Con las utilidades que genera la Central Hidroeléctrica de Betania, deberían estarse financiando la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios ribereños del Magdalena desde San Agustín hasta Barranquilla.
Sin embargo, la transmutación que tuvo al haber sido vendida esta empresa al sector privado limitó sus alcances sociales y por esta razón el primer enunciado ya es una utopía.
Ahora el Gobierno Nacional tiene el interés de vender su participación en Isagen (57.66%) con el fin de destinar esos recursos (aproximadamente 4.5 billones) a la infraestructura vial. ¿No será mejor que más bien solo las utilidades de las acciones se destinen a ese propósito? ¿Por qué convertir el activo en un gasto? En algunos casos es conveniente que el Estado venda sus bienes pero no siempre sucede así.
La energía eléctrica es un servicio que aumenta su demanda diariamente. Su uso se ha convertido en vital para la humanidad; los negocios en este sector crecen por encima de otros servicios. El valor de las acciones igualmente sube a un ritmo sostenido. Isagen reporta utilidades en el año 2012 por 460 mil millones de pesos y mantiene buenas calificaciones según las certificadoras de riesgo. Los economistas tienen a veces pálpitos que pueden ser acertados; posiblemente argumenten que es el mejor momento para una transacción de este calibre pero pueden estar equivocados porque el Estado ha ido perdiendo un espacio importante, y en muchos casos ha sido suplido por elementos foráneos con pocos réditos para el país.
Otro asunto es el componente ambiental que va incluido en este andamiaje. Al agua le sacamos provecho, la utilizamos, la contaminamos, pero no le estamos devolviendo ese gran favor que nos hace de brindarnos la energía eléctrica que nos alimenta la nevera, el aire acondicionado, la fábrica y todos los elementos que hacen parte de nuestra vida cotidiana. Las compensaciones ambientales están subvaloradas y no logran llegar a ese punto óptimo de reponer la afectación a la naturaleza. Situación que también debemos reevaluar en la normatividad.
Esperamos que la venta de los activos del Estado tenga un mayor análisis, con las debidas consideraciones por proteger al país y garantizar que se fortalezca realmente el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.
