José Manuel Acevedo M.
Como la realidad avasalla con frecuencia a las letras inmóviles, nadie tenía dentro de sus cuentas, ni en código escrito o norma especial alguna, que una pandemia de semejantes proporciones irrumpiría de la forma en que lo ha hecho el Coronavirus en el mundo entero.
Por eso, era imposible prever en 1992 -cuando se redactó y aprobó la ley 5ª que reglamenta los procedimientos legislativos- que un peligro de interrupción en las funciones del Congreso como éste, podía presentarse. No estaba para entonces tampoco desarrollada la tecnología con la que hoy contamos y, por lo tanto, era difícil imaginarse un escenario en el que los congresistas, por fuerza mayor, tuvieran que sesionar desde sus casas o desde sus ciudades de origen, distintas a Bogotá. Más que una autorización del Ejecutivo o una interferencia irregular de ese poder frente al Legislativo, se necesitaba una cartilla con fuerza legal suficiente para permitir que la marcha de las ramas públicas no se detuviera y se encontraran formas ingeniosas pero efectivas de seguir operando.
Así lo entendieron las Cortes, así varias asambleas y concejos y, después de muchos “ires y venires”, también así lo dispusieron el Senado y la Cámara con sendas resoluciones en las que hablaron de la necesidad de la virtualidad.
Con la decisión de la Corte Constitucional de los últimos días, la seguridad jurídica quedó por el piso, y aunque se dice que lo que se declara inconstitucional no es la virtualidad en sí misma sino la autorización que el gobierno le dio al Congreso para que pudiera reunirse a través de los medios digitales, en la práctica y dada la cercanía del próximo 20 de julio, hoy los parlamentarios no tienen claro si podrán reunirse ni virtual ni presencialmente por esta complicación que introdujo el alto tribunal constitucional.
Fueron 5 votos contra 4 y en un impecable, corto y contundente salvamento conjunto redactado por Antonio José Lizarazo, Carlos Bernal, Gloria Ortíz y Luis Guillermo Guerrero (magistrado que va de salida y que hará mucha falta en la Corte), queda más que claro que por encima de razones jurídicas e incluso por encima de los hechos, los magistrados que hicieron mayoría querían atravesársele al gobierno de Duque sin reparar en que, con su tesis, terminaron dejando de brazos cruzados al Congreso que no sabe cómo reaccionar al tenor del confuso comunicado de prensa con el que ahora tendrán que tomar una decisión para la próxima legislatura. ¡Cómo nos gusta enredarnos!