Juan Carlos Aguirre Macías, quien sufría lesiones en los brazos que le impedían moverlos, fue asesinado y presentado como guerrillero de las Farc por cuatro miembros del Ejército en zona rural del municipio de Íquira. El próximo martes el Ejército en audiencia virtual pedirá perdón y excusas a la familia del hombre. “Yo no perdono…”, dijo María Gladys Macías, madre de la víctima.
Rafael Rodríguez C.
Excusas y perdón pedirá el Ejército a través del comandante de la Quinta División, mayor general Oscar Reinaldo Rey Linares, a la familia de Juan Carlos Aguirre Macías, asesinado a manos de un oficial y tres soldados que lo presentaron como guerrillero en zona rural del municipio de Íquira el primero de febrero de 2008.
La ceremonia, que será virtual, se realizará el próximo martes 31 de mayo a las diez de la mañana y además del alto oficial estarán presentes el comandante de la Novena Brigada, coronel Edwin Becerra Díaz, María Gladys Macías, mamá de la víctima y Juan Carlos Aguirre Macías, hermano, además de la magistrada de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Sonia Clemencia Uribe, entre otras personas.
La orden de las excusas fue dada hace tres años por la jueza Novena Administrativa de Neiva, María Nancy Trujillo Áviles, al condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército por la muerte de Juan Carlos y hallarlos responsables de los daños morales y materiales a la familia de la víctima. “No han tenido claridad respecto de los hechos que rodearon la muerte de su familiar…”.
La togada además ordenó al Ejército realizar un programa de concientización dirigida a los militares “a fin de fortalecer en ellos el respeto por los derechos humanos y el debido cumplimiento de nuestra Carta Política, con el objeto de no repetir situaciones tan traumáticas como la demostrada…”.
Los uniformados acusados por el crimen de Aguirre Macías fueron el entonces teniente Felipe Andrés Ramírez Gómez y los soldados James Horacio Garrica Muñoz, Luis Esper Charry Solano y Wilfredo Villamizar Bautista.
La Fiscalía les endilgó los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio en persona protegida agravado.
“No perdono”
María Gladys Macías, que había creído durante cuatro años que su hijo se encontraba desaparecido, sintió que el mundo se le acababa cuando le confirmaron que había muerto a manos del Ejército en la vereda Potreritos en límites de los municipios de Íquira y Teruel.
Sostuvo que la herida que lleva en el corazón no se borra con las excusas que ofrecerá el Ejército. “Yo no perdono, el que perdona está en el cielo que es mi Dios, los excuso de pronto, pero no los perdono porque ese ser yo lo llevé en mi vientre nueve meses, ¿cómo va a perdonar uno a una persona que le mata al hijo?, yo no perdono”, dijo la acongojada madre en diálogo con LA NACIÓN.
En el mismo sentido se expresó Mauricio Aguirre, hermano de la víctima. “Yo no les perdono, uno nunca olvida, a mí me quitaron mi único hermano. Con él hoy estaríamos sacando a mi madre adelante en su vejez. Yo quiero que destituyan a los militares que todavía están activos”.
A la JEP
Los cuatro uniformados, Ramírez Gómez, Garrica Muñoz, Charry Solano y Villamizar Bautista, se encuentran en la Jurisdicción Especial para la Paz, desde hace tres años cuando solicitaron que su proceso fuera trasladado.
A la fecha ninguno de ellos ha comparecido ante los magistrados de la justicia especial y la familia de Aguirre Macías aún se encuentra esperando que les digan por qué lo sacaron de la casa y asesinaron.
El fiscal no alcanzó a acusar a los uniformados ante el Juez Primero Penal Especializado de Neiva con Funciones de Conocimiento ante el traslado del proceso a la JEP. “Como es un caso relacionado con el conflicto armado quien debe definir la situación debe ser la JEP y por ello se ordena remitir el expediente a la sala situaciones jurídicas para que se pronuncie”, manifestó el juez en la audiencia de acusación el 25 de noviembre de 2019.
Se lo llevaron con engaños
“Mi hermano estaba almorzando cuando vino un tipo con corte militar, lo recogió en la casa y le dijo que tenían un trabajo para hacer, se lo llevaron”, recordó su hermano Mauricio.
El asesinato de Aguirre Macías, quien sufría lesiones en las manos que le impedían moverlas al igual que los brazos tras un ataque a machete en 1998, ocurrió en la vereda Potreritos en el municipio de Íquira a las 8:30 de la noche del primero de febrero de 2008.
El hombre, ese día hacía las 11:00 de la mañana, con engaños de un trabajo fue llevado a la vereda por un militar, cuando se encontraba en su vivienda en compañía de su mamá en el barrio Santa Inés de Neiva. “El militar iba con camuflado, con sus botas, con camisa, todo completo, yo lo vi…”, dijo un testigo presencial y amigo de Aguirre a las autoridades.
El uniformado al parecer era conocido de la víctima. “Ya lo habíamos visto varias veces, cuando estábamos sentados tomando una vez llegó ese mismo militar y lo llamó, él salió, hablaron y yo le pregunte qué es lo que quiere ese man y me dijo no es un negocio. Lo vi como dos, tres veces con él”.
“Montaron una escena”
La muerte de Aguirre Macías, quien se dedicaba a la comercialización de monturas de gafas, ocurrió a manos de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas número 11 de la Novena Brigada del Ejército.
En la acusación la Fiscalía señala que el teniente Ramírez Gómez señaló en el informe militar que a las 2:00 de la tarde del primero de febrero se adelantó un movimiento motorizado hacia Íquira con el fin de “localizar un grupo de sujetos encargados de cobrar extorsiones realizadas por la guerrilla…”.
Agrega que hacía las 7:50 de la noche se aproximó una motocicleta, le hicieron la señal de alto, el conductor apagó la luz de la motocicleta, “mientras que el parrillero se bajó abriendo fuego, mientras que el conductor aprovechando la sorpresa del ataque dio vuelta a la moto y emprendió la huida…el pasajero cae abatido”, dijo en el informe el teniente Ramírez Gómez.
El fiscal en el escrito de acusación manifestó que los soldados Garrica Muñoz, Charry Solano y Villamizar Bautista, “accionaron sus armas contra la humanidad de Aguirre Macías”.
Indica que según lo informado por los militares que participaron en el operativo, al occiso le encontraron un arma corta calibre 38 “señalando además de ser miliciano de la cuadrilla 66 Joselo Lozada de las Farc…”.
Sostuvieron además que el hombre “pretendía realizar un atentado terrorista en los municipios de Nátaga, Íquira y Tesalia.
No podía disparar
Mientras que los militares aseguraron que el hombre disparó, la prueba de necrodactilia concluyó que “el hoy occiso ni estaba en capacidad física de disparar un arma de fuego (revólver) ni disparó arma de fuego la noche de su muerte, como lo señalan los militares”, sostuvo la Fiscalía.
En la acusación, el fiscal del caso señaló que la afirmación de los militares de haber sido atacados “no corresponde a la realidad, que la reacción no fue en legítima defensa ante la necesidad de salvaguardar sus vidas, que no hubo contacto armado con la víctima…”.
Precisó que la víctima fue ultimada en forma arbitraria amparándose en una misión militar por miembros de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No11, quienes luego de haberle dado muerte “montaron una escena, para simular un combate, dejándolo además sin documentos de identificación para que pasara como una persona no identificada, pues son las personas que se encuentran vinculadas a grupos al margen de la ley…las imágenes que realizaron en la inspección, dejan ver que la escena de los hechos no es una escena real de combate, pues siendo el occiso diestro (derecho), el revólver aparece al lado de su mano izquierda”.
Además lo ultimaron en un sitio retirado de su lugar de residencia “impedía que sus familiares o amigos tuvieran conocimiento de su ejecución, quedando para estos como desaparecido”.
El cuerpo sin vida fue trasladado a la morgue de donde fue trasladado al cementerio central de Neiva donde fue sepultado en una fosa junto con tres cuerpos más sin identificar.
La familia aún no entiende como en la Registraduría en el municipio de Íquira en el registro de defunción Juan Carlos aparece con su nombre completo y número de cédula, desde el mismo día de la inspección de cadáver 2 de febrero de 2008 y solo cuatro años después los llamaron para que fueran a Medicina Legal en la capital huilense a identificarlo. “Mi mamá dos días después de desaparecer él de la casa instauró la denuncia en la Fiscalía.