La confirmación esta semana por parte del Gobierno de Gustavo Petro de que una de las vertientes de las disidencias de las Farc autodenominada Estado Mayor Central está fragmentada y que su supuesto máximo jefe conocido como ‘Iván Mordisco’ está por fuera de las negociaciones de paz, produce no sólo desconcierto sino preocupación e incertidumbre.
La crisis de las negociaciones es evidente porque prácticamente el Gobierno Petro se quedó sin quién negociar la paz.
Fue ‘Iván Mordisco’ quien desde que asumió Gustavo Petro como presidente de la República presionó para que fuera tenido en cuenta en la política de ‘Paz total’ que pregonaba el recién llegado a la Casa de Nariño. Y lo consiguió con sangre. Fue una estructura de las disidencias comandada por ‘Mordisco’ la que cometió la masacre de 7 policías en el corregimiento de San Luis, zona rural de Neiva.
Con este sanguinario episodio que conmovió a los neivanos, ‘Mordisco’ aseguró su ingreso a la mesa de negociaciones, consiguiendo además un ‘bonus track’ que le dio el Gobierno Petro: un generoso cese al fuego, que él aprovechó para expandir durante todo 2023 y comienzos de 2024 sus estructuras armadas en regiones como el departamento del Huila.
Producto de ese fortalecimiento criminal, los huilenses han visto interrumpida su tranquilidad con homicidios selectivos en varios pueblos, masacres, atentados terroristas, ataques a unidades policiales y militares, quema de vehículos, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados, ‘carnetización’, confinamientos y reclutamiento de menores de edad, entre otros delitos.
Los permanentes ‘bombazos’ contra el comercio de Neiva, Algeciras, Gigante y Garzón este año son producto del cese al fuego concedido a ‘Iván Mordisco’ por el Gobierno Petro.
Con ‘Mordisco’ por fuera de las negociaciones, el Gobierno Petro debe preguntarse si valió la pena hacer concesiones a la criminalidad y dejar al garete la seguridad de los huilenses a cambio de qué. Y si con todo lo que está pasando vale la pena insistir en ello.