Sergio Felipe Salamanca Borrero
Considero que Colombia ha llegado a un punto crítico en materia de transporte terrestre, específicamente, en lo atinente a peajes. Digo esto con ocasión de las diferentes manifestaciones de rechazo hechas por conductores particulares y transportadores a lo largo y ancho del país, debido al incremento de las tarifas de los peajes. Incrementos, que como en el caso del peaje de “La Pintada” (Antioquia), pasó de $19.900 a $66.700 para vehículos que transportan pasajeros y carga, de acuerdo con cifras publicadas por Semana. Otro de lo casos que generó bastante descontento fue el de los peajes ubicados sobre la vía al Llano, con incrementos de más del 9% en todas las categorías, de acuerdo con cifras publicadas por El Espectador.
Son precisamente estos incrementos, los que pueden poner en jaque el proceso de recuperación de los diferentes sectores de la economía que se han visto fuertemente afectados por la emergencia sanitaria, dentro de los cuales se destacan el sector turismo y transporte. Situación que en el caso del Huila adquiere un especial significado si se toman en consideración los cinco peajes que existen en la ruta Neiva-Bogotá, o los absurdos e irracionales precios que puedan llegar a tener los pasajes aéreos desde o hacia Neiva.
Ahora bien, lo llamativo de la situación es que frente a la problemática descrita, fue radicado un proyecto de ley que busca “poner en cintura” el funcionamiento de los peajes en el país, el cual fue presentado por el Representante a la Cámara, Fabián Díaz. En concreto, los puntos fuertes y destacables de este proyecto, son los siguientes: 1. A la hora de estructurar las tarifas de los peajes, deberá garantizarse una tarifa diferencial para los pobladores de la zona donde se encuentre el peaje, tarifa que deberá tomar en cuenta la condición socioeconómica y nivel de ingresos de los pobladores; 2. A los vehículos que trasporten productos agropecuarios que hayan sido producidos en el país, deberá otorgárseles una tarifa especial, e incluso la exoneración del pago; 3. No se podrá incrementar las tarifas con ocasión de eventos que dañen o afecten la infraestructura vial ubicada dentro de la concesión; y 4. No podrá haber menos de 150 kilómetros lineales entre un peaje y otro.
Para finalizar, me gustaría manifestar que, en mi sentir, este tipo de iniciativas legislativas son importantes, de cara al proceso de reactivación económica al que debemos apostarle en los siguientes años.