El pasado sábado 24 de marzo, fue asesinado Manuel Ruíz junto con su hijo Samir, de 15 años de edad. Era un líder campesino de la comunidad de las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó, que se encuentra en proceso de reclamación de restitución de tierras, quien, junto con 37 campesinos más de la comunidad, venía siendo objeto de amenazas. La autoría del asesinato se la atribuyó un grupo de paramilitares pertenecientes a las Águilas Negras. Resulta indignante la actitud displicente que en este caso asumió el Gobierno Nacional frente a las condiciones de seguridad de Manuel Ruíz, si se tiene en cuenta que él había solicitado medidas de protección en tres ocasiones sin obtener respuesta efectiva. Estas razones son suficientes para imputar responsabilidad al Estado en éste crimen. Aún así la respuesta del Gobierno es cuando menos indolente, al pedirle a la comunidad que no se deje amedrantar por el asesinato de sus líderes, cuando debería estar empleando toda la fuerza del Estado para garantizar la vida y seguridad de éstas comunidades. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no puede ser letra muerta. Eel Gobierno no puede escatimar esfuerzos para garantizar la efectividad de la restitución, mucho menos, puede asumir una actitud pasiva frente a la situación de vulnerabilidad de las víctimas, en un contexto de plena vigencia del conflicto armado interno, de total permanencia de las estructuras de los ejércitos al margen de la ley, incluidos por supuesto los paramilitares hoy con otros ropajes y liderazgos. Rechazamos con vehemencia el asesinato de Manuel Ruiz y de su hijo Samir, y expresamos nuestra solidaridad a su familia y a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. Exigimos al Gobierno Nacional que rectifique su aptitud negligente y adopte medidas suficientes para garantizar la protección integral de los derechos humanos de estas comunidades, y en general, de todas las victimas que se encuentran en proceso de reclamación de sus tierras, pues de lo contrario, no solo se pone en riesgo la efectividad de la restitución de tierras, sino que además se pone en entredicho la misma legitimidad del Estado. Así mismo, consideramos que es necesario que el Gobierno revise su estrategia de combate a las mal llamadas bacrim, pues es cada vez más evidente que éstas no son simples grupos de delincuencia común sino que cuentan con verdaderas estructuras paramilitares, por lo tanto, el tratamiento policivo resulta insuficiente para su efectiva desarticulación.