Alexander Molina Guzmán
Una encuesta de percepción del Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes comprobó que la corrupción por primera vez es una preocupación de los colombianos por encima del conflicto armado. Tardíamente, los colombianos empiezan a percibir la corrupción como un gran mal; que es el germen no sólo del conflicto armado, sino de la pobreza y el desempleo que son los dos principales problemas que señalaron en esa misma encuesta.
El grado de conciencia sigue subiendo sobre el daño que nos produce la corrupción, es un buen síntoma y puede generar más presión sobre los cambios que necesita el sistema político, y los políticos, para hacer más decente el ejercicio de la política; de hecho, recordemos que hubo un referendo contra la corrupción el año pasado por el cual votaron casi doce millones de personas. Pero infortunadamente ese mismo sistema político corrompido hasta los tuétanos, esos políticos que son autores intelectuales y materiales de los hechos de corrupción que nos azota, se tragan cualquier iniciativa que en verdad busca esa decencia en la política. Por ejemplo, en el Congreso se hundió la iniciativa de eliminar la casa por cárcel para corruptos; es decir, la mayoría de los congresistas actuaron a favor de los corruptos y en contra de millones de colombianos.
El caso de Andrés Felipe Arias, que fuera ministro de agricultura de Álvaro Uribe Vélez, es uno de esos casos en los cuales se busca actuar en favor de un corrupto. Ese personaje fue condenado en el año 2014, por la Corte Suprema de Justicia, a 17 años de cárcel porque con el programa de “Agro Ingreso Seguro” permitió que dineros destinados a favorecer campesinos favorecieran a “prestantes” terratenientes y políticos para obtener ¡lealtades políticas! Pero, buscando asilo político con el sofisma de “perseguido político”, se escapó a Estados Unidos para evitar su captura y pagar su condena. Finalmente, ese país le niega cualquier maroma para permanecer allá y lo extradita a Colombia para que pague su condena.
Pero acá lo que encuentra, con el respaldo del Centro Democrático y del Gobierno Nacional, es un apoyo para hacer una ley que permita una doble instancia para aforados de manera retroactiva como un último recurso para premiarlo por lo que hizo a favor de terceros; en consecuencia, abrir una puerta para que hagan fila muchos de los que fueron condenados años atrás, como los condenados por el proceso ocho mil.
Es tanto el descaro a que ha llegado la corrupción, que ya le ponen nombre a ley que va a beneficiar a un corrupto: “Ley Andrés Felipe Arias”.