Con toda razón, la sociedad huilense y colombiana en general ha reaccionado con profunda indignación al caso de la niña María Camila Plazas, asesinada a cuchillo el viernes pasado en medio de una agresión sexual en una vivienda del barrio La Virginia del municipio de Pitalito.
Los hechos no pueden ser más dantescos. Jonathan Francisco García Tapias, de 27 años de edad, un convicto que acababa de ser beneficiado por un juez con una boleta de libertad, incursionó con el propósito de atacar sexualmente a la menor.
La abuela y la mascota intentaron auxiliar a la niña, pero también fueron atacados con el elemento cortopunzante. La mujer de 67 años quedó gravemente herida mientras que el perro murió en la vivienda.
Las dos víctimas fueron trasladadas a un hospital del municipio donde María Camila falleció mientras que la abuela se encuentra en grave estado de salud.
La rápida reacción de la Policía en Pitalito, y gracias al aviso de la comunidad del sector de La Virginia, se logró la captura de Jonathan Francisco, a pocas cuadras de la vivienda donde ocurrieron los hechos. A este individuo se le halló en su poder un cuchillo con el que, habría cometido el crimen; además, los uniformados observaron manchas de sangre en su ropa.
Aunque la defensa de García Tapias intentó una maniobra jurídica al declararse “paciente psiquiátrico”, el juez del caso acogió el material probatorio contra el individuo por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y maltrato animal agravado, y lo envió a la cárcel.
Está más que probado que un monstruo de esta naturaleza no puede estar libre en las calles. Y por eso, con toda razón, la ciudadanía está cuestionando fuertemente a la justicia. Este caso, obviamente, enciende las dudas en torno a la calidad de las decisiones que toman nuestros jueces.