La Nación
¿Y quién con nosotras? 1 24 octubre, 2021
COLUMNISTAS OPINIÓN

¿Y quién con nosotras?

Andrea del Pilar Bautista Perdomo

Las violencias contra las mujeres son una violación a los derechos humanos, una problemática a nivel social y de salud pública. A su vez, la violencia de género directa más extrema es el feminicidio, que en Colombia se encuentra regulado por la Ley Rosa Elvira Cely (1761/2015), en conmemoración de quien fue brutalmente golpeada, violada y empalada por su compañero de estudio, Javier Velasco Velásquez en el Parque Nacional de Bogotá hace 9 años. Debido a su asesinato, se impulsó la creación de este nuevo delito, que colocaba no sólo una discusión jurídica, sino social, en torno a qué significaba la condición de género para determinar ciertas discriminaciones y violencias en razón del ser mujer.

Se suponía que a partir de entonces, las autoridades policiales y judiciales, que son quienes por un lado, atienden de manera urgente un conflicto entre ciudadanos, y por el otro, quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia, serían formados y capacitados para comprender este tipo de situaciones para que, en su ejercicio profesional, defendieran los derechos humanos, más específicamente, los derechos de las mujeres. Sin embargo, lo que observamos día a día es la revictimización, donde ni las instancias judiciales ni la policía, ayudan o impulsan a realizar denuncias con estas características, más bien maltratan aún más a las mujeres que, después de un largo y tortuoso tiempo de violencias vividas, deciden buscar auxilio.

Cuando una mujer se dirige a un Comando de Atención Inmediata (CAI) o a un edificio de la Fiscalía, es porque su vida está en riesgo, porque teme que las amenazas, persecuciones o incluso golpes, trasciendan a una situación de agresión extrema a su vida y/o integridad física; pero se encuentran con servidores públicos que cuestionan sus sentimientos, emociones y decisiones, que utilizan prejuicios sexistas y misóginos para desmeritar los hechos acontecidos, para finalmente enviarlas a la casa donde posiblemente se encuentre su violentador, o en el menor de los casos, decirle que se dirija a otra oficina, o que venga en un horario distinto, y así con el pasar de los días, la posibilidad de acontecer un feminicidio es mayor. Hago un llamado a los diferentes entes que se supone han de trabajar por ayudar a la sociedad civil, para que se responsabilicen con seriedad y compromiso en la erradicación de violencias de género, donde mínimamente sean leídas las leyes establecidas y se preste un servicio en favor de las víctimas.