Esperanza Andrade
Concluye el Congreso de la República el segundo periodo de sesiones ordinarias del cuatrienio, una legislatura histórica por las consecuencias de la emergencia sanitaria por el coronavirus, que obligó en principio a aplazar el inicio del trabajo en Senado y Cámara y después a realizarlo de manera virtual, en medio del debate sobre sí continuar funcionando de manera presencial o semipresencial, acatando los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social. Y las dudas sobre la legalidad de votar proyectos de ley y actos legislativos.
En el trámite de proyectos destaco dos muy importantes, que a la hora de escribir esta columna están a punto de aprobarse. La que establece la prisión perpetua para los violadores de menores, del cual soy ponente, y el que ordena la imprescriptibilidad de estos delitos.
Y se intentó cumplir el control político en medio de las dificultades. Menciono especialmente el debate que cité a la Ministra de Justicia concluyendo en la relevancia de levantar la suspensión de los términos procesales, para evitar excarcelaciones de delincuentes. Y la urgente necesidad de modernizar el sistema judicial.
En Comisión Primera insistimos al Gobierno contrarrestar los efectos del virus en la población carcelaria, como acción humanitaria en prisiones hacinadas. Le pedimos mano dura con el sistema financiero por falta de solidaridad en la crisis al entrabar a los empresarios el acceso a préstamos con dineros del Estado y salvar miles de puestos de trabajo. En plenaria logramos la aprobación de una constancia de condena y rechazo a la escalada de violencia contra líderes sociales, con la exigencia de garantías para el legítimo ejercicio de sus actividades y se les preserve vida.
Y hemos estado pendientes de que las autoridades eviten y castiguen la violencia intrafamiliar, que creció en el aislamiento, lo mismo que el aumento de las redes de tráfico y explotación sexual de menores.
Con el Partido Conservador impulsamos el impuesto solidario, que descuenta a servidores públicos, incluidos los congresistas, con salarios superiores a 10 millones de pesos, entre 1.5 y 7 millones de pesos con destino al Fondo de Mitigación de Emergencias, que atiende la pandemia. Y conseguimos modificar el calendario tributario, aplazando el pago del impuesto de renta, moderando el IVA y demás tributos próximos a vencerse.
Queda mucho por contar de lo que hemos cumplido, pero la falta de espacio lo impide. Lo que viene es buscar armonizar con el Ejecutivo una agenda prioritaria, la emergencia del país implica inmensos retos políticos, económicos, sociales e institucionales para entre todos salir adelante. Con fe y esperanza me comprometo a contribuir en ese acuerdo político que sirva a todos los colombianos.