Un chaleco antibalas y un escolta son las medidas de protección que tiene el líder social John Carlos Ninco Bonilla. La Unidad Nacional de Protección le quitó la camioneta blindada y un hombre de seguridad. El dirigente social entuteló a la entidad, ganó y no le han restablecido el esquema. “No tuvo en cuenta la realidad que afecta a los líderes sociales y defensores de derechos humanos…”, dijo la juez de tutela. Un ataque sicarial y amenazas de muerte ha recibido entre el 2017 y 2020.
Rafael Rodríguez C.
Ni con una tutela a su favor el dirigente social y sindical John Carlos Ninco Bonilla, ha logrado que el esquema de seguridad que tenía, sea restablecido por la Unidad Nacional de Protección (UNP) que lo “desmejoró”.
Y es que el Presidente de la Asociación de Trabajadores Enfermos de la Industria Minero-energética de Colombia, considera que quedó desamparado y con su vida en juego, luego de que la UNP le dejara como esquema de protección un escolta, un chaleco antibalas y un teléfono celular, en septiembre de 2020. “Antes tenía una camioneta blindada, dos escoltas y el chaleco antibalas”, manifestó Ninco Bonilla.
El esquema había sido asignado luego de un estudio de seguridad en el que su nivel de riesgo era alto, tras sufrir un atentado y recibir constantes amenazas. “Tenía un nivel uno de riesgo extraordinario y un esquema de protección tipo 2. Ahora he permanecido encerrado, las garantías para los líderes sociales en Colombia son mínimas…”, manifestó el dirigente social.
La UNP indicó a la juez de tutela que el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) concluyó en el estudio de seguridad que disminuyó su porcentaje de riesgo, “con relación al estudio anterior, ya que las autoridades no refieren hechos puntuales y concretos en contra del evaluado, sumado a que el municipio no registra presencia de grupos al margen de la ley…”, indicó la UNP a la jueza al referir porque retiró modificó el esquema de seguridad.
Atentado y amenazas
Ninco Bonilla, quien tiene el pie izquierdo amputado, recordó que entre los años 2017 y 2019 no solo sufrió un atentado, sino que recibió amenazas de muerte personalmente y a través de terceros. “La UNP no tuvo en cuenta las constantes amenazas, hostigamientos, amedrantamientos e intimidaciones por parte de diferentes grupos al margen de la Ley…”.
Manifestó que de no ser por el esquema de seguridad con el que contaba en el 2017, no se hubiera salvado del ataque sicarial que sufrió en el corregimiento de la Ulloa en el municipio de Rivera, el 15 de octubre de ese año. “Se logró neutralizar a uno de los atacantes líder de la banda la ‘Oficina de los Rayos de la Noche’. En la actualidad sus cómplices atemorizan e intimidan a través de mensajes por la red social Facebook”.
Al ataque pistolero se suman las amenazas de muerte que lo han perseguido por diferentes regiones del país donde ha laborado, como la sucedida en el municipio de Arauca, el 12 de junio de 2019, donde a través de un panfleto fue declarado objetivo militar. “Muerte al señor Ninco y Bata”, decía el papel.
Tres meses después cuando el dirigente sindical salía de su vivienda con su familia, sus escoltas y el carro blindado, fueron amenazados por dos hombres. El hecho ocurrió el 23 de septiembre.
A la intimidación se suma la amenaza que le enviaron con un amigo el 22 de octubre de 2019. Ese día hombres a bordo de una motocicleta interceptaron al allegado de Ninco Bonilla e intimidan con un arma de fuego y envían un mensaje de muerte al dirigente sindical. “Le dicen al señor, dígale a ese mocho hp que por aquí no lo queremos ver, él sabe que nos las debe y lo vamos a prender a plomo este con quien este”.
“UNP no tuvo en cuenta la realidad del país”
El dirigente social y sindical tras ver su seguridad desmejorada interpuso una acción de tutela contra la UNP, que fue resuelta por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Neiva que le amparó los derechos fundamentales, a la vida y la seguridad personal y a la integridad física. “A la fecha la Unidad Nacional de Protección no ha restablecido las medidas de seguridad”, manifestó Ninco Bonilla.
La jueza manifestó en el fallo que la Unidad Nacional de Protección decidió retirar algunas de las medidas de seguridad del accionante, con base en un estudio de riesgo “que no tuvo en cuenta la realidad que afecta a los líderes sociales y defensores de derechos humanos…”.
Agregó la operadora judicial que la disminución de las medidas de prevención del riesgo no se acompasan (miden) con la realidad actual del país, “pues se siguen presentado muertes a líderes sociales en virtud a sus roles en materia de defensa de derechos laborales, derechos humanos…durante los primeros nueve meses de 2020, la oficina de Acnudh había documentado 49 casos de homicidios de líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos y estaba en trámite de verificación de otros 51 casos”.
Precisó que las decisiones proferidas por la UNP adolecieron de falta de motivación, “pues no explicaron suficientemente las razones que fundamentaron la calificación del nivel de riesgo de manera tal que perdía parte de las medidas recibidas. Si bien tales razones fueron explicadas posteriormente en los actos administrativos que confirmaron las resoluciones controvertidas, ello no impide advertir la falta de motivación en el acto principal, y, con ello, la vulneración del derecho al debido proceso del accionante”.
La togada ordenó además a la entidad restablecer el esquema de seguridad que había sido asignado, como medida preventiva, mientras que se realizara un nuevo estudio de nivel de riesgo, con miras a evitar eventuales violaciones o amenazas contra Ninco Bonilla, en noviembre de 2020. “Tampoco fue restablecido el esquema de protección”, indicó el líder social.
Ninco señaló que el 8 de diciembre de 2020, funcionarios de la UNP llegaron a su casa, y solo verificaron las condiciones del chaleco blindado y el celular. “Quedaron de volver al día siguiente y hasta la fecha del presente derecho de petición nunca volvieron”.
Recordó que el 27 de diciembre de 2020, recibo llamada de Cesar Augusto Córdoba de la UNP, preguntándole si había rechazado las medidas de protección, “de inmediato le respondí, que la Unidad Nacional de Protección, n ha cumplido con la orden del Juzgado Primero Administrativo Oral Del Circuito Judicial Neiva y de la juez ordenó desde el pasado 27 de noviembre de 2020, como medida provisional se restableciera el esquema de protección previamente asignado a los actores, y dicha medida estará vigente hasta tanto la entidad culmine el referido estudio de nivel de riesgo”.