El mismo día en que un grupo de exaltados impedía groseramente al senador Gerlein dirigirse a la convención conservadora, Noticias Uno registraba en su emisión de TV imágenes de largas colas de aspirantes a puestos en el Incoder. Éstos últimos (provistos de la recomendación de algunos senadores conservador que en aquel mismo momento estaban retirándose airados de la convención conservadora) se disputaban afanosamente, y casi a codazos, los nombramientos en la impúdica maratón burocrática que se organizó allí el día antes de que entrara a regir la ley de garantías.
Estos dos hechos están relacionados políticamente. Y no se sabe cuál de los dos es más bochornoso.
De otro lado, las colas de postulantes a nombramientos masivos de última hora en el Incoder reflejan también, y de manera patética, lo que con razón aducen algunos como una reacción de las bases conservadoras, en especial de los jóvenes, que afloró durante la convención del partido: el repudio a las burdas prácticas clientelistas que han aparecido últimamente.
El gobierno le entregó a unos senadores (como si fueran cotos privados de caza) entidades cruciales del sector agropecuario. En ellas los dóciles directores hacen y deshacen, nombran y desnombran, dando la impresión de que obedecen más a sus jefes políticos que al gobierno. Y el Ministerio de tutela- en este caso el de Agricultura- aparece más como un espectador indolente de la piñata burocrática que como el vigilante que debe ser del cumplimiento de las políticas agrarias.
El asunto es especialmente deplorable tratándose del Incoder. Durante los primeros dos años y medio del actual gobierno se adelantó en esta entidad, que se recibió en estado deplorable ético y administrativo, una intensa labor de profilaxis. Se formalizaron títulos de propiedad por más de 2 millones de hectáreas para campesinos y comunidades indígenas y afro descendientes. Y se echó a andar un valeroso programa (que pisa callos y que se enfrenta a intereses inconfesables) por virtud del cual se activaron más de 1.500 expedientes que dormían el sueño de la indiferencia y la modorra en los anaqueles del Instituto desde cuando estuvo cooptado por el paramilitarismo. Con este programa se buscaba recuperar para el Estado cerca de un millón de hectáreas con las cuales habría de conformarse un “Banco de Tierras” con el cual hacer una política agraria audaz y moderna en favor de los campesinos sin tierra de Colombia. Todos estos programas parecen haberse paralizado durante el último semestre. Lo cual es supremamente grave.
El término de “mermelada” que inventó el ex ministro Juan Carlos Echeverri para describir la plausible política de distribuir de manera más equitativa las regalías en el territorio nacional, ha derivado con el correr de los meses en sinónimo de clientelismo y de voracidad burocrática como la que se viene observando últimamente en el Incoder.
Por eso los dos hechos de que trata esta columna están relacionados. El primero refleja una manera rupestre y bizarra de hacer, o mejor, de vociferar la política. El otro, una manera no menos vituperable de entregar las entidades públicas a los afanes burocráticos de unos pocos políticos; práctica contra la cual- y con toda razón- reaccionó la mayoría de los convencionistas conservadores.