Por: Germán Alfonso López Daza
Ante los catastróficos resultados de las medidas locales y nacionales tomadas a fin de año que impactaron en el aumento de casos positivos y en la saturación de las unidades de cuidados intensivos, se hace necesario que la población tome verdadera conciencia de la peligrosidad de este virus y acate las normas de aislamiento.
En medio de esta segunda ola, el Gobierno nacional viene avanzando –a pasos muy lentos-, en la estrategia para la vacunación que supuestamente empezará en el mes de febrero, sin que al momento exista fecha exacta de la llegada de las primeras vacunas, ni mucho menos del inicio del proceso de inoculación.
Ante este complejo escenario, se han conocido sondeos y encuestas con un alto porcentaje de ciudadanos que no estarían dispuestos a aplicarse la vacuna. Dentro de este sector están también los movimientos antivacunas que son un importante colectivo que por motivos sanitarios, religiosos, científicos, políticos o filosóficos, consideran que el acto de vacunarse supone un mayor perjuicio para su salud que el posible beneficio que pueda aportar.
De cara a esta preocupante situación, diversos sectores le han propuesto al Gobierno, que se imponga una obligatoriedad para la aplicación de la vacuna en contra del Covid-19, aduciendo motivos de salud pública y la imposición del derecho colectivo frente a los derechos individuales.
Sin embargo, se considera inviable desde una perspectiva constitucional, obligar a un individuo a vacunarse, pues existe el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la autonomía personal que faculta a que todo sujeto decida con libertad, si se somete o no a tratamientos médicos o a recibir vacunas. Por ello, los pacientes deben firmar un documento llamado “consentimiento informado” antes de realizarse cualquier tratamiento o exámenes, el cual puede ser aceptado o negado, después de conocer los riesgos, beneficios y alternativas.
En consecuencia, cualquier norma que obligue a todos a vacunarse resultaría contraria a la Constitución. Solo queda llamar a concientización. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).