Marcos Silva Martínez
El poder público, asumido como apetitosa golosina y fuente de diversas rentabilidades, no puede construir ni significar ejercicio de verdadera democracia.
En una verdadera democracia, el bien general debe estar siempre por encima del interés particular. Gobiernos irresponsables no responden a ese imperativo. Los órganos de poder, son quienes deben estructurar el ordenamiento legal y los mecanismos para hacerlo cumplir y de esa manera garantizar la progresividad de la estructuración democrática del poder.
Nada de lo anterior es posible cuando el poder se persigue y se toma para satisfacer intereses personales, bajo la impronta de la codicia, la mezquindad y la perversidad.
Es precisamente, lo que ocurre en Colombia, en todos los niveles del poder público, partiendo desde el festín de las promesas y maniobras electorales, en muchos casos delictuosos, tales como uso o anuncio de documentos o títulos falsos, compra de votos y conciencias para ser elegido o nombrado. El objetivo es el poder, no el servicio.
Es el panorama que domina el festín electoral y burocrático colombiano, coadyuvado por una institucionalidad laxa y permisiva, unas organizaciones políticas proclives a la inmoralidad y a la antidemocracia y una sociedad permisiva, tolerante y cómplice.
Lo que ha ocurrido y ocurre en el municipio de Neiva (megacolegios, supuestos intercambiadores que no lo son, estadio, reservorio, malla vial, PTAR, bocatomas, esperpento de canalización del Río Las Ceibas, etc.), y en el departamento del Huila (fracaso en contrataciones para recuperación de malla vial, ordenamiento territorial, Riego Tres Pasos, Paicol-Tesalia, plantas de tratamiento de aguas residuales, etc.), no son la excepción.
Son hechos comunes en todos los departamentos y municipios de Colombia.
Son hechos que evidencian la permisividad y tolerancia cómplice de gobernantes con el caos y anarquía del poder, cuyo precario perfil ético, moral, político administrativo, y de sentido de responsabilidad social, los hacen posible.
La historia ha demostrado que para que una sociedad pueda lograr sus objetivos, requiere de alguien que piense, organice, dirija y asuma responsabilidades.
Es posible lograrlo: Son ejemplos; Corea del Sur, Singapur, Vietnam (de mayor visibilidad hoy), entre otros, en los últimos 70 años.
Ese alguien, no debe imponerse con maniobras, engaños y falacias. Debe ser suficientemente capaz, mental, emocional y en conocimientos, para poder organizar, dirigir el desarrollo y que le permita rodearse de subalternos, idóneos para las funciones que asumen (en Neiva y Colombia, esto siempre ha sido un fracaso y por eso esta como esta).
Ese alguien debe ser elegido entre los más capaces, intelectual y moralmente y es aquí donde el elector debe refinar su responsabilidad y su malicia, para no dejarse deslumbrar, por oportunistas falaces y perversos.
Esos oportunistas, falaces y perversos, asumen el poder para ponerlo al servicio de sus mezquinos intereses, enriquecerse a sí mismos, y al séquito de aduladores y usufructuarios del poder, mediante acciones y decisiones que los benefician o a través de la contratación pública.
Cuando funcionarios de excepción, informan que por corrupción el presupuesto pierde más de $50 billones anuales, el alto poder prefiere dar palos de ciegos, antes que afectar intereses de bandidos. De este flagelo es víctima la mayoría de colombianos. $50 billones es más del 70% del IVA anual que pagan los colombianos.
Es el reflejo del caos y anarquía en el manejo de los recursos públicos y de la desatinada elección de gobernantes.
Es un alerta al elector, ante la piñata de candidatos de precario perfil intelectual, y moral, que ofrecerán de todo en la próxima campaña, mientras la nación continúa a la deriva con el actual gobierno Uribe-Duque y sus secuaces.
El elector debe hacer todo lo posible para precisar las calidades humanas, potencial de conocimientos, estructura ética y moral de cada candidato, antes de decidir por quién votar. Votar mal es auto-flagelarse y condenarse a sí mismo.