Bajo cuatro principios, el gobierno de Gustavo Petro planea hacer la transición energética en el país: la equidad, la gradualidad, la soberanía y la confiabilidad; la participación social vinculante; y el conocimiento. Aquí están los principales apuntes del Ministerio de Minas y Energía sobre el tema.
El cambio climático, como fenómeno global, ha causado impactos, riesgos y vulnerabilidades crecientes en las sociedades, los ecosistemas y la biodiversidad. La crisis climática y ambiental está asociada al crecimiento insostenible del consumo de los recursos planetarios, que tiene como consecuencia la degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y afectaciones en salud. Las desigualdades sociales y económicas ocasionan que los impactos negativos derivados del cambio climático afecten de forma diferenciada, con mayor intensidad y de manera más frecuente, a los sectores y las regiones más vulnerables. La vulnerabilidad al cambio climático también es más intensa en las zonas tropicales. La transición de los sistemas energéticos permite la adaptación de las fuentes de energía y sus tecnologías para contribuir en la mitigación gradual de los impactos ocasionados a la crisis climática y ambiental. Este proceso se construye desde nuevos enfoques para el uso eficiente de los recursos naturales, según sus condiciones y limitaciones locales; se mejora a través de otros sistemas tecnológicos modulares y flexibles, que responden a las nuevas exigencias climáticas, y se actualiza permanentemente en la medida que surgen los avances sociales y técnicos.
La adaptación incrementa la confiabilidad y resiliencia de los sistemas, lo que reduce la probabilidad de afectación a la población en relación con la prestación de los servicios energéticos. En el corto plazo, la transición energética reduce las vulnerabilidades frente a los retos provenientes del cambio climático a través de la diversificación de la matriz energética con fuentes renovables de energía. La diversificación energética impulsa otras cadenas de valor como la generación distribuida y la gestión de la demanda, que aprovechan los potenciales energéticos locales con sistemas más eficientes.
En el mediano y largo plazo, la transición energética basada en la adaptación está asociada con el uso de tecnologías de la información y comunicación que digitalizan, fortalecen y flexibilizan los sistemas de transporte de energía y la capacidad de respuesta ante los déficits en el suministro energético (IPCC, 2022).
La transición energética es oportuna hoy para Colombia, no solo por los beneficios que ofrece a la población que tiene acceso a los servicios energéticos, sino también porque el Estado colombiano se ha comprometido con el fomento de la descarbonización de la economía, y con la mitigación de los efectos del cambio climático, principalmente a través de su participación en la Conferencia de las Partes.
Descarbonizar los sectores que sostienen la economía y adaptar los sistemas energéticos tiene una implicación directa sobre el uso de las fuentes energéticas, que obliga la apertura hacia otras de naturaleza renovable, que son abundantes y se pueden aprovechar en el territorio colombiano. El potencial significativo de fuentes de energía renovable en Colombia representa una oportunidad estratégica; por ejemplo: en la región Caribe hay un potencial alto de recursos solar y eólico, tanto en tierra como costa afuera. A lo largo de las principales cuencas hídricas se cuenta con un potencial hidroenergético, que puede impulsar el desarrollo de centrales hidroeléctricas de menor tamaño. Adicionalmente, los alrededores de las cadenas volcánicas presentan un potencial geotérmico significativo para generar electricidad, que se suma a la biomasa residual y los desechos municipales, que permiten la producción de electricidad, energía térmica y biocombustibles.
El programa de gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego y de la vicepresidenta Francia Márquez Mina propone una Transición Energética Justa, con metas nacionales y visión territorial. Los principales desafíos reconocidos en este programa de gobierno son tres: 1. la adaptación de los sistemas energéticos por las consecuencias adversas del cambio climático, 2. el tránsito de una economía extractivista a una economía productiva y 3. la instauración de la justicia social y ecológica, en la que la energía se erige como derecho universal. Con ello se busca convertir a Colombia en un referente y líder global en la adaptación de los sistemas energéticos para responder a las necesidades de la población y simultáneamente encarar la crisis ambiental del planeta, ocasionada por el calentamiento global.
Los principios
La Transición Energética Justa se soporta en cuatro principios: la equidad; la gradualidad, la soberanía y la confiabilidad; la participación social vinculante; y el conocimiento.
- La equidad: esta transición permite la democratización de los recursos energéticos y su gestión en un marco asociativo, que garantice precios justos. Además, se sustenta en el respeto a los ecosistemas y en una gestión energética que impacte en menor medida a la sociedad y al ambiente.
- La gradualidad, soberanía y confiabilidad: buscan sustituir progresivamente las fuentes energéticas fósiles por unas menos contaminantes como las renovables, con el fin de diversificar la matriz energética y asegurar la soberanía energética del país y la confiabilidad en el suministro de energía, ante las condiciones de una demanda nacional en crecimiento.
- La participación social vinculante: impulsa la creación de comunidades energéticas alrededor de características culturales, étnicas, territoriales y productivas, para que los/as colombianos tomen parte en la cadena de valor de la electricidad como consumidores y generadores, a través de esquemas asociativos, cooperativos o de otra índole.
- La transición energética intensiva en conocimiento: acerca a las instituciones de educación técnica, tecnológica y superior y las entidades de investigación y desarrollo con las iniciativas empresariales, para fomentar los cambios estructurales que exige la transición energética, como el desarrollo de la industria nacional asociada a las energías renovables y el mejoramiento de la eficiencia energética en todos los sectores consumidores. Este vínculo entre instituciones y entidades será dinamizado y coordinado por el nuevo Instituto Nacional de Transición Energética.