Una de las expectativas principales al ser expedida la Constitución de 1991 era la descentralización. Como desarrollo de los artículos 356 y 357 de la Carta Magna fue expedida la Ley 60 de 1993, que distribuyó las competencias de la nación, departamentos, distritos y municipios y los recursos para cumplir con esas responsabilidades.
Un ejemplo significativo de descentralización fue el Huila, que en 1998 cumplió los requisitos para ser el primer departamento en Colombia en descentralizar en salud todos sus municipios. Desde ese año, las competencias de salud y los recursos correspondientes para ejercerlas son recibidos y administrados por las alcaldías municipales.
Además de los dineros de salud, por cuenta de dicha ley, los municipios recibían fondos para inversión en educación, saneamiento básico, deporte y recreación, que ejecutaban directamente y sin necesidad de hacer trámites ante el nivel central.
Los recursos que eran entregados a municipios y departamentos eran un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación, es decir, de todos los dineros que capta el Gobierno Nacional sin incluir los impuestos específicos. Esto implicaba que cualquier reforma tributaria incrementaba los recursos a distribuir a los municipios y departamentos.
En el año 2000, el Gobierno Nacional comenzó a ambientar una reforma a la Ley 60, porque según su relato los entes territoriales malgastaban esos recursos y la manera en que se calculaban los porcentajes conllevaba a un crecimiento desmedido de las transferencias que ponía en riesgo las finanzas del sector central. La Ley 715 de 2001 modificó la manera de calcular esas transferencias, determinando un porcentaje creciente pero desligado al aumento de los ingresos corrientes de la nación.
Actualmente se debate en el Congreso un proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional que traslada unas competencias y recursos a los entes territoriales. Lo curioso es que según el Ministerio de Hacienda no hay afectación de las finanzas del nivel central porque el efecto es neutro, es decir, las competencias eventualmente trasladadas cuestan lo mismo que hoy se gasta el alto gobierno en cumplirlas.
Con sustento técnico varios exministros de Hacienda y expertos en el tema refutaron tal afirmación, asegurando que se iba a generar una desfinanciación del gobierno central y que se vulneraba la regla fiscal.
La descentralización es imprescindible, necesaria para cerrar brechas sociales, y cuando se propone entregar más recursos y competencias a nivel territorial nadie se opone, pero hacerlo chambonamente es riesgoso e inaceptable, por lo que esa buena intención debe ser revisada minuciosamente, pues no sería nada extraño que sea otra idea disparatada de la caquistocracia que nos gobierna.
