La Nación
“Uribe y Santos también nombraron gestores de paz” 1 8 febrero, 2023

“Uribe y Santos también nombraron gestores de paz”

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, habla con LA NACIÓN sobre asuntos clave del país. Defiende la figura de los gestores de paz y recuerda que la usaron Uribe y Santos. Confirma que los cultivadores de hoja de coca y los consumidores de drogas no serán perseguidos. También anuncia los planes para combatir el hacinamiento en cárceles y estaciones de Policía.

Jesús Antonio Rojas Serrano

editorgeneral@lanacion.com.co

Néstor Iván Osuna Patiño es abogado y doctor en Derecho. Ha sido profesor de varias universidades nacionales e internacionales. Fue conjuez de la Corte Constitucional y magistrado de la entonces Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Osuna es el ministro de Justicia del gobierno de Gustavo Petro y aquí está su primera entrevista que ofrece con la prensa escrita del Huila.

¿Qué piensa de toda la gran polémica que se ha armado en el país por convertir en “gestores de paz” a jóvenes procesados por vandalismo y otros delitos en el marco de la protesta social?

Jesús Antonio, la polémica cuando es informada y de buena fe siempre será bienvenida porque yo creo que enriquece la democracia. En este caso, lamentablemente, ha habido algunos errores de información. Por ejemplo, la figura de voceros gestores de paz existe en la legislación colombiana desde hace 20 años; la han usado los gobiernos de Uribe y de Santos y este gobierno ya la había utilizado. Y la ley que prorrogó la ley 418, conocida por la opinión pública como ley de paz total, amplió la figura de los voceros, no solamente para miembros de grupos armados ilegales, sino para miembros de organizaciones sociales o humanitarias que no forman parte de esos grupos. La figura tiene las siguientes características: a estas personas, al ser nombradas voceras, el gobierno nacional les asigna tareas de reconciliación, humanitarias y de acercamiento; saldrán de las cárceles, pero siguen compareciendo a los procesos penales a los que están vinculadas.

Concretamente, ¿qué hará un gestor de paz?

Le voy a poner un ejemplo: Pensemos en que en el norte del Cauca hay una convivencia muy difícil, con conatos y hechos de violencia, entre pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes; los gestores de paz pueden intervenir para favorecer una reconciliación, un apaciguamiento o un acercamiento entre estas comunidades. Por supuesto, hay un monitoreo al cumplimiento y efectividad de esas tareas. Debo decir que esta medida fue exitosa en otros procesos de paz; lo fue exitosa en el proceso con las Autodefensas en los años 2000; en el proceso con las Farc se utilizó intensivamente por el presidente Santos; se le está utilizando en el proceso con el Eln. Así que lo novedoso es que ahora también se puede utilizar como una figura que no está relacionada con grupos armados ilegales, sino con reconciliación dentro de la sociedad.

Señor Ministro, pero, la gente está indignada, ¿no le inquieta eso?

Algo de lo que puede haber llevado a una parte de la opinión pública a tener temor o angustia es que se ha dicho que se van a liberar delincuentes peligrosos y eso no es así. El Presidente de la República no va a hacer uso de esa atribución para nombrar voceros a personas condenadas; podría hacerlo, ya que en ocasiones anteriores se ha hecho. Lo hizo Uribe, lo hizo Santos y Petro ya lo ha hecho con personas del Eln.

En el caso del Huila, hay varios capturados por delitos durante la protesta social y algunos de ellos ya gozan del beneficio de la detención domiciliaria, ¿ellos también podrán ser gestores de paz? ¿Qué tantos serán los beneficiados?

La medida puede estar dirigida hacia personas que están en establecimientos penitenciarios o personas que están detenidas en sus casas porque en ambos casos se trata de personas privadas de su libertad. Jesús Antonio, y sobre el número, lo va a determinar el Presidente, caso por caso. Se creó una comisión intersectorial que está analizando los perfiles. Hay un listado de unas 150 personas que están privadas de la libertad.

¿Qué opina de que el propio Fiscal General de la Nación esté diciendo que no entiende la figura de gestor de paz y que las decisiones judiciales no pueden ser intervenidas por otras ramas del poder público?

La atribución presidencial sale de una ley de la República y la ley los obliga a todos, a los que están a favor, a los que están en contra, al gobierno y al poder judicial también. El poder judicial tiene que acatar la ley. Yo sé que el fiscal Barbosa acata la ley y que los jueces de Colombia acatan la ley.

Usted ha venido diciendo que hay “desinformación”, ¿lo dice, acaso, por la senadora María Fernanda Cabal, quien está alertando a fiscales y jueces sobre la gestación de un golpe de Estado y que no se puede permitir que el Ejecutivo usurpe las facultades del poder judicial?

Desconozco lo que haya dicho la senadora Cabal al respecto. Pero, en general, sí veo que ha habido una mala información que tiende a crear miedo. Han dicho que ‘van a sacar a todos los delincuentes de las cárceles’, que ‘van a liberar personas condenadas por torturas y que las van a condecorar’, nada de eso es cierto. El propio legislador –y en el Congreso de la República tiene curul la senadora Cabal—aprobó esa facultad. La propia Constitución establece que el Presidente de la República dirige el orden público y esta es una atribución de dirección del orden público. Y por supuesto, todos los actos del gobierno y del Presidente tienen control judicial; esto no ha cambiado. Esta decisión no está destinada a tener likes o réditos políticos. Es una atribución que siempre ha existido y que tiene un uso de ayudar a la reconciliación.

Señor Ministro le pregunto ahora por otros temas de su cartera, ¿requiere la justicia más jueces? ¿Qué es lo necesita la justicia?

Requiere muchas cosas, pero entre ellas, por supuesto, más jueces. Tenemos 5.500 despachos judiciales en el país y son absolutamente insuficientes para un país en el que cada año entran casi 2 millones de asuntos nuevos al poder judicial. El gobierno considera que sí es importante que se robustezca la nómina judicial o la oferta de justicia. Para eso, se ha ampliado el presupuesto de la rama judicial: una adición presupuestal de $300 mil millones y esta misma semana el Presidente le ofreció al Consejo Superior de la Judicatura, que habida cuenta de la aprobación de la reforma tributaria, una nueva adición para darle más recursos a la rama judicial. Después de que los recursos se le entreguen al Consejo de la Judicatura, la autonomía e independencia del poder judicial determina que el gobierno se abstiene ya de decidir cómo se destinarán, es decir, que el Consejo Superior de la Judicatura tiene autonomía para decidir, por ejemplo, si crea más juzgados municipales o de circuito o en qué regiones los constituye. En eso, el gobierno no interviene. El gobierno y el presidente han sido reiterativos en proponer que ese dinero se destine a creación de nuevos juzgados, pero hasta ahí llega la solicitud.

Pero, ¿el gobierno de Petro está pensando en una verdadera reforma a la justicia en el entendido de que muchos se quejan, por ejemplo, de la falta de calidad en las decisiones judiciales?

Verdadera reforma a la justicia es que haya más jueces, más oferta de justicia, más cercanía de justicia con los ciudadanos. Lo que sí se mantiene es la autonomía e independencia del poder judicial. Cómo son las sentencias, lo deciden los jueces. Cuál es la formación que deben tener los jueces, lo deciden los jueces. Todas esas preguntas que usted y válidamente toda la sociedad se hace, desde el gobierno se responde con la idea de respeto a la independencia y autonomía del poder judicial. El gobierno no interviene en eso.

Usted ha hablado de crear una especie de ‘JEP’ para delitos ambientales, ¿cómo es eso?

Nosotros ya tenemos mecanismos judiciales para resolver problemas ambientales, pero tenemos que robustecerlos. Y una posibilidad es crear una jurisdicción ambiental, es decir, una jurisdicción especializada en resolver casos ambientales como pleitos sobre grandes contaminaciones, exploración minera, entre otros. Consideramos que es saludable que esos temas tengan una oferta judicial más robusta. Además, el Tratado de Escazú nos lo impone. Sin embargo, no es una JEP como tal porque no sería una justicia transitoria, sino una jurisdicción permanente.

¿Cómo el gobierno va a combatir el gran problema de las drogas?

Jesús Antonio, nuestra prioridad en esa materia será salvar el mayor número de vidas posibles. Y para ello, mantendremos algunas cosas de las políticas tradicionales y cambiaremos otras. El gobierno no va a perseguir criminalmente a los cultivadores de hoja de coca. Haremos las reformas legales necesarias para ofrecerles, en cambio, sustitución de tierras para que a partir de eso venga la sustitución de cultivos lícitos. También vamos a darle alguna posibilidad de comercio con usos lícitos a la hoja de coca y a la hoja del cannabis. De la hoja de coca a la cocaína hay un tránsito, como decir que lo hay en el de la planta de café a la cafeína. De la hoja de coca se pueden hacer muchas otras cosas: textiles, cosméticos, fertilizantes y hasta medicinales, que son lícitos. La cocaína seguirá siendo ilegal. Frente a los consumidores, no tiene ningún sentido seguir persiguiendo penalmente a los consumidores. Es mucho más sensato combatir a los consumidores problemáticos mediante enfoques de salud pública, salud preventiva y salud terapéutica. Es algo parecido a lo que pasa con el alcohol. A nadie se le ocurriría que es una buena estrategia mandar a la cárcel a un alcohólico. Ese mismo tipo de política para los consumidores de marihuana. Lo que sí mantendremos es la prohibición y la persecución del tráfico de cocaína. Si dejamos de perseguir los dos eslabones débiles y nos concentramos en el eslabón fuerte, podemos ser mucho más efectivos.

Le pregunto por un tema bastante delicado: ¿qué va a hacer el gobierno para combatir el hacinamiento en las cárceles y en los centros transitorios de reclusión?

Es un problema muy complejo y la solución no es tan fácil, ni inmediata. Tenemos casi 200 mil personas privadas de la libertad en Colombia. La mitad de ellas están en cárceles del Inpec; 30 mil en estaciones de Policía, URI y centros transitorios de reclusión; y 70 mil en detención domiciliaria. Los dos problemas graves están en las cárceles del Inpec y en las estaciones de policía y centros transitorios. Hay hacinamiento en las cárceles del Inpec, pero es mucho más grave el hacinamiento en las estaciones, las cuales no tienen la infraestructura propia de una cárcel. Fue una ley de los años 90 la que dice que a la Nación le corresponde el sistema carcelario de los condenados y que los sindicados están a cargo de los Departamentos y Municipios. Pero, los Municipios y Departamentos no tienen recursos económicos para construir cárceles. Hace pocos días, los Alcaldes propiciaron la presentación de un proyecto de ley, el cual el gobierno apoya, para destinar los recursos a los Departamentos y Municipios para que construyan cárceles. Ese proyecto también divide las cargas: personas que estén sindicadas de delitos que acarrearían penas de hasta 8 años, estarían a cargo de los Municipios; entre 8 y 15 años a cargo de los Departamentos; y los de más de 15 años a cargo de la Nación. La Nación, entonces, tendría a cargo todos los condenados y además los sindicados por delitos que puedan dar lugar a penas por más de 15 años de cárcel. Esto, por supuesto, no es una medida inmediata. De inmediato estamos pensando hacer, por una parte, buscar la mayor eficiencia con cupos que queden libres. Vamos a proponerle al Congreso disminuir el tiempo efectivo en el que una persona permanece privada de libertad a cambio de superar exitosamente procesos de resocialización y de reparación a las víctimas. Ciertamente, no hay una respuesta inmediata para un problema que se ha venido enquistando durante tantos años.

Señor Ministro, ¿cuándo hará su primera visita al Huila en calidad de Ministro de Justicia?

Lo tengo en mi órbita para ir lo más pronto que pueda. Me temo que ya será en el 2023, pero allá estaré. Jesús Antonio, eso sí, prométame, que será un día fresquito porque allá en Neiva hace demasiado calor.