En un acto de elemental justicia y de prevalencia de los derechos fundamentales como elemento clave de la democracia, el Consejo de Estado le ha devuelto su personería jurídica a la Unión Patriótica (UP), institución que ya hacía parte de la antigua historia nacional y solo servía como doloroso referente de uno de los actos más infames dentro del conflicto armado, esto es el exterminio de una agrupación democrática a través del asesinato de cerca de tres mil de sus líderes y militantes a lo largo y ancho del país. Más allá de la línea ideológica de la UP, es una buena y saludable noticia su “resurrección” jurídica, justo en momentos en que se discute en La Habana – entre el Gobierno colombiano y las Farc – las formas de que un grupo alzado en armas se integre a la vida política nacional.
Vale rememorar que la UP fue fundado en 1985 como parte de una propuesta política legal de varios grupos guerrilleros, entre ellos las Farc. Y es bueno señalar que, luego de un par de años, la gente de la UP tomó distancia de los grupos insurgentes y llamó a negociar una paz democrática y duradera. Pero lo trágico llegó con una campaña de verdadero exterminio contra sus miembros, que incluyó los asesinatos de dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, ocho congresistas, trece diputados, setenta concejales, once alcaldes y cerca de tres mil de sus militantes por grupos de extrema derecha, del cual hacían parte reconocidos paramilitares, miembros de fuerzas de seguridad del Estado, políticos y narcotraficantes. Muchos de los sobrevivientes abandonaron el país y no han regresado.
La UP había perdido su personería jurídica luego de que en las elecciones de 2002 no obtuvo representación en el Congreso; el fallo ahora reconoce que las circunstancias de exterminio sistemático contra dirigentes y militantes del partido fue la causa por la que no se presentaron a las elecciones y por tanto no obtuvieron representación. Para muchos, el capítulo de la UP es una puerta sin cerrojo en la historia contemporánea de Colombia. En buena medida porque la impunidad que caracterizó a la mayoría de procesos penales que se abrieron, terminó creando un interrogante mayor: ¿Quiénes promovieron el exterminio de este grupo político y por qué no se castigó debidamente a los culpables? Preguntas sin resolver o con apartes en negro. Y en ello aún está pendiente una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se apresta a tomar la histórica decisión de remitir o no el caso a la Corte Interamericana, con altas posibilidades de que el Estado sea condenado por el exterminio de este movimiento político, y la Fiscalía avanza en el estudio de más de 200 expedientes que estaban archivados.
Vuelve la UP como un aleccionador respiro democrático. Como una apuesta más por la paz.
“¿Quiénes promovieron el exterminio de este grupo político y por qué no se castigó debidamente a los culpables?”
Editorialito
Ocho militares fueron llamados a juicio por un ‘falso positivo’ ocurrido en febrero de 2008 en Suaza. Este no fue el único caso. Otras muertes extrajudiciales, cometidas en el Huila, mucho antes que los casos de Soacha, siguen en la impunidad. ¿Qué pasaría?
