Mientras el asesinado ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, se jugaba la vida contra la mafia, el gobierno negociaba a sus espaldas con los capos del narcotráfico. Historia de una cruel felonía.
RICARDO AREIZA
Mientras las banderas flameaban a media asta en señal de luto por el crimen del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el presidente Belisario Betancur, negociaba a sus espaldas un pacto secreto con el Cartel de Medellín.
Aunque la indignación nacional seguía incandescente y el dolor de patria no lograba disiparse en medio de la consternación, el emisario presidencial, Santiago Londoño White, ultimaba los preparativos para la segunda reunión con los capos de la mafia que habían ordenado 48 horas antes el crimen de Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, hace 40 años.
La reunión tenía el visto bueno y la aprobación del presidente de la República interesado en negociar una especie de “paz total” con las guerrillas, pero también con los jefes del narcotráfico.
En medio de esa pesadumbre, el ex presidente liberal Alfonso López Michelsen anunció que asistiría a esa cita promovida por el gobierno con Pablo Escobar Gaviria, y sus principales socios, quienes habían aterrizado en Panamá la misma noche en que Lara Bonilla fue ultimado por sicarios de Escobar en complicidad con políticos y agentes del Estado.
Cuarenta años después, los documentos del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (National Security Archive, NSA) desclasificados el 15 de abril de 2024 parecen confirmar esas viejas conexiones.
Cita secreta
López Michelsen se encontraba en ese país en calidad de testigo de las elecciones en las que ganó Nicolás Ardito Barletta. Lo acompañaban también como testigos electorales Jaime Castro, Gustavo Balcázar, Felio Andrade Manrique y Álvaro Leiva Durán, el hoy suspendido canciller. Solo López conocía la agenda alterna con el Cartel de Medellín.
La cumbre secreta se celebró a escondidas el lunes siguiente 7 de mayo de 1984, en una lujosa suite del hotel Marriot en la capital panameña.
El encuentro era el segundo paso para avanzar en ese camino. El primero lo había dado el entonces procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, nueve meses antes en Bogotá.
La reunión comenzó a las tres de la tarde. “Entre los presentes se encontraban Pablo Escobar y un miembro de la familia Ochoa, a quienes en ese momento no identifiqué, sencillamente porque no los conocía”, según lo confesó años después el expresidente López.
También asistieron Carlos Ledher y Gonzalo Rodríguez Gacha (‘El Mejicano’).
La vocería la llevó Pablo Escobar y Jorge Luis Ochoa Vásquez.
Aunque todos sabían los detalles del magnicidio, los capos negaron de entrada su participación en el crimen de Lara Bonilla, pero se quejaron de supuestos atropellos contra sus bienes y familias.
No obstante, anunciaron su intención de abandonar el narcotráfico y entregar sus fortunas, si el gobierno se comprometía a no extraditarlos.
Las ofertas
La reunión duró una hora. López les aseguró que informaría al presidente Betancour los detalles de la reunión y el alcance de las propuestas.
“Dijeron que representaban a unas cien personas que constituían la cúpula de la organización de la cocaína, que habían tomado diez años en formarse y que trabajaban en coordinación con gentes de Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú con cómplices en Estados Unidos”, relató López Michelsen.
También hablaron sobre sus relaciones con el Ejército.
“Luego me dijeron que querían abandonar el negocio de la droga y que si el gobierno se comprometía a no extraditarlos, estaban dispuestos a entregar las avionetas, los laboratorios, las pistas y las rutas”, detalló López Michelsen.
“Hablé con el presidente por teléfono. Le hice un relato o una exposición sucinta de la conversación y me fui para Miami”, escribió el ex jefe liberal.
“Lo que están ofreciendo es una capitulación”, recordó en un libro sobre sus memorias.
“Si quieres, mándame a una persona de tu confianza para indicarle como es la cosa”, le recomendó. Días después le envió al ex ministro de Comunicaciones Bernardo Ramírez, el otro emisario presidencial, clave en las negociaciones secretas con el Cartel de Medellín.
El Plan Ramírez
En realidad, los encuentros secretos habían comenzado en septiembre de 1983, en momentos en que Lara Bonilla, se enfrentaba a los barones del narcotráfico. En esa época hubo una reunión con el entonces el procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, quien los recibió en su despacho.
Fueron tres entrevistas en su oficina en el centro de Bogotá. La primera fue en septiembre y dos más a principio y a finales de octubre de ese año.
Por esas gestiones hasta ese momento desconocidas, el ex ministro Bernardo Ramírez (ya fallecido), invitó al procurador Jiménez Gómez a una reunión en el Hotel Tequendama donde se oficializó la invitación para que lo acompañara a una nueva cumbre con los capos que habían ordenado el crimen de Lara Bonilla.
Ramírez le contó en detalle los resultados de la entrevista con los capos con el ex presidente López. Jiménez Gómez asintió. Antes, le consultó al ministro de Justicia Enrique Parejo. Sin embargo, Parejo negó esa versión.
La idea era continuar con el ‘Plan Ramírez’, sin que se supiera que detrás de esa iniciativa estaba el propio Jefe del Estado.
El procurador Jiménez Gómez, fingiendo una misión oficial, viajó a Panamá. Lo acompañó su asesor Jaime Hernández Salazar.
Los dos viajaron en una avioneta privada del arquitecto Santiago Londoño White, el hombre que concertó la reunión del ex presidente López con los jefes del Cartel de Medellín.
Los dos funcionarios de la Procuraduría se alojaron en el hotel Soloy de la capital panameña. La reunión se realizó el 29 de mayo de 1984. Asistieron Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, José Antonio Ocampo Obando (‘Pelusa’) y miembros del Clan Ochoa.
Los memorandos
Durante la cumbre los capos ratificaron la oferta que le habían anticipado al ex presidente López Michelsen.
Sin embargo, no había nada escrito. Los ‘memorandos’ eran verbales. Sólo le pedían que le transmitiera al presidente Betancourt, sus intenciones.
“Mejor escriban un par de documentos, uno para el Presidente, otro para mí y otro para la embajada norteamericana y háganmelo llegar a Bogotá. No lo firmen, no digan de quien se trata para que ustedes no se pongan en riesgo si es lo que quieren, que yo me encargo de hacerlo llegar a su destino”, les respondió Jiménez Gómez. Así lo hicieron.
Tres días después, el memorando escrito estaba en sus manos. Se trataba de un documento de seis páginas, las dos primeras con una nota dirigida al presidente Belisario Betancourt con el nombre de sus autores, pero sin firmas. Estaba fechado el 29 de mayo de 1984.
En las cuatro páginas restantes presentaban la propuesta para el desmantelamiento del negocio del narcotráfico. Entre otras, el desmonte de “la infraestructura global”, incluyendo la “identificación y entrega de laboratorios en el país”, las pistas clandestinas y la “enajenación de aeronave vinculadas al narcotráfico. El memorando terminaba con varias “sugerencias”, entre ellas que no se aplicara “el Tratado (de Extradición) a los hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de su vigencia”.
La tormenta
El documento se filtró desatando una tormenta. El 4 de julio de 1984 Juan Manuel Santos, subdirector de El Tiempo, soltó la bomba: “Narcotraficantes formulan propuesta al Gobierno Nacional”, tituló a cinco columnas.
El Espectador, víctima de Escobar, indignado como el resto del país mostró la otra cara: “Los contactos con la mafia”.
“No es posible aceptar negociaciones con las personas que participan en organizaciones que controlan el tráfico de cocaína”, respondió Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado el 18 agosto de 1989 en la plaza de Soacha (Cundinamarca) en plena campaña política.
El país escandalizado repudió cualquier acercamiento. En el Huila, aun horrorizado, retumbaba el discurso que pronunció Belisario Betancur el 3 de mayo de 1984 en la catedral La Inmaculada de Neiva durante el sepelio del ministro asesinado: “Ante el justo reclamo colérico de su comarca, y de esa gente que reclama justicia, habrá justicia, justa y oportuna. Habrá castigo implacable, sin zafa, habrá autoridad firme, sin excesos”, juraba el jefe del Estado ante el féretro de ministro asesinado.
Luego de 40 años, solo hay un condenado, Byron de Jesús Velásquez, de la banda Los Priscos, convertida luego en la Oficina de Envigado (hoy el Clan del Golfo).
Lara Bonilla se jugó la vida contra la mafia, Y perdió. En esa lucha solitaria no logró frenar su frenética carrera que dejó 623 atentados que causaron 402 muertos y 1.710 heridos.
“Somos un país de ciegos”, afirmó Lara Bonilla antes de su asesinato. “En nuestra ceguera, hemos vendido nuestro país al mejor postor”, sentenció.
Cuando Lara Bonilla quiso abrirle los ojos a una sociedad invidente, las balas le apagaron su espléndido coraje.