Unas 304 familias víctimas del conflicto, que formaban parte de los proyectos de vivienda presentados por la administración anterior ante Findeter y otras instancias nacionales para su financiación, perdieron sus esperanzas de tener casa propia en Pitalito, debido a que las iniciativas no contaron con el apoyo del actual gobierno local para su cristalización.
Así lo denunciaron voceros de las organizaciones que representan a las familias que escogieron a Pitalito para vivir, luego de ser desterrados de sus regiones de origen por actores armados de izquierda y de derecha.
Miguel Rojas, dirigente de ese sector de la población, dijo que los proyectos que llegaron a instancias como Findeter, entidad que les dio el aval, fueron prácticamente sepultados debido a la falta de voluntad política del gobierno local, que no hizo nada para cumplir con los requisitos exigidos por ese organismo para poder ejecutarse.
Dilataciones del proceso
Uno de esos proyectos fue el de Villa del Prado, que pretendía la construcción de 160 soluciones de vivienda para igual número de familias en situación de desplazamiento forzoso asentadas en el Valle de Laboyos. Esta iniciativa fue viabilizada por la entidad en abril de 2012, cuando se dio un plazo de dos meses al Municipio para presentar los requisitos y proceder a la aprobación y desembolso de los recursos.
Según el dirigente, esto nunca se hizo, y por el contrario, lo que se logró fue dilatar el proceso a tal punto que al final fue declarado inviable y los recursos se perdieron.
“Primero dijeron que el proyecto interrumpía el desarrollo vial, después que no era apto para este tipo de construcciones, y finalmente, resultaron con el cuento de que el proyecto presentaba problemas financieros”, dijo Rojas.
Igual suerte ha corrido el proyecto Las Brisas, presentado por la población víctima del conflicto que habita en el corregimiento La Laguna, a través del cual se pretendía solucionar el problema de falta de vivienda para 78 familias.
La última esperanza de que todos los recursos asignados por el Estado para proyectos de vivienda destinada a las víctimas no se perdieran del todo, era el proyecto-convenio suscrito entre el Municipio y el Banco Agrario de Colombia, para construcción de vivienda rural en sitio propio, pero también está a punto de hundirse debido a que no se presentaron las pólizas exigidas por la entidad para poder desembolsar los recursos.
“Todos los días hablan por los medios de que fueron a Bogotá, que se entrevistaron con el ministro, dicen cosas muy bonitas, pero a la hora de la verdad no hay nada concreto”, aseguró Miguel Rojas.
Alcaldía se defiende
El director Técnico de Vivienda del Municipio, ingeniero Alexander Aragón, aceptó que los proyectos fueron declarados inviables por parte de Findeter y Fonvivienda, pero que no ha sido por negligencia del gobierno local, sino “por la serie de dificultades técnicas de los proyectos”.
“Por múltiples circunstancias que se presentaron de orden técnico estos proyectos no fueron viabilizados. La comunidad desplazada ya conoce al detalle qué fue lo que pasó”, dijo el funcionario.
Afirmó además que el Municipio se ha presentado a las convocatorias hechas por el Gobierno Nacional para la construcción de vivienda gratuita, entre ellas las 365 que se iniciarán a construir próximamente por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de las cuales 91 serán para la población víctima del conflicto.
Protesta
Entretanto, las familias que se han visto afectadas por la negativa a esos proyectos anuncian demandas ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, por la presunta omisión de las obligaciones por parte del actual gobierno municipal con respecto a la gestión que debieron hacer para la cristalización de estas iniciativas.