Se quedan cortas las palabras para describir el gravísimo problema de orden público, social y humanitario que enfrenta por estos días una vasta región del departamento de Norte de Santander conocida como el Catatumbo como consecuencia del ‘infierno’ que desató la guerrilla del Eln contra el frente 33 de las disidencias de las Farc.
Las cifras son devastadoras: más de 80 personas asesinadas y miles y miles de hogares desplazados. Con el pasar de las horas, la situación se torna más dramática. El estadio de fútbol General Santander de la ciudad de Cúcuta debió ser acondicionado como albergue para recibir a familias enteras que han debido abandonar sus viviendas y huir en medio del miedo y el desespero.
La verdad es que la guerra entre el Eln y las disidencias de las Farc ya se veía venir. Fueron muchas las advertencias que desde el año pasado se habían hecho sobre una inminente disputa por el control del narcotráfico y otras economías ilegales y el dominio territorial en el Catatumbo. Las autoridades sabían, por ejemplo, de un supuesto pacto de no agresión entre estos grupos ilegalmente armados, que al tiempo aprovecharon la “generosidad” del Gobierno de Gustavo Petro, a través de su política de ‘Paz total’, para continuar con sus actividades criminales y fortalecerse.
Dicho en otras palabras: el Gobierno prefirió mirar para otro lado mientras le daba a ambos grupos ilegales concesiones a través de los diálogos y conversaciones de paz. Fue una apuesta estéril que hoy tiene consecuencias catastróficas para miles y miles de familias colombianas.
Toda la sociedad colombiana debe condenar sin ambages la violencia protagonizada por el Eln y las disidencias de las Farc en el Catatumbo, y exigirle al Gobierno y a la institucionalidad colombiana las acciones que sean necesarias para proteger a la población civil.
Lo que está pasando hoy en el Catatumbo debe además de servir de lección frente a otras regiones del país, incluyendo el Huila, en donde varias vertientes de las disidencias de las Farc buscan hacer de las suyas a través de los ‘bombazos’, los secuestros, las extorsiones, el reclutamiento de menores, entre otros delitos.