudo poner en funcionamiento por la falta de acueducto y alcantarillado, no tenía servicio de energía, ni cumplía con las normas técnicas.
Un informe conocido por LA NACIÓN, señala que la obra no cumplía con las normas sanitarias y hospitalarias, ni con los parámetros de sismo resistencia ni con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie).
El centro médico tampoco cuenta con acceso vehicular ni siquiera para las ambulancias. Solo existe un acceso peatonal, rodeado de maleza. Una ambulancia en total deterioro está cubierta por la maleza como un símbolo del abandono en que se encuentra esta obra vital.
“La infraestructura construida se encuentra en estado de abandono y en deterioro progresivo, presentando agrietamientos y fisuras en forma diagonal en los muros internos de las edificación”, reportó el ingeniero civil Horacio Muñoz Rodríguez, quien elaboró un informe técnico sobre el estado de la obra.
La pasión
Como una curiosa premonición mariana, el hospital del Perpetuo Socorro, bautizado así en honor la ‘Madre de la Pasión’, tuvo que padecer su propio e interminable calvario.
La primera fase arrancó durante la administración del alcalde Raúl Arturo Ramírez Olaya. El presupuesto inicial ascendió a 585 millones de pesos.
En convenio con la Gobernación, la ESE local contrató la obra a todo costo con el ingeniero William René Ariza Mateus (Contrato de obra No. 001 de 2012) por un valor de 493,16 millones de pesos.
La interventoría fue contratada el 29 de marzo de con la Empresa Cooperativa Serviasociados La Unión por valor de 29, 45 millones de pesos.
El acta de inicio fue suscrita el primero de agosto de 2012 con un plazo de ejecución de cuatro meses. La obra debió entregarse en diciembre de 2012. Pero no se pudo.
El contrato fue objeto de una modificación por mayores cantidades de obra y creación de nuevos ítems. Y como es costumbre se firmó un contrato adicional el 14 de diciembre de 2012. También se prorrogó por dos meses el plazo para la entrega total de la obra (febrero de 2013).
El 12 de junio de 2013 se suscribió el acta de justificación. Después de siete años el centro asistencial no se ha colocado en funcionamiento.
Según el acta de liquidación la obra quedó ejecutada en su totalidad en un cien por ciento, sin observaciones, y los pagos se realizaron en tres contados (actas de recibo parcial) por la suma total del contrato.
“El contrato fue liquidado, pero la obra no en funcionamiento. Falta, además, conexión de la red eléctrica al igual que la dotación en baños y puertas”, reportó la contralora departamental, Adriana Escobar, en una evaluación de las obras inconclusas.
La obra quedó ejecutada en un 95%. Según la administración municipal, los recursos asignados no alcanzaron para su terminación. El alcalde pasado Yofran Aris Pacheco alcanzó a presentar un proyecto para reactivarlo y terminar las obras faltantes, pero quedó en el aire.
Daño patrimonial
En estas condiciones, la Contraloría General de la República determinó la existencia del daño patrimonial, en su criterio, sustentado en los pagos realizados con recursos públicos de la ESE por un contrato de obra que no se cumplió como se pactó.
Adicionalmente, advirtió que la administración municipal incumplió con el Convenio Interadministrativo No.0203 de 2011 suscrito con la Gobernación del Huila para cofinanciar la ejecución de la primera fase lo que conllevó a incumplir su misión institucional, lo que acentuó la administración.
La gerencia colegiada, mediante Auto No.447 vinculó al proceso de responsabilidad fiscal a la ex gerente Mónica Villany Rodríguez, quien formuló el proyecto de inversión, suscribió los estudios previos y firmó los contratos de obra e interventoría.
También responderá la gerente Diana Patricia Moreno Preciado, quien debió realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto de inversión, pero además, asegurar el funcionamiento, hecho que no ha ocurrido.
Según el organismo de control, el abandono y deterioro de la obra inconclusa, “evidencian una pérdida de los recursos públicos invertidos en la construcción de las obras objeto de éste contrato, según acta de liquidación de fecha 2 de octubre de 2013, ocasionando un detrimento patrimonial al Estado”.
En estas condiciones le imputó una responsabilidad administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $493.168.409, el valor total ejecutado.