Como es sabido la Corte Constitucional dejó sin piso la reforma al Código Electoral que contemplaba cambios al derecho de la participación de los colombianos en política y actualizaba las leyes electorales, que no han cambiado desde 1985.
La verdad es que la decisión del Alto Tribunal, que respetamos y acatamos, deja un sabor agridulce porque el proyecto que aprobamos en el Congreso de la República tenía elementos positivos.
Veamos: Uno de los aspectos buenos es que las listas para elegir Congreso, asambleas y concejos deberían estar conformadas mitad hombres y mitad mujeres. Este punto en particular lo luchamos en Senado porque es innegable que se trata de un crecimiento de la participación femenina en la política y en consecuencia de un mayor número de mujeres elegidas.
Otro buen componente era la implementación del voto electrónico, que, en principio, se aplicaría de manera mixta. El elector acudiría al puesto de votación y sufragaría en una máquina que expediría un papel con su voto para depositar en una urna. La contabilización de los sufragios se haría digitalmente, sin jurados de votación, y solamente se acudiría a los votos físicos en caso de diferencia en los resultados.
También se pondría fin al plazo, en tiempo y lugar, para la inscripción de cédulas, que facilita el trasteo de electores, una de las maneras más comunes de fraude. Se ejercería control a las encuestas, que obligaría un control previo del Consejo Nacional Electoral, y no posterior, como ahora. Y se ampliaba en una hora, de 4 a 5 de la tarde, el día de las elecciones, combatiendo el abstencionismo, que afecta la legitimidad del proceso y de las instituciones.
Dentro de los elementos por revisar estaba que ciudadanos sancionados por la Procuraduría o la Contraloría pudieran seguir siendo candidatos.
Así las cosas, lo que viene y nos compromete es tomar lo positivo del proyecto que naufragó y construir uno nuevo, que modernice el sistema electoral con tecnología y capacidad humana, acabando las malas prácticas y la corrupción.
En ese sentido proponemos exigir implementar la Ley 1350 de 2009 sobre la carrera administrativa especial en la Registraduría, dándole un carácter técnico e independiente, dadas sus funciones y responsabilidad superiores. Eliminar el origen político en la designación de los magistrados del Consejo Electoral en busca de otorgarle independencia en sus funciones de vigilancia y control.
Dotarlo de elementos técnicos y humanos, de autonomía administrativa y financiera, que faciliten su ejercicio de vigilancia a la propaganda electoral y, en general, respecto a las actividades de los distintos partidos y movimientos políticos.
Tenemos la esperanza de que con lo planteado podamos darle al país un Código Electoral de muchos años, que entregue plenas garantías a los electores y a los partidos.