Al parecer los funcionarios autorizaron cancelar cerca de $ 400 millones, lo que pudo representar un detrimento patrimonial a las finanzas públicas.
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el secretario general (e) de la Superintendencia de Subsidio Familiar, Javier Eduardo Rocha Amarís, por el presunto pago de un servicio de transporte en época de pandemia, cuando los funcionarios hicieron su trabajo desde casa.
La Segunda Delegada para la Contratación Estatal adujo que, al parecer, el bilateral pactado con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco no se ejecutó, a pesar de lo que autorizó cancelar cerca de $400 millones, lo que pudo representar un detrimento patrimonial a las finanzas públicas.
El organismo de control señaló que tanto Rocha Amarís, como el coordinador del Grupo de Gestión Administrativa, William Alberto Acosta Romero, también incluido en el expediente, conformaban el comité operativo, y habrían incurrido en una irregularidad al firmar la certificación de cumplimiento del objeto del contrato y su correspondiente acta de liquidación.
De igual manera, la entidad validará la participación del contratista José Ignacio Sarmiento, particular en el ejercicio de funciones públicas, que estuvo encargado con Acosta de la supervisión del negocio jurídico.
Con esta etapa procesal y la solicitud de pruebas que se hizo la entidad busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.