RICARDO AREIZA
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Después de casi tres años de formulada la imputación, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva inició ayer formalmente el juicio oral por presumibles irregularidades en la contratación de la primera fase del ‘Parque Isla”, actualmente en total abandono. Por estos hechos responden el ex alcalde, Héctor Aníbal Ramírez y el entonces gerente de Empresas Públicas de Neiva Juan Carlos Herrera.
Los dos ex funcionarios fueron acusados por la irregular contratación de los senderos peatonales y la plaza ceremonial, contemplados por la arquitecta, Diana Wiesner, diseñadora del parque Isla. Aunque incluía otros componentes, la administración delegó en Empresas Públicas su ejecución.
A su vez, la entidad tercerizó la contratación, lo que a juicio de la Fiscalía, pudo tipificar la conducta, que a partir de ahora se debatirá en el juicio oral. Terminadas las estipulaciones probatorias, el despacho judicial, programó para el 24 de febrero del 2020, la primera audiencia del juicio oral. Para soportar el debate jurídico se descubrieron alrededor de 7.000 evidencias probatorias y se anunciaron 14 testigos.
Los cargos
La Fiscalía les imputó cargos el 13 de enero de 2017 ante el Juez Tercero Penal Municipal Neiva de Control de Garantías. Luego, el fiscal delegado, Roberto Lozada Camacho los acusó por celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en calidad de coautores.
Esta conducta penal se configura cuando el servidor público por razón del ejercicio de sus funciones tramita contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales o los celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos.
La iniciativa contemplaba además, un malecón palafítico, muelles flotantes, senderos internos y un pasaje peatonal perimetral, en una extensión de 140 hectáreas.
Polémico encargo
Ante la imposibilidad de la financiación total, el alcalde decidió iniciar la primera fase. Empresas Públicas de Neiva fue encargada por el alcalde para ejecutar los dos proyectos, según convenio interadministrativo suscrito por la Alcaldía. Dos semanas después EPN lo adjudicó a dedo, sin licitación, con un particular por valor de 4.467 millones de pesos.
El contrato de obra 037 de 2010 fue firmado el 29 de diciembre del 2010 con el ingeniero José Ricardo Vargas Quintero. En otras palabras, el gerente en vez de ejecutar directamente la obra como estaba previsto en el convenio, la subcontrató, en favor del ingeniero Vargas Quintero. La tercerización en este caso constituyó el eje de la imputación.
En su criterio, la entidad no tenía la capacidad técnica, ni experiencia específica en intervenciones paisajísticas, construcción y reparación de vías (senderos) o en trabajos de construcción o adecuación de edificaciones como las contempladas en el proyecto original.
La conducta resulta del simple hecho de celebrar el contrato sin acatar los principios y normas de carácter constitucional y legal que rigen la contratación administrativa.
No hubo dolo
Sin embargo, en este caso, los dos imputados anunciaron que esperan desvirtuar en esta etapa del juicio oral los cargos imputados. En primer lugar porque las empresas de servicios públicos, se rigen por el derecho privado, lo que les permite, la contratación directa.
Por disposición de la Ley 142 de 1994 estas empresas no están sometidas al Estatuto General de Contratación Pública. “Como no teníamos todos los recursos para la ejecución total de la obra, decidimos iniciar una primera fase a través de Empresas Públicas. Adicionalmente, en estas actuaciones no está probado ningún dolo”, argumentó el ex mandatario.
Otros enredos
Adicional a estas obras, el alcalde realizó separadamente otras dos contrataciones polémicas, que lo tienen igualmente ‘enredado’.
La barcaza ‘La Magdalena’ como fue bautizada, tuvo un costo de inicial de 575 millones de pesos, aportados por Cormagdalena. El ensamble de embarcación con fines turísticos fue adjudicado al consorcio Muelles 2010 según contrato de obra N. 354 de 2010.
En mayo pasado, la Fiscalía les imputó cargos por indebida celebración de contratos sin cumplir con los requisitos legales y peculado por apropiación. Separadamente responden el ex alcalde de Neiva Héctor Aníbal Ramírez, su antiguo jefe de contratación Euclides Dussán García y el contratista, Juan David Camargo Luna, representante legal del consorcio Muelles 2010.
Muelles flotantes
Igualmente se estructuró otro proyecto complementario para el parque Isla de Aventura para construir dos muelles flotantes. Estos componentes fueron contratados por el Municipio y Cormagdalena con el mismo consorcio Muelles 2010. La inversión total alcanzó 914, 44 millones de pesos., incluyendo el navío de bajo calado. Aunque se invirtieron los recursos los dos sistemas nunca entraron en operación.
El primer muelle flotante desapareció de su sitio. La barcaza y el muelle flotante de Caracolí permanecen en avanzado deterioro. Los dos componentes costaron 1.489 millones de pesos.
La Contraloría General de la República abrió un juicio fiscal el 26 de noviembre de 2015. El ente de control les imputó responsabilidad al ex alcalde Héctor Aníbal Ramírez y a su jefe de Contratación, Euclides Dussán
