En virtud de la decisión del Consejo de Estado quedó aclarado que el órgano competente para investigar la campaña presidencial -por presunta violación de los topes permitidos para la campaña presidencial de 2026- es el Consejo Nacional Electoral-CNE; a partir de ese momento el panorama político se ha venido enrareciendo aún más.
La investigación de naturaleza administrativa que adelantó el CNE recaudó todas las pruebas documentales sobre los gastos de campaña y concluyó, según la prensa nacional, que la campaña de Petro violó los topes por más de 5.000 millones de pesos. En consecuencia, se han formulado cargos en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro y en unos meses esta instancia procesal habrá de agotarse.
Después, el turno será para la Comisión de Acusaciones (conocida también como Comisión de Absoluciones) de la Cámara de Representantes para que adelante la investigación a fin de que se configure un proceso de indignidad contra Petro. Una vez recaudadas y estudiadas todas las pruebas que provengan del CNE, en plenaria (léase bien, en plenaria) decidirán si archivan el proceso o acusarán a Petro, ante el Senado, a fin de que se declare como indigno. Es lo que se conoce como juicio político.
El trámite que no es otra cosa diferente a lo que consagra la Constitución en sus artículos 109, 174 y 175 y en la ley 5ª en su artículo 6 (inciso 4) no es ningún golpe de Estado, es apenas una fórmula institucional que contempla el mismo Estado de Derecho para efectos de un juicio por responsabilidad política (juicio político) que Petro quiere burlar y pisotear para quebrar el orden constitucional.
Sea esta la oportunidad para reiterar que como proceso político (no penal), el diseño institucional consagra las instancias correspondientes para un juicio de naturaleza política que, en otro momento e instancia, podría pasar a la órbita de la Corte Suprema Justicia en calidad de un proceso penal (no político, en sentido estricto).
Ahora, escuchando la alocución de Petro debemos insistir que el país no puede permitir que se subvierta la realidad. Así las cosas: 1) la mayor afrenta es no querer someterse al imperio de la ley, la Constitución y las instituciones; 2) que quien ha puesto históricamente en peligro la estabilidad de las instituciones es el mismo Petro que desde sus días en la guerrilla hasta hoy, en calidad de inquilino de la Casa de Nariño, hace un llamado irresponsable y temerario a la movilización del pueblo petrista (porque obviamente el pueblo colombiano no es en su totalidad petrista); y 3) que por mandato constitucional, la fuerza pública debe garantizar el orden constitucional cuando se vea amenazado.
Más allá de la contradicción que en los términos significa la alocución de Petro para la gestión del orden público, vale la pena resaltar que así como Petro exige que sus opositores (enemigos para él) sean sometidos a la ley, él mismo se pone por encima de la ley para victimizarse y esquivar la responsabilidad que les ha exigido a quienes tanto odia.
Tal como se puede apreciar con facilidad, y desde un ángulo institucional y democrático, no estamos ante un golpe de Estado sino ante el cumplimiento de la misma Constitución que Petro juró respetar y cumplir. De no hacerlo, el hombre del M-19, quedará por fuera de la carta política.
Dejando el tema por hoy hasta acá, el 5 de septiembre en esta misma tribuna escribí una entrega titulada “Se vienen días difíciles” en la que dije: “hoy ya no resulta gran descubrimiento afirmar que a Petro nunca le ha gustado cumplir la ley. Históricamente ha militado por fuera de la misma y eso lo llevó a prisión en los años ochenta. Con ese antecedente, muchos apostarían a que no cumpliría la Constitución, promovería una insurrección, desataría la violencia en las calles, se victimizaría frente a la comunidad internacional y quebraría todo el orden constitucional. ¿Lo hará?”.