María Consuelo Plazas Serrato
Hace algún tiempo manifesté mi desacuerdo frente al Proyecto de Ley que buscaba implementar la pena de prisión perpetua para castigar a quienes cometieran delitos sexuales contra menores de edad. La semana pasada en un hecho histórico dicho Proyecto fue aprobado por unanimidad en el Congreso de la República, lo que implicaría modificar el artículo 34 Constitucional que prohíbe, entre otras, la prisión perpetua.
Sobre el particular debo decir que hoy, una vez más, expreso mi disentimiento frente a esta reforma, por considerar que lejos de constituirse en una garantía constitucional para los menores de edad, solo evidencia y confirma el populismo punitivo que impera en nuestro país. Así, pasaré a exponer dos de los principales argumentos -aunque existen muchos más- por los que considero que esta medida no es la más adecuada.
En primer término conviene subrayar que existe una flagrante afectación a la dignidad humana de los condenados. Quienes defienden la reforma, afirman que se está salvaguardando a los menores de edad, al ser sujetos de especial protección constitucional. Sin embargo, ignoran que la cadena perpetua no es la vía idónea para restaurar los derechos de las víctimas, por el contrario, es tan solo un medio para vulnerar los de los condenados, pues los deshumaniza a través de un discurso de exclusión que va en contra del principal fin de la sanción penal, esto es, la resocialización.
De otro lado, en gran medida existe inviabilidad económica, pues de acuerdo con un análisis publicado en 2019 por la Comisión Asesora de Política Criminal, con la aprobación de la cadena perpetua, el Estado tendría que pagar más de 29 mil millones de pesos anuales, sin incluir los costos de construcción de más cupos carcelarios, si se tiene en cuenta que el hacinamiento en las prisiones colombianas es mayor al 50%.
Como se ve, con la imposición de la cadena perpetua, el Estado se está enfocando más en las costosas y “ejemplares” sanciones para los agresores que en atender las necesidades básicas de este sensible grupo poblacional. No olvidemos que debería ser más relevante prevenir y mitigar las dificultades sociales para protegerlos, que pretendiendo falazmente que con la utilización de la pena como mecanismo de control social, se evitarán los delitos contra esta población.