En el segundo día de la audiencia de reconocimiento de secuestros por parte del Secretariado de las Farc ante la JEP, los excomandantes profundizaron en los actos de crueldad que cometieron con las personas en cautiverio, mientras el tribunal de justicia transicional detalló el patrón de criminalidad bajo el cual actuaba la exguerrilla en la comisión de este delito.
Lucía Sánchez
Durante el segundo día de la audiencia de reconocimiento de secuestros por parte del Secretariado de las Farc ante la JEP, la magistrada a cargo del caso Julieta Lemaitre, detalló el patrón de criminalidad bajo el cual actuaba la exguerrilla en la comisión de este delito, con fines extorsivos y de financiamiento.
La política, según la Jurisdicción Especial para la Paz, consistía en financiarse a través de secuestros. “En las conferencias nacionales guerrilleras, planes operacionales, en reuniones del Estado Mayor, en los planes tácticos de distintas unidades militares se repite la orden de privar de la libertad a civiles que tuvieran dinero para financiar las operaciones de las unidades militares”, explicó la magistrada Julieta Lemaitre durante la diligencia.
De acuerdo con Lemaitre unidades de la guerrilla llegaron a buscar víctimas hasta en los directorios o “páginas amarillas” y de otro lado, dividir porcentajes con bandas delincuenciales.
“Los comandantes financieros no eran muy profesionales, encontramos a uno que secuestraba por el directorio telefónico, cuando los directorios eran páginas amarillas… otros nos han dicho que usaban revistas como el número de Semana de las 100 empresas del país, entonces por el número de las 100 empresas”, afirmó.
Asimismo, la magistrada detalló la forma en la que han podido evidenciar que la extinta guerrilla sostenía alianzas o vínculos con bandas criminales para el secuestro de los ciudadanos, y así beneficiarse mutuamente.
“A las bandas criminales se les pagaba un porcentaje, entonces la banda criminal entregaba a un secuestrado, si lo entregaba allá en la zona rural era un porcentaje mayor que si daba la información, un porcentaje del rescate que variaba según el comandante financiero, 5%, 10% o 20% del rescate”, reveló Lemaitre.
Igualmente, la juez indicó que, ante los errores de secuestros de personas sin capacidad económica, en las Farc establecieron el pago de extorsión a personas con un patrimonio mayor a un millón de dólares.
Terribles prácticas
A estas revelaciones de la magistrada de la JEP se sumaron cruentas verdades contadas por algunos de los excomandantes, quienes además de reconocer su responsabilidad en este delito, profundizaron en las terribles prácticas que ejecutaron para desarrollarlo.
Según reveló Milton de Jesús Toncel, conocido en la guerra como “Joaquín Gómez”, algunos secuestrados morían en cautiverio, pero en vez de avisarle a la familia le seguían cobrando.
Narró también que a los secuestrados los obligaban a realizar marchas nocturnas, forzadas, la alimentación no se ajustaba a lo que requerían y sus necesidades fisiológicas las tenían que realizar de manera pública.
Durante esta diligencia también intervino Julián Gallo, quien fue conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada. El hoy congresista aceptó las torturas que les generaron a los secuestrados al amarrarlos con cadenas, con cuerdas, además de la presión psicológica para que no pudieran escapar. “Para presionar una negociación se le llegó a decir a sus familias y a los secuestrados, cosas que no correspondían a la realidad y que buscaban generar zozobra. Prácticas como decir su familia ya los olvidó, no los quiere rescatar”.
A su turno Rodrigo Granda aceptó ser culpable de la práctica del secuestro: “Yo participe en la conferencia donde esta política se aprobó, no puedo hacer lo de Pilatos: lavarme las manos. No estuve directamente donde se realizaron secuestros, pero eso no me exime de una responsabilidad colectiva”, dijo.
Ante estas revelaciones el procurador delegado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió que la extinta guerrilla de las Farc utilizó a las víctimas de secuestro para ganar dinero, “las vio como un instrumento para financiarse“. Cuestionó que incluso la extinta guerrilla de las Farc hizo alianzas con bandas criminales cuya tarea era identificar a las víctimas, secuestrarlas, y llevarlas a los campamentos guerrilleros.
“Se deshumanizó a las personas que sufrieron esos daños, pero también la distorsión sobre la empatía (…) las víctimas se convirtieron en un instrumento y se mercantilizó a la persona, se vieron casos de venta de secuestrados por armas o comisiones”, dijo el procurador.
Crudos relatos
En el segundo día de la audiencia de reconocimiento también se escucharon crudos relatos de víctimas del secuestro. Entre las historias contadas ayer conmovió la de la familia Díaz, que vivió tres secuestros, un atentado y desplazamiento forzado por parte de las Farc en el Huila.
Diva Cristina Díaz contó el drama que vivió su familia al enfrentarse a tres secuestros, el asesinato de su padre y el desplazamiento forzado de su hogar por presiones de las extintas Farc. La hija del comerciante secuestrado y asesinado Juan Antonio Díaz Calderón les exigió a los excomandantes decir si hubo terceros involucrados en este secuestro y cuáles fueron las razones por las que se ensañaron tanto con su familia, pues a parte de su progenitor, también fueron secuestradas dos familiares más.
Recordó que su padre fue secuestrado por el Frente 13 de las Farc a finales de 1998 y liberado un poco más de un año después tras pagar su rescate, para posteriormente ser asesinado por agentes sin identificar a finales del 2000. Tristemente, lamentó Diva, el día en el que fue liberado, fueron secuestradas una de sus hijas y una sobrina.
La hija de Juan Antonio Díaz Calderón les reprochó a los excomandantes ellos acabaron con su familia. Pero reconoció que “tenemos que perdonar. De alguna manera tenemos que salir adelante”, refiriéndose a la muerte de su padre y a los secuestros de su prima y su hermana. Asimismo, hizo un llamado al recuerdo de la fiscal Cecilia Giraldo “quien fue una mano amiga en la búsqueda de mi familia”. La fiscal Giraldo fue una de las víctimas que murieron en la explosión de la casa bomba en Neiva el 14 de febrero de 2003.
Un llamado de paz
En el marco de la diligencia durante una de sus intervenciones el último máximo jefe del secretariado de las Farc, Rodrigo Londoño, les envió un mensaje a los guerrilleros que se apartaron del proceso de paz y continuaron delinquiendo en disidencias y otros grupos.
El llamado de Londoño, conocido en la guerra como ‘Timochenko’ se dio luego de que otro de los exjefes de las Farc, Milton de Jesús Toncel (‘Joaquín Gómez’), invitó a los mandos medios de la extinta guerrilla a aportar información para esclarecer las verdades del conflicto y el paradero de los desaparecidos.
“No hay estudiantes malos, sino profesores malos. Y aquí no hay guerrilleros malos, sino malos comandantes. Nosotros fallamos en eso, y me acojo al mensaje que le envía Joaquín a la guerrillerada”, dijo Londoño.
Y añadió: “Quiero agregar un mensaje más. Yo sé que en algún lado nos pueden estar escuchando los que se abrieron de este proceso. Si están escuchando estos testimonios, creo que son un estímulo para que vuelvan a retomar el camino”.
La diligencia que continuará y culminará este 23 de junio es clave en el camino para formular las primeras sanciones contra los excomandantes guerrilleros, y fue posible luego de algunos aplazamientos que generaron críticas de parte de las víctimas.
Los imputados por la JEP que comparecen en esta audiencia son Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Pastor Alape, Rodrigo Granda, Milton de Jesús Toncel y Jaime Alberto Parra.