Luis Fernando Pacheco G.
La semana pasada sucedieron dos hitos históricos para los procesos de justicia transicional en Colombia: el Secretariado de las antiguas FARC anunció la aceptación de responsabilidades en el marco del caso de secuestro que adelanta la JEP. Casi simultáneamente, la misma jurisdicción expuso los criterios de priorización del Caso 003: Ejecuciones Extrajudiciales por parte de agentes del Estado. El reporte final: 6.402 personas fueron asesinadas por fuerzas del Estado y presentadas como “bajas en combate” durante el periodo 2002-2010.
Escuchaba el viernes pasado a la Profesora Ruti Teitel (probablemente la académica más reconocida en materia de justicia transicional en el mundo) resaltando el papel histórico de la JEP y comparaba estos sucesos con los juicios a las Juntas en Argentina, que en 1985 pusieron tras las rejas a los principales oficiales de las tres Fuerzas que lideraron el golpe de 1976. Sin embargo, para nosotros estos sucesos parecen un reporte más, una cifra cualquiera, otro titular que se suma… a este nivel de insensibilidad nos llevó la guerra.
La respuesta de líderes del partido de gobierno fue más desesperanzadora aún: cuestionar las cifras y decir que “no fueron tantos”, que “son menos y que se habían tomado medidas” (bastante ineficaces, deberíamos decir a estas alturas). Es decir, lo cuestionable no era la muerte de -por lo menos- un inocente, sino que no eran 6.000, apenas eran 2.000.
¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Cómo llegamos a este nivel de horror anónimo? ¿Por qué tardamos tantos años en rechazar el secuestro como un punto de no retorno? ¿Qué tenemos que cambiar como colectivo para asociar las cifras de ejecuciones extrajudiciales a tantos inocentes devueltos a sus familias y muertos dos veces? Porque a ellos los mataron dos veces: les arrebataron la vida y les negaron la honra al equipararlos a delincuentes, al convertirlos en cifras de informes, en días de vacaciones o en estímulos económicos. Convirtieron millares de vida en incentivos laborales cuando hoy deberían ser millares de motivos para hervir de indignación como sociedad.
La JEP debe ser respaldada, no con la fe ciega del carbonero o dándole un carácter de infalible; debe ser respaldada porque en un país donde nada pasa, que una institución esté intentando sacudir nuestra capacidad de horror como sociedad, es un avance significativo.
Antes de irnos. El Huila merece especial atención como uno de los seis sub-casos priorizados en ejecuciones extrajudiciales. Esto no habría sido posible sin el trabajo del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos OBSURDH y su equipo humano, a ellos todo nuestro reconocimiento por romper el silencio de nuestra indiferencia.
@luisferpacheco