Por: Flora Perdomo Andrade
Uno de los reclamos más sentidos de las nuevas generaciones que buscan acceder al empleo y el trabajo digno, se soporta en la exigencia de experiencia laboral. No hay duda que es una paradoja que las normas de nuestro país establezcan como requisito para acceder al empleo público, una serie de reglas de juego que por muchos años han frustrado y bloqueado a quienes desde temprana edad hacen el esfuerzo de prepararse académicamente, pero no cuentan con una oportunidad clara y real quedando en el camino al no poder soportar en sus hojas de vida, trayectoria profesional o de servicios.
Es por esa razón que el Gobierno Nacional reglamentó la ley mediante la cual se ordena a las entidades estatales contratar personas entre los 18 y 28 años, sin acreditar experiencia, esto como una manera de hacerle frente a las preocupantes cifras de desocupación en el país y como parte de los acuerdos establecidos y que han originado protestas ciudadanas en el último tiempo. La reglamentación contempla que cuando se presenten vacancias definitivas en los empleos de carrera administrativa, los cuales se vayan a proveer transitoriamente a través de nombramiento provisional, se deberá dar prelación a los jóvenes que cumplan con los requisitos para su desempeño, siempre y cuando se haya agotado el derecho preferencial de encargo.
Dicha norma también establece que cuando se vayan a proveer empleos de la planta temporal ya existentes, y se haya agotado el procedimiento establecido en la ley, respecto de su provisión, en condiciones de igualdad también se deberá dar prelación a quienes cumplan con los requisitos para su desempeño.
Uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa indica que las entidades del Estado deberán integrar a sus plantas de trabajo temporal o permanente el 10 por ciento como mínimo de trabajadores profesionales en distintas áreas, sin que estos cuenten con la experiencia para dichos cargos y todo con el fin de mitigar las barreras de acceso y posibilitar la vinculación a los cargos estatales de las nuevas generaciones.
Para el Gobierno colombiano la reglamentación y puesta en marcha de esta norma es una oportunidad para que la promesas del país, puedan conocer de forma directa lo que significa el servicio público, pero además se busca que el Estado pueda contar con hombres y mujeres suficientemente capacitados que le impriman otras dinámicas y contribuyan a mejorar los procesos en las entidades gubernamentales. No hay duda que es un paso significativo en aras de acabar con las barreras de acceso y se empieza a desmontar esa absurda idea que para poder trabajar es necesario tener una hoja de vida en la que se acredite un recorrido o una trayectoria que solo la dan los años y las oportunidades.
Según datos del DANE, nueve de cada 10 oportunidades de trabajo solicitan experiencia y solo los sectores de justicia y defensa superan el margen del 10 por ciento en empleabilidad juvenil. Ante este panorama se considera que una manera de combatir el desempleo y de reducir a un digito las dolorosas cifras de desocupación que afectan al país, es dándole un vuelco total a las estrategias que se han venido utilizando, abriendo espacio a políticas que consideren a los nuevos profesionales urgidos de oportunidades, para que asuman las responsabilidades de transformar el país, tomando los retos y las exigencias que ya empiezan a dejar, quienes por años han tenido la posibilidad de contar con un trabajo digno y decente.
Finalmente cabe recordar que la Ley 1780 de 2016 a través de la cual se dictan normas para acabar con las barreras de acceso al mercado laboral y se otorgan incentivos a las empresas que contraten jóvenes, fue el primer paso que se dio en ese propósito de cerrar la brecha laboral y que responde a un deseo claro para que no solo desde lo público se adopten salidas, sino también desde el sector privado, donde se encuentran las mayores oportunidades de trabajo para la población colombiana.
Ojalá que este tipo de medidas rindan el fruto esperado. Permaneceré atenta en conocer los resultados de la aplicación de estas disposiciones que con tanto interés se han promovido desde el gobierno central y que sin lugar a dudas es una intención en la dirección correcta y una respuesta clara en favor de quienes reclaman espacios, equidad y oportunidades.